Quitemos todas las frases hechas, las promesas fáciles y los eslóganes de campaña (porque todos dirían que van a aumentar el gasto en educación), y veamos qué nos queda y qué esperanzas nos cabe tener para la educación en Madrid.
La derecha: privatización y caspa
Desde 1995 que Leguina perdiera las elecciones, la Comunidad de Madrid ha estado en manos del Partido Popular. A partir de aquí, la política educativa de la región ha sido una concesión constate al sector privado, ya fuera con subvenciones, cesiones o favoritismos.
Fue especialmente en la década que estuvo Aguirre al frente de la Comunidad que los centros públicos sufrieron los mayores recortes, fueron obligados a competir por los recursos; las condiciones laborales de los docentes cayeron en picado y los distintos servicios de los centros (comedor, guardería, etc.) terminaron en manos de empresas privadas. Con la excusa de la libertad de los padres a escoger el centro, se segregaban los alumnos en los barrios, y legitimaban la financiación de la concertada-privada mientras la pública luchaba en las calles y en los centros por no ahogarse y sostener la calidad de un derecho básico.
Ayuso es digna heredera de Aguirre. En mitad de una pandemia mundial, cuando más falta hacía la contratación de un ejército de profesores, una inversión en infraestructura y medios para proteger a alumnos y trabajadores del COVID y permitir una educación segura y de calidad, su respuesta fue aprovechar el terremoto mediático y recortar más en educación.
Lejos de hacer un plan de choque, el plan de Ayuso es aumentar las ratios hasta el punto pre-pandemia y eliminar los grupos burbuja en los centros educativos. CCOO ya ha denunciado la clara intención que tiene la (por ahora) presidenta de recortar en educación para el próximo curso, reduciendo aulas y docentes. La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación, la que más cuesta por familia y la segunda que más alumnos están en la concertada-privada.
De igual manera, los principios educativos liberales del PP se hacen patentes en el programa de Ayuso. Se incide en la consigna modelo liberal propio de la derecha (libertad para escoger el centro) para seguir segregando al alumnado, derivando el más competente y pudiente al sector privado, haciendo de los centros públicos guetos para los hijos de la clase obrera, los inmigrantes y jóvenes con riesgo de exclusión.
Esta estrecha vinculación entre el gobierno de derechas y las empresas se ve de forma más patente si cabe en su propuesta de modelo Dual, que propone un programa educativo coordinado entre los centros y las empresas, de modo que el mundo laboral “guíe” la educación, haciendo esta útil y competente. Sumado a lo dicho antes, es una buena forma de fomentar el elitismo, introducir a las empresas en los órganos de gobierno de las instituciones públicas (algo a lo que tristemente nos tienen acostumbrados) y de reforzar un modelo neoliberal en el que la educación pública se convierte en un curso de formación gratuito de obreros para las empresas, eliminando asignaturas y dando sólo oportunidad a las clases medias y pudientes.
Una medida digna de resaltar es su intención de reducir el poder de los trabajadores de los centros limitando sus competencias administrativas y organizativas, reduciéndolos cada vez más a simples docentes. Esta medida, en última instancia, supone reforzar el poder de la administración y la Comunidad por encima de los órganos de gobierno del centro, fortaleciendo el poder de las autoridades educativas (como los inspectores). Los puestos terminarían siendo definidos desde el gobierno autonómico, así como los programas y los baremos para juzgar la enseñanza en los centros (con las consecuencias políticas e ideológicas que esto puede tener).
De hecho, esto último es lo único que contiene el programa educativo de Vox, el cual sólo incide descaradamente en lo que el PP oculta con un poco de retórica y medidas más económicas. El programa de Vox se limita a reivindicar el control parental como límite para la educación pública y cómo principio para la segregación.
Los ciclos marcados con exámenes, que actúan como cortafuegos, que proponen conducen a mayor fracaso escolar, lo cual privilegia necesariamente a aquellos que tienen mayores capacidades y sustento económico para pagar la concertada y privada. Pretenden crear un sistema “exigente” de becas, no para los alumnos más necesitados y que pretendan alcanzar títulos superiores, sino para los más capacitados.
Más allá de esto, la “libertad” para ello es una forma de egolatría nacional que sólo contiene anacronismos racistas e imperialistas. El imaginario cultural de Vox se limita a “hispanidad”, a potenciar el conocimiento y diversas manifestaciones folclóricas desde la “óptica de la hispanidad”. En otras palabras, lleva a cabo tu fiestas y particularidades regionales, pero sin pisarle las líneas rojas a la sacrosanta "unidad de España".
Tanto para el PP como Vox, la educación y la cultura es un negocio que vender a las empresas y que utilizar para imponer sus programas conservadores y neoliberales, desmantelación del tejido público para beneficio del capital y promover una ideología propia del franquismo.
La izquierda constitucional: renovar los fracasos
Los partidos que disputan el voto de la izquierda son PSOE, UP y Más Madrid. En todos sus programas tenemos un repertorio amplio de políticas sociales: algunas coinciden totalmente y otras se diferencian según se jueguen a conseguir el voto de la comunidad educativa o se lo dicte su conciencia.
