18 mil niñas y niños migrantes detenidos en los Estados Unidos de América, durante febrero. 170 mil centroamericanos y mexicanos apresados por la patrulla fronteriza en el mes de marzo. Detrás de los datos, hay miles de historias, marcadas por el racismo, la xenofobia y los atropellos de los distintos gobiernos.
Una imagen tomada en las calles de Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza con Guatemala. Dos niños hondureños, uno apenas más alto que el otro, que caminan tomados de la mano, junto a otros migrantes. Posiblemente hermanos, llevando lo puesto y apenas un poco más, les resta andar miles de kilómetros hasta llegar al llamado “sueño americano”.
Se trata de una imagen que, con otros protagonistas, se repite en el norte, en los campamentos migrantes instalados entre las grandes empresas trasnacionales y los pasos fronterizos, bajo el sol y los vientos del desierto.
La foto que acompaña este artículo dice todo del futuro que les depara el cruce. Centros de detención que son verdaderas cárceles infantiles. Persecución, racismo y deportación; el verdadero rostro de la democracia americana.
El “demócrata” Biden: continuidad en las políticas antimigrantes
En los primeros meses de este 2021 se configuró el inicio de una nueva crisis migratoria. Las detenciones perpetradas en marzo son la cifra más alta desde 2001. Una tercera parte de los migrantes son mexicanos, el resto proviene del istmo centroamericano, en particular de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Ante el aumento exponencial de niñas y niños migrantes no acompañados, la propia directora de UNICEF, Henrietta Fore, tuvo que reconocer que “estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta dos meses, solos, agotados y con miedo. A cada paso corren el riesgo de ser víctimas de la violencia y la explotación, del reclutamiento por parte de las bandas y de la trata, que se ha triplicado en los últimos 15 años”. [1]
En esto, es evidente la responsabilidad de los gobiernos de aquellos países que cruzan en su recorrido. Atravesar caminos, fronteras, campos, ciudades y el mismo desierto es una de las travesías más peligrosas que puedan imaginarse en una zona que no registra una guerra convencional. En el caso de México, cabe mencionar que, según la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), hay 2 mil migrantes desaparecidos; recientemente, 19 migrantes fueron asesinados en Camargo, Tamaulipas, en tanto que Victoria Salazar –migrante refugiada salvadoreña– fue muerta por la policía en Tulum, Quintana Roo. Violencias del Estado y del narcotráfico, explotación y reclutamiento para las pandillas y los cárteles y, también, el peligro de violaciones y de la trata, que pende especialmente sobre las mujeres y los niños. A esto, se suma la situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión que enfrentan ante la pandemia, sin acceso a la salud en los países que transitan.
En los años previos, cada crisis migratoria encontró como respuesta un fortalecimiento de los mecanismos de contención por parte de Estados Unidos, con la complicidad de los gobiernos mexicano y centroamericanos.
En 2014, durante el gobierno de Barack Obama –bautizado como el “gran deportador” por las organizaciones pro-migrantes– la respuesta al alza de migrantes fue la creación del Programa Frontera Sur en México, y un mayor accionar represivo del Instituto Nacional de Migración (INM).
A fines de 2018 y los primeros meses de 2019, una nueva afluencia migratoria despertó las amenazas de Donald Trump. López Obrador, recién llegado a la presidencia, no dudó en cumplirle. Desplegó 20 mil efectivos de la Guardia Nacional, cuyo debut fue contener la llegada de migrantes al Río Bravo.
Cuando asumió, Joe Biden prometió una campaña de regularización para los sin papeles, y la reactivación de la protección a los llamados dreamers. Esto generó lo que se denominó un “efecto llamada”, despertando amplias ilusiones en cientos de miles de centroamericanos y mexicanos que emprendieron el viaje.
Sin embargo, como plantea Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, “Es falso decir que las fronteras están abiertas .... En los últimos tres meses, cerca del 70% de la gente que entró fue expulsada rápidamente gracias a una norma implementada el año pasado por Trump en la pandemia y que Biden ha mantenido. A menos familias se les está permitiendo quedarse en 2021 que en 2019 con la Administración de Trump”. [2]
Efectivamente, aunque dejó de lado la retórica agresiva de Trump, se trata del signo real de la política migratoria de la actual administración demócrata. Para agilizar las deportaciones, Biden utiliza el Título 42, la norma mencionada antes, con la que los republicanos expulsaron sumariamente a medio millón de migrantes indocumentados y suspendieron, en los hechos, el derecho de asilo.
