Con esta declaración el Parlamento europeo se mantiene en la misma posición que sostuvo durante los acontecimientos de noviembre del 2019: avalando el golpe de Estado y las posteriores violaciones a los DD.HH y crímenes de lesa humanidad perpetrados mediante técnicas de terrorismo de Estado.
Esta nueva declaración reafirma el informe de la OEA del 2019, como base de su fundamentación para negar la existencia de un golpe de Estado y, en consecuencia, pedir la libertad de Áñez y de los pocos golpistas detenidos, a los que califican de “presos politicos”.
En su extenso texto, la Unión Europea (UE) presenta a los más de 35 asesinados con el golpe de Estado -en Ovejuyo el mismo 10 de noviembre, en Sacaba el 15 de noviembre y en Senkata el 19 de noviembre del 2019- como si los mismos se hubieran producido antes de la renuncia de Morales, induciendo a confusión para garantizar la impunidad de las decenas de militares, policías y civiles que ejecutaron las violaciones a DD.HH y que la prensa, las iglesias y los cívicos contribuyeron a embellecer y proterger.
La declaración de la UE se constituye en una verdadera amenaza no solo al Gobierno de Arce sino fundamentalmente a las y los trabajadores y el pueblo, que como adelantó el europarlamentario Hermann Tertsch, del partido ultra derechista VOX, “Si el gobierno de Arce no hace caso a la recomendación del Parlamento Europeo, compartirá su destino con el régimen venezolano”. Adelantando con esta declaración que el próximo paso podría traducirse en sanciones al igual que con el régimen de Maduro. De esta manera buscan ejercer presión para facilitar un camino de negociación entre el MAS y la derecha golpista, explicitando sus llamados a la reconciliación y al “restablecimiento del estado de derecho” como califican a la impunidad.
Frente a esta situación es urgente organizar el más amplio repudio a la injerencia imperialista, anti obrera y antipopular de la UE, así como el respaldo que la misma está recibiendo de la reaccionaria Iglesia Católica, los gobiernos de Piñera y Bolsonaro y diversos organismos internacionales.
No se puede olvidar que quienes emiten esta declaración en nombre de los DD.HH, son los mismos que vienen concentrando a cientos de miles de inmigrantes en campos de concentración en Canarias, Francia, Grecia y otros países. Son los mismos que vienen alentando legislaciones racistas y homofóbicas, así como desplegando ataques cada vez más brutales no solo contra la economía popular sino contra las libertades democráticas del derecho a la protesta como en Francia o Italia, desplegando una escandalosa hipocrecía “humanitaria” para afirmar los intereses de los grandes grupos económicos europeos y de las derechas conservadoras y reaccionarias que están a su servicio. Son los mismos que guardan un silencio atronador ante los campos de concentración a niños, niñas y familias migrantes en EE.UU, los que guardan prudente silencio ante los sistemáticos asesinatos de miembros de las comunidades negras, latinas o asiáticas a manos de la misma policía estadounidense, o como en Brasil, que apoyan a un Gobierno que ha tenido un manejo criminal de la pandemia y que hoy tiene a este país sumergido en una gran catástrofe sanitaria.
¿Cuál es la responsabilidad del MAS en esta situación?
Ante esta situación, la cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia afirmó respetar la posición del parlamento europeo, pero recordó que Bolivia es una Estado soberano y que por tal razón rechaza la injerencia externa, de la misma manera se pronunció Evo Morales y algunos parlamentarios del MAS.
El rechazo a las presiones externas para avanzar más aceleradamente en una reconciliación con los golpistas, sin embargo, lejos de un posicionamiento soberano, es el resultado de la fuerte presión que tienen, por debajo, de amplios sectores populares, empezando por las víctimas directas del golpe, que exigen justicia por todo lo sucedido durante el golpe y con el posterior Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Si hay que hacer alguna crítica al MAS, no es precisamente aquella que denuncia la UE, sino precisamente lo contrario. El MAS no solo que legalizó el golpe de Estado, utilizando como moneda de cambio la sangre derramada en las masacres y las movilizaciones espontáneas que resistieron al golpe para negociar -con sus 2/3 en el Parlamento- con los golpistas lo que llamaron como “paz social” y que derivó en la ley de convocatoria, del 17 de noviembre del 2019, a elecciones. Fueron estas tratativas, entre el bloque golpista y el MAS a la cabeza de Eva Copa, en coordinación con Evo Morales desde el exilillo, lo que le dio un barniz de legalidad al golpe. Dos días luego de su acuerdo de "paz social" se produciría la masacre de Senkata.
Sin embargo, el rol pactista y conciliador del MAS –inherente en su origen mismo como proyecto que expresó un frente popular de base campesina-, también cumplió un rol nefasto cuando traicionó la gran movilización antigolpista de agosto del 2020 alentando la desmovilización que ya no solo ponía un alto al prorroguismo de Áñez sino que exigía su renuncia. Así los parlamentarios del MAS, también en coordinación con Evo Morales y Luis Arce, pactaron con Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, la que sería la fecha definitiva para las elecciones general del 18 de Octubre de ese año.
Hoy a 6 meses del nuevo Gobierno del MAS, la fiscalía continúa rechazando las denuncias por torturas y crímenes de lesa humanidad, mientras los abogados de las víctimas de noviembre, dirigidos por Wilfredo Chaves, hoy Procurador General del Estado, han impedido que los procesos por torturas avancen.
Incluso, el posicionamiento sostenido por cancillería frente al golpe de Myanmar, se ha reducido a sostener la política China de rechazar la condena al mismo debido a los intereses de capitales chinos en la ex Birmania. La posición boliviana, que convierte al país en un mero peón del tablero geopolítico, evidencia lo versátiles que son las concepciones democráticas del MAS, condenando el golpismo acá y avalándolo más allá.
Los trabajadores y trabajadoras, del campo y la ciudad, las comunidades campesinas, pueblos originarios, movimiento de mujeres y de las diversidades y disidencias sexuales deben rechazar la injerencia y las amenazas imperialistas europeas, redoblando la movilización por justicia a todas las víctimas del golpe de Estado, las masacres, las torturas y las cientos de detenciones ilegales.
Debemos impulsar la más amplia movilización exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables civiles, policiales y militares que llevaron adelante estas acciones anti obreras y antipopulares, rechazando los intentos de conciliación y negociación que se han puesto en marcha desde la derecha y también desde el MAS. |
