Hoy se cumplen cuatro meses del lanzamiento de la campaña de vacunación. En plena segunda ola y al borde del colapso sanitario, el Estado sólo logró inmunizar (dos dosis) a 908.441 personas. Mientras, hay laboratorios argentinos que producen la vacuna por millones.
Según datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Monitor Público de Vacunación, desde el 29 de diciembre (fecha en la que se lanzó oficialmente el plan de vacunación contra el covid-19 en todo el país) se vacunó de forma completa (es decir con las dos dosis) a 908.441 personas. En tanto que el número de personas que ya tienen al menos una de las dosis aplicadas asciende a 7.715.006.
Con estos datos oficiales, se concluye que en cuatro meses de vacunación el Estado inoculó sólo al 2 % de la población total del país. Si bien en el último mes el proceso se aceleró un poco respecto a los tres primeros meses de campaña, estos números distan muchísimo de las promesas oficiales de fines del año pasado y contrastan con el discurso triunfalista del Gobierno, que afirma que la campaña de vacunación es todo un “éxito” y viaja viento en popa.
En noviembre de 2020 el propio Alberto Fernández había anunciado que entre enero y marzo serían vacunadas 13 millones de personas. Cosa que no solo no sucedió sino que puso en evidencia la extrema dependencia del Estado argentino respecto a los intereses de los laboratorios multinacionales y de los Estados imperialistas, que protagonizan desde hace tiempo una verdadera guerra por las vacunas contra el coronavirus.
Frente a la puja internacional por la apropiación de las vacunas, no hay que soslayar que en Argentina hace meses se vienen produciendo millones de vacunas contra el covid-19. Tanto el laboratorio mAbxience de Hugo Sigman como el Richmond de Marcelo Figueiras, vienen produciendo la vacuna al servicio de los multinacionales AstraZeneca (con sede en el Reino Unido) y Gamaleya (Sputnik V, con sede en la Federación Rusa). Sin embargo ni una sola de esas millones de dosis han ido a para, hasta ahora, a un solo hombro de habitantes de Argentina. Esa irracionalidad capitalista, además de absurda es criminal.
Como explica Celeste Vázquez en otro artículo de La Izquierda Diario, la responsabilidad de que esto suceda, tanto nacional como mundialmente, “es de un puñado de monopolios farmacéuticos -que hoy son los dueños de las vacunas existentes- y de los Estados imperialistas que tienen la política activa de que esa producción quede en manos privadas y en sus países”.
Los grandes magnates que lucran con la salud de la población tienen a su favor el perverso régimen de patentes y de “propiedad intelectual de medicamentos” de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que les permite detentar la exclusividad de la producción y venta de las vacunas. Y encima, en la gran mayoría de los casos, reciben fondos públicos, tecnología y personal científico formado por el Estado para reproducir sus negocios privados.
Muy distinta sería esta realidad si las patentes de las vacunas (como de muchos otros medicamentos esenciales para la pandemia) estuvieran liberadas. En ese caso, por ejemplo, Argentina podría aprovechar su capacidad instalada para fabricar de a muchos más millones las dosis necesarias para inocular a la población en el menor tiempo posible.
El planteo de la liberación de las patentes hoy por hoy sólo lo viene expresando, a nivel político, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que exige también que el laboratorio mAbxience sea declarado de utilidad pública y se suspendan las exportaciones del principio activo que produce en cantidades industriales.
La intervención estatal de los laboratorios, bajo el control de sus trabajadores, podría garantizar una planificación de la producción y distribución no sólo de las vacunas, sino también de test y otros elementos necesarios para combatir esta pandemia.