Según el periodista Jeremy Scahill, de The Intercept, al Título 42 “recurrió la administración Trump, en particular el principal asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller, al comienzo de la pandemia, para lograr su objetivo de larga data de vincular a los migrantes con las enfermedades como un medio. a una especie de asilo cerrado en la frontera, que había sido uno de sus principales objetivos.” [3] La utilización de esta norma racista por parte de la administración Biden, implicó que muchos sean deportados a altas horas de la noche, arrojados sin ninguna protección en las ciudades mexicanas u otros puntos remotos de la extensa frontera, con alto riesgo para sus vidas.
Además, Biden ha renegado de varias de sus promesas de campaña. Por ejemplo, funcionarios de la Casa Blanca aceptaron que se completarán algunas secciones del muro fronterizo a la par que se trabajará sobre “inversiones en seguridad inteligente” para contener la migración, lo cual reafirma el sentido y la continuidad de las políticas antimigrantes que, con distinta retórica, pero contenido similar, implementaron desde presidentes demócratas como Bill Clinton y Obama, hasta Donald Trump.
Esta afluencia masiva de migrantes abrió tensiones políticas y una crisis para el gobierno estadounidense, en lo que es un punto clave en su agenda, en sus primeros 100 días de gobierno. Para intentar manejarla, Biden puso al frente de la negociación con los gobiernos de la región a la vicepresidenta Kamala Harris, en tanto que la exembajadora Roberta Jacobson renunció a su puesto de coordinadora para la Frontera Sur. Harris sostuvo reuniones con los presidentes de México y Guatemala, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Giamattei, respectivamente, las cuales repetirá en las próximas semanas.
La oposición republicana aprovechó la situación para criticar a Biden, haciéndolo responsable del desborde migratorio. Declaraciones de funcionarios demócratas fueron retomadas por los republicanos, como es el caso de los dichos de Bruno Lozano, alcalde de Del Río (Texas), quien le dijo a la Casa Blanca que “No tenemos los recursos para acomodar a estos migrantes en nuestra comunidad”. [4]
Mientras tanto, los planes migratorios de Biden, aprobados gracias a la mayoría demócrata por la Cámara de Representantes, se enfrentan a un Senado donde no cuenta aún con los votos necesarios. Los republicanos como Lindsey Graham, han dicho que no apoyarán la reforma “hasta que esté bajo control la frontera con México”.
A la par, el presidente debe jugar también con el ala “izquierda” de su partido. El anuncio inicial de que podría mantenerse el límite al número de refugiados impuesto por Trump, despertó críticas en el llamado squad (escuadrón) liderado por Alexandra Ocasio-Cortez. Este sector de los demócratas debe responder a su propia base social progresista, entre la cual crecieron los reclamos con el mencionado anuncio. Sin embargo, la misma Ocasio-Cortez no dudó en afirmar que “lo que está sucediendo aquí no es lo mismo que sucedió durante la administración Trump”, embelleciendo las políticas antimigrantes de su propio partido imperialista y obviando que siguen utilizándose normas ignominiosas como el Título 42.
La importancia que tiene la situación migratoria para Biden responde a distintas consideraciones. En primer lugar, se trata de un punto crucial de su agenda, en la medida que cruza transversalmente la relación con México, con el que comparte 3 000 kilómetros de una porosa frontera, un tratado comercial que le da forma al cotidiano intercambio productivo y comercial, y una de las cadenas de valor más importantes de la economía mundial capitalista que atraviesa el Río Bravo y conecta a la industria maquiladora y de exportación mexicana con las transnacionales estadounidenses. Así también respecto a Centroamérica, que considera su “patio trasero” en todos los terrenos y zona de influencia inmediata para la Casa Blanca.
Para Washington es prioritario controlar la crisis migratoria, aceitando la relación con México y los gobiernos del istmo centroamericano. Esto, como un paso necesario para fortalecer su peso sobre Latinoamérica y apuntalar una hegemonía que busca afianzar, en un contexto signado por las disputas económicas y geopolíticas con otras potencias, como China, y por la crisis económica y sanitaria internacional.
