A través de una resolución firmada por el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, que asumió de forma interina el cargo del fallecido Ministro de Transporte Mario Meoni, se formalizó la prórroga por 90 días de la extensión del contrato de concesión de la hidrovía de la sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y la argentina Emepa, que entró en vigencia este jueves, al publicarse en el Boletín Oficial la resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte.
La continuidad en la prestación implicará, al menos en los próximos 90 días, el sostenimiento del contrato de concesión de obra pública por peaje. Eso significa que el concesionario privado realiza los servicios encomendados por el Estado y a cambio les cobra directamente a los barcos transportistas de carga que navegan por las vías fluviales.
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En el año 1995, bajo el Gobierno de Carlos Menem, le otorgaron la concesión del dragado del río Paraná entre Santa Fe y el Océano Atlántico a la empresa Hidrovía S.A. Para tomar dimensión del negocio millonario que implica, durante el año 2020 por las cinco Aduanas de Santa Fe pasaron 21 mil millones de dólares, mientras que en paralelo hay 212 mil personas empobrecidas en el Gran Santa Fe y 506 mil en el Gran Rosario. Por esta vía salen del país el 80% de los granos y sus derivados y la totalidad de los autos que se producen en el país: una ruta que concentra unos US$70.000 millones por año.
Mientras tanto se evaluarán distintas propuestas. En agosto del 2020 el Gobierno Nacional en conjunto con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe firmó un Acuerdo Federal para constituir una empresa del Estado para gestionar la HPP (Hidrovía Paraná – Paraguay). Pero, así como con la expropiación de Vicentin, Fernández retrocedió de esta iniciativa con un Decreto presidencial (949/20) en noviembre pasado, dónde se decidió por renovar en manos privadas la licitación de la HPP, recibiendo numerosas críticas en relación a la pérdida de soberanía que esto implica.
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Con la nueva licitación del control de la ruta que conecta con Brasil, Paraguay y Uruguay se ve que el Gobierno cuida los negocios de empresarios que, como salió a la luz con el caso Vicentín, no solo mueve miles de millones de dólares en manos de un reducido grupo de multinacionales, sino que es una de las vías por donde se realizan todo tipo de contrabandos, tráficos, triangulaciones y estafas al fisco. Lo que se dice un verdadero monopolio privado del comercio exterior.
Por esa cuenca circulan las riquezas que manejan los Vicentin, Cargill, Cofco Dreyfus y Bunge. Estas empresas ya manejan sus propios puertos, lo que buscan ahora, y les estaría servido con este decreto, es facilitar su ingreso y egreso vía el puerto de Montevideo, Uruguay.
Los ganadores de siempre
Los grandes ganadores serían los mismos que vienen atacando el nivel adquisitivo de las y los trabajadores y sectores populares en Argentina: agronegocios, exportadoras, las bolsas de comercio, las cámaras portuarias y las empresas que apuestan a las concesiones de las obras.
El gobierno de Fernández no solo parece estar bien dispuesto a retroceder cada vez que algunos de estos grandes ganadores amenazan con ofenderse, también parece dispuesto a seguir con la entrega de los recursos nacionales en su favor. Sustraer el manejo del comercio exterior de los caprichos de estos conglomerados capitalistas es una medida elemental de autodefensa nacional ante los vaivenes económicos globales y la rapacidad imperialista.
El monopolio estatal del comercio exterior, unido al establecimiento de la propiedad pública de resortes productivos fundamentales que hoy están en manos de empresas imperialistas o grandes grupos nacionales para que sean gestionados por los trabajadores que diariamente los ponen en funcionamiento, permitirá definir cuáles son las prioridades del intercambio comercial, qué importaciones se puede y conviene apostar a sustituir por producción local, y en qué casos esto resulta menos viable, al menos en lo inmediato.
Se podrían asegurar los recursos para incrementar la capacidad de crear riqueza, para destinarse a mejorar o desarrollar las infraestructuras fundamentales, a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, a la modernización de los transportes, y a garantizar el acceso a la cultura y el esparcimiento. | 
