Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés. Son los nombres de los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet, tras una operación de conjunto entre la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y el Comando de Aviación del Ejército.
La investigación de la causa logró establecer que las víctimas quienes eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron secuestradas en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en septiembre de 1987, tras su asesinato fueron arrojados al mar en las costas de Quitay, por este crimen 33 agentes del Estado fueron condenados.
Hugo Prado Contreras quien fue director de la DINE, es uno de los condenados por delitos de lesa humanidad y su implicancia en el secuestro y asesinato de los cinco militantes, cumplía condena desde el 2017 en la cárcel “5 estrellas” Punta Peuco, por complicidad en el delito de secuestro calificado. Esto hasta que en Diciembre del 2020 se le otorgó por parte del gobierno criminal de Piñera el indulto presidencial.
Actualmente Hugo Prado se encuentra en libertad y su caso hubiera pasado impune, hasta que se presentó un recurso de protección por el Estudio Caucoto Abogados, a nombre de una de las hermanas de las víctimas del caso de los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura.
Debido a este recurso la corte de apelaciones ordenó al Ministerio de Justicia, a cargo de Hernán Larrain, presentar un informe donde se encuentren los fundamentos de porque se le entregó este beneficio a un condenado por crímenes de lesa humanidad, se busca establecer si el indulto otorgado por el ejecutivo cumple con la normativa internacional.
“la concesión de beneficios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, sin respetar la normativa de Derecho internacional, y sin notificar a los familiares de las víctimas, puede constituir una forma de impunidad, por lo cual solicitamos que la judicatura intervenga en este caso a fin de controlar la legalidad y convencionalidad de este indulto presidencial”. Así se refirió Francisco Bustos, abogado del Estudio Caucoto Abogados, quien presentó el recurso de protección.
El criminal gobierno de Sebastián Piñera le otorga indultos a criminales de lesa humanidad, mientras cientos de jóvenes siguen presos y presas por rebelarse contra la herencia de la dictadura y buscan dar cadena perpetua a quienes se defienden de la represión.
Piñera busca por todos lados la impunidad de criminales violadores de DD.HH., como él buscó la suya y la de sus ministros, con el acuerdo por la paz en 2019, por eso seguimos peleando por el juicio y castigo de todos los responsables tanto políticamente, como materialmente de las violaciones a los Derechos Humanos, de la dictadura y del gobierno de Piñera, junto con la libertad de todxs lxs presxs politicxs de la rebelión de octubre y del pueblo mapuche. | 