Responder a esta situación tiene también su importancia doméstica. Los migrantes son parte muy importante de la fuerza laboral estadounidense, y se trata –en particular la migración caribeña, mexicana y centroamericana– de una minoría cuyo peso demográfico va en ascenso. Por ende, es una porción nada despreciable de la base electoral demócrata. La situación que enfrentan los migrantes es, además, un punto sensible para muchos votantes blancos progresistas, jóvenes y trabajadores, que integran la base demócrata y en particular del squad.
Por último, porque, en el ambiente político polarizado estadounidense, los republicanos están utilizando la cuestión migrante como un ariete para golpear y afectar la popularidad del gobierno Biden en este primer tramo de gobierno, respondiendo a su propia base social y electoral que fue cautivada por el discurso antimigrante de Trump; sin embargo, la migración tiene bases profundas y estructurales en la dominación imperialista sobre los países de la zona, en tanto que los distintos gobiernos de América del Norte y Central no pueden ofrecer más que lo esencial de las mismas políticas contra los migrantes.
La opresión imperialista, motor de la migración en la región
En los últimos años, miles de migrantes centroamericanos se coordinaron y organizaron en varias caravanas, con la intención de visibilizar su situación y enfrentar en mejores condiciones los peligros que encierra la travesía. Hace pocos meses, miles de migrantes hondureños fueron rechazados por el gobierno mexicano y reprimidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala. Antes, durante y después de las caravanas, la migración centroamericana y mexicana continua por múltiples sendas y caminos.
La persistencia en emprender esta travesía es la consecuencia de los planes imperialistas sobre México y Centroamérica y tiene sus causas estructurales en la condición de dependencia económica y política respecto a Estados Unidos. En las últimas décadas, la penetración de las transnacionales en la economía de estos países, la aplicación de las reformas estructurales mandatadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, posibilitado por la subordinación de los distintos gobiernos a la Casa Blanca tuvieron serios resultados. En particular, un pasmoso incremento de la miseria, la precarización laboral, el desempleo, el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza, que afecta por ejemplo a un 54 % y 70 % de los niños en México y el istmo, respectivamente. Aunado a lo anterior, el saqueo de los recursos naturales y la falta de acceso, por ejemplo, al agua, en beneficio de las grandes empresas.
El último año, esto se vio agravado en el contexto de la pandemia y la crisis económica. En el 2020, el Producto Interno Bruto de México se retrajo un 8,5 %. Para Honduras y El Salvador la caída fue del 9 % y el 8 %. Como en el resto de América Latina, la recuperación para este 2021 no alcanzará a superar a la abrupta caída. Además, los efectos de los recientes huracanes Iota y Eta, que golpearon particularmente en Honduras, han sido devastadores. A eso se suman los efectos del cambio climático y la expoliación de los recursos hídricos, que provocan sequías que afectan duramente al sector agrario, donde trabajan millones de personas. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, en estos momentos 10 millones de personas en los países del llamado Triángulo Norte, requieren asistencia humanitaria para sobrevivir. Eso es alrededor de un 25 % de la población total, y el doble respecto a inicios de 2020. Las mujeres, los niños y los jóvenes son quienes sufren más crudamente la situación de pobreza y opresión.
Otro de los efectos de la dominación imperialista es la militarización y la llamada guerra contra el narcotráfico, alimentada también por el tráfico de armas proveniente de EE. UU. Su secuela son cientos de miles de muertos, desaparecidos, y poblaciones enteras desplazadas. Esto es responsabilidad directa de la Casa Blanca, que impuso desde hace décadas el llamado Consenso de Washington y una política injerencista. Ése es el panorama que expulsa y empuja a cientos de miles de personas a migrar, quienes se enfrentan al muro que constituyen las fuerzas represivas y las agencias migratorias de Estados Unidos, México y los propios países del istmo.
El “progresismo” mexicano, soporte de las políticas antimigrantes
El desempeño del gobierno de México es fundamental para la administración estadounidense. A partir de la primera reunión que sostuvieron López Obrador y Biden, fueron enviadas 2,7 millones de vacunas por parte de la Casa Blanca, y se reforzó la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras. Aunque distintos medios de comunicación, incluyendo el New York Times, aseguraron la existencia de un acuerdo, el canciller Marcelo Ebrard intentó presentarlo como dos temas sin conexión entre sí.
El hecho es que el gobierno estadounidense consiguió un incremento de la militarización en aquellos países latinoamericanos directamente involucrados en los circuitos de la migración. En el caso mexicano, se destinaron 10 mil efectivos para el control migratorio, y una cifra similar en cada uno de los países del Triángulo Norte.