Lo cierto es que todos tienen su punto de partida en las políticas educativas del PSOE. De hecho, la LOMLOE es una recuperación de la política educativa anterior a la LOMCE de Wert. Y como esto se trata de revivir lo que nunca funcionó, resulta simbólico que Ángel Gabilondo sea el candidato socialista. Quien fuera rector de la UAM y presidente de la CRUE, ha sido un referente a la hora de aplicar el plan Bolonia, aplicar recortes en la universidad, venderla a las empresas y llevar el voz de mando como un auténtico neoliberal.
Sin embargo, los ataques del PSOE a la educación vienen de largo. Ya con la LOGSE a finales de los 80 todo el país se agitó, con los docentes y los estudiantes a la cabeza, contra una ley que no invertía en educación ni en innovación educativa y que sólo servía para favorecer y financiar la creación de los centros concertados, particularmente religiosos.
Cuando los trabajadores y estudiantes protestaron contra un nuevo modelo educativo conservador y que conducía a sangrar el Estado con subvenciones a la privada, la respuesta del PSOE, apoyándose en las burocracias sindicales del momento, fue la represión en las calles, la persecución en los centros y el ataque directo de las instituciones.
La LOE también se abrió con una polémica en lo concerniente a la asignatura de religión y a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Este debate, copado por una derecha dispuesta a echar a Zapatero de la Moncloa, soterró la auténtica gravedad de la ley: la reconversión de la educación en un modelo competencial, completamente adaptado al mercado laboral. De este modo, la educación se convertía en una auténtica fábrica de trabajadores con formación pagada para ser luego explotados por las empresas.
De nuevo, era una ley que no apostaba por la pública y reforzaba la brecha entre los centros públicos y concertado-privados, favoreciendo la privatización y hecha según exigían las patronales, un rasgo que reforzaría la Ley Wert y que la Ley Celaá no abandonará. Por el contrario, mantiene los acuerdos con la Iglesia, no resuelve la masificación ni las ratios, no invierte en educación. Lo mejor que podemos decir es que poco cambiara respecto a cómo están ahora las cosas, lo cual es repudiable per se.
Sirva esto para caracterizar la educación por la que apuesta el PSOE y que, lejos de criticar, reivindica. Es sobre este postulado que hablan de invertir y de llevar a cabo un sinfín de medidas que no van a llevarse a cabo porque, nacionalmente, se apoyan en las leyes que ellos han hecho para hundir la educación pública. Creer que el mismo partido que ha demostrado gobernar en pos de los beneficios empresariales va a actuar en contra de ellos es poco menos que una necedad. Gabilondo vende su programa como la refinanciación de la pública, a pesar de ser su propio partido el que comenzó con los conciertos educativos y los recortes.
Esta misma crítica es extrapolable al resto de partidos del umbral de izquierda, cuyo modesto recorrido aspira a ser el apoyo para un gobierno del PSOE. UP reafirma la aplicación de la LOMLOE (apoyaron su implantación) y no ha lanzado, ni lanzará, una auténtica crítica contra el PSOE. En materia educativa, UP firma cheques que su programa no puede pagar: es difícil apoyar la pública, pretender ser alternativa de izquierda, hablar de combatir contra los especuladores y empresarios que usan la educación de cortijo, siendo el apoyo por izquierda de quienes hicieron las leyes para que eso fuera posible.
A partir de aquí, las promesas valen nada. Y aunque no fuera así, suponemos que las promesas cesarán según el resultado, porque ya se sabe: cuando uno aspira a ser presidente (autonómico) en un país de Europa en el marco de la ley de mercado, uno no puede caer en las “provocaciones” de ser comunista.
Más Madrid, el ala conservadora que desgajó Podemos, también tiene en vistas la colaboración con el PSOE. Cierto que citan la apertura a debatir una nueva ley educativa; por lo demás, las medidas son parciales, básicas y de barrio, propias de un partido que pretende ganar votantes con promesas próximas a la ciudadanía. Por supuesto, la posibilidad de una nueva ley no va en ataque al PSOE. Por el contrario, es un debate que se juegan a mantener con la mayor ventaja para arañar medidas progresistas. Al igual que UP, su afinidad y falta de crítica con el PSOE empapa su política educativa haciéndola continuista de la ya vigente, aun con el toque y color de la casa.
¿Qué alternativa para la plantilla de centros educativos?
Resulta curioso que los programas de izquierda reiteren la democratización y toma de decisiones por parte de la comunidad educativa. Sospechamos que, como ya hiciera Gabilondo en la universidad, esto se limita a equipos directivos y empresas, porque los estudiantes tienen una nula representación, los padres sólo sirven como moneda de cambio para políticas liberales y el resto de trabajadores (docentes, limpieza, comedor, etc.) están precarizados y disciplinados a golpe de inspección.
Ningún partido concede tregua al constante ataque contra la educación y la única alternativa es la lucha conjunta por nuestros derechos. Esto pasa por la unidad y la elección democrático de los órganos educativos, una lucha constante por los recursos para la pública y por echar a las empresas privadas fuera del marco educativo. En última instancia, esta es una ofensiva que no se para con votos, sino con lucha y organización en las calles y en los centros educativos. | 