Aunque López Obrador sostiene una retórica progresista y afirma su preocupación por los migrantes, actúa como contención de miles de centroamericanos mediante la Guardia Nacional, y acepta las regulaciones migratorias del vecino del norte. Se evidencia la subordinación en torno a una cuestión que como dijimos es esencial para la administración estadounidense. Esto no puede ser opacado por aquellos aspectos de la agenda en lo cual hay desacuerdos –como la reforma energética–, los cuales por cierto han manejado por canales diplomáticos bastante herméticos.
Esta subordinación implica –según denunció el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano– que los migrantes centroamericanos detenidos por el Instituto Nacional de Migración enfrentan maltrato, hacinamiento, falta de protocolos sanitarios y de alimentación adecuada. Y, además, deportaciones fast track que obstaculizan el derecho de asilo por parte de la migra mexicana. [5]
El presidente mexicano ha instado a la Casa Blanca a concretar el plan de “ayuda” a los países centroamericanos, 4 mil millones de dólares a distribuir durante cuatro años. Esta iniciativa estadounidense está condicionada al compromiso de combate a la “corrupción” por parte de los gobiernos del istmo. Hay que considerar además que estos, mientras tienen una alineación histórica a Washington, guardan importantes vínculos con el narcotráfico; ejemplo de eso es el caso del hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de drogas.
Recientemente, López Obrador presentó, en la Cumbre Climática convocada por Biden, una propuesta para extender su programa social “Sembrando Vida”, vigente en México, hacia Centroamérica. Inicialmente rechazado por el presidente de EE. UU., dicho programa otorga un ingreso mínimo (250 dólares mensuales) a los campesinos mexicanos, a cambio de sembrar y cuidar árboles en sus parcelas. Para Centroamérica, esto se complementaría con permisos temporales para trabajar en Estados Unidos durante seis meses.
AMLO afirmó que esta propuesta busca controlar el flujo migratorio en la región. Pero la realidad es que se trata de un paliativo, basado en una remuneración mínima, que no podrá resolver las condiciones estructurales que enfrentan los países centroamericanos y que motorizan la migración. Las visas temporales prometidas no incluirían derechos elementales para los migrantes. López Obrador mantiene su ilusión en convencer a su homólogo estadounidense con una propuesta que le proporcionará mano de obra precarizada y por temporada, lo cual es ideal para el trabajo estacional que requiere el agro estadounidense.
Detrás de las fronteras, la clase obrera migrante
Para quienes enfrentan la persecución y logran sortear la patrulla fronteriza, lo que viene es un trabajo altamente precarizado, con condiciones salariales y laborales claramente desfavorables. Es evidente el maridaje existente entre la situación de ilegalidad migratoria y el aprovechamiento que la clase capitalista hace de ello para bajar el costo de la fuerza de trabajo.
Los migrantes provenientes de América Latina y el Caribe, tanto los indocumentados como aquellos que alcanzaron algún tipo de legalización, son parte fundamental -junto a sus hermanos de clase afroamericanos-, de los trabajadores esenciales.
Para el Center for Migration Studies, un 69 % de los migrantes regularizados y un 74 % de los indocumentados, trabajan en los sectores esenciales, totalizando 20 millones de personas ocupadas en la salud, la agricultura, el envasado de carne y procesamiento de aves de corral, la construcción, los servicios de limpieza, la gastronomía y el comercio.
Según este mismo estudio, “Los nacidos en el extranjero (lo cual incluye el conjunto de la migración, no sólo latina) comprenden el 33 por ciento de los trabajadores de la salud en el estado de Nueva York, el 32 por ciento en California, el 31 por ciento en Nueva Jersey, el 28 por ciento en Florida, el 25 por ciento en Nevada y Maryland, el 24 por ciento en Hawaii, el 23 por ciento en Massachusetts, y 19 por ciento en Texas.” [6]
Durante la pandemia, millones de trabajadores “brown” y “black” no gozaron de la posibilidad de hacer trabajo a distancia, y tuvieron una gran exposición al Covid. Por eso, entre los latinos y los afroamericanos fue más alta la tasa de contagios y de fallecimientos; “al 25 de agosto de 2020, se informó que 37,500 trabajadores en 416 plantas empacadoras de carne en 40 estados habían dado positivo por COVID-19, y “al menos” 170 trabajadores habían muerto. Es casi seguro que estas cifras subestiman el número de trabajadores de plantas de envasado de carne que han contraído COVID-19 y que han muerto por complicaciones relacionadas”. [7]
Si antes de la pandemia la mayoría de los migrantes no tenían acceso a vivienda digna, servicios elementales o seguridad social, durante la misma no resultaron elegibles para la ayuda federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES act), mostrándose que, para el gobierno y los empresarios, aunque sean esenciales, son desechables.
Un ejemplo de esto son los trabajadores del sector agrícola, donde laboran cientos de miles de migrantes centroamericanos y mexicanos, en condiciones de precariedad que los pusieron en alta vulnerabilidad durante la pandemia. Alrededor de medio millón se contagiaron de Covid y unos 9 mil fallecieron. Estados como Arizona y Florida se resistieron a declararlos como esenciales.
Recientemente, el gobierno de Biden anunció que aprobará 22 mil nuevas visas H2-B para trabajo estacional, una cantidad que se suma a las 66 mil establecidas como límite anual, orientadas hacia la hotelería, la construcción, el procesamiento de carne, entre otros sectores. Este anuncio, lejos de suponer un cambio en sus políticas, responde al descenso notorio de las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos, como resultado de la recuperación limitada de la economía después de la caída del 2020. En ese contexto, las empresas estadounidenses requieren de mano de obra migrante temporal, en condiciones de precariedad y con bajos salarios.
Unidad de la clase obrera multiétnica, solidaridad más allá de las fronteras
El carácter esencial de los trabajadores migrantes, así como el racismo, xenofobia y violencia estatal que enfrentan, plantea condiciones similares a las que enfrentan sus hermanos de clase afroamericanos. Ésa es una de las causas que motivó su participación en distintos movimientos de protesta laboral y que muchos latinos se sumaran a las movilizaciones en repudio al asesinato de George Floyd. “Tu lucha es mi lucha” se leía en pancartas en español. Miles de jóvenes latinos participaron de las movilizaciones en Nueva York y otras ciudades. Una imagen de las protestas en Phoenix mostraba la demanda “Defund Police”, enfatizando en rojo las letras ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en inglés). En el corazón del imperio, la clase obrera multirracial debe partir de esto, asumiendo un rol hegemónico, unificando las banderas de la lucha contra la explotación, la opresión y la xenofobia.
El drama que enfrentan cientos de miles de migrantes todos los días no sólo echa luz sobre el carácter profundamente xenófobo y racista del Estado estadounidense, que a la par utiliza a los trabajadores latinos y afroamericanos para acrecentar las ganancias de las transnacionales. Evidencia también el rol de los gobiernos mexicano y centroamericanos, que en su accionar muestran la dependencia económica, política y la subordinación estructural al vecino imperialista.
El rol de guardián fronterizo asumido por los sucesivos gobiernos de México, de acuerdo a las necesidades de la Casa Blanca, no puede disociarse de la integración económica desplegada durante el neoliberalismo, la cual moldeó al país como una plataforma de exportación de acuerdo a las necesidades de sus transnacionales. Tampoco puede separarse de la profunda descomposición social, acicateada por la llamada guerra contra el narcotráfico y la militarización e impuesta por Washington.
Se articula, así, la lucha contra la opresión imperialista y por los derechos de los migrantes con el combate de la clase obrera de la región contra sus verdugos.
La poderosa clase obrera multiétnica estadounidense –que integran, por ejemplo, los maestros, los trabajadores de Amazon, de la salud y los jóvenes, protagonistas todos de protestas durante la pandemia tanto por cuestiones laborales, como de repudio a la violencia racial–, tiene sus aliados en la clase trabajadora mexicana y centroamericana. Una demanda crucial que debe unificarlas más allá de las fronteras y los muros fronterizos es la defensa de los migrantes, el libre tránsito y plenos derechos para todas y todos.
A ambos lados de las fronteras, saltando las alambradas y los muros fronterizos construidos por demócratas y republicanos y enfrentando a los gobiernos sirvientes, los socialistas revolucionarios de Estados Unidos, México y Centroamérica planteamos la necesidad de una perspectiva antiimperialista e internacionalista, encabezada por la clase obrera junto a sus aliados del campo y la ciudad.
