La frase pertenece a familiares de sobrevivientes. En la mañana del día lunes inicio el juicio a las monjas Kumiko Kosaka, Asunción Martinez y otras siete imputadas acusadas de ser partícipes necesarias de los hechos al no denunciar los abusos sexuales o facilitarlos. Abogados víctimas denuncian medidas dilatorias, familiares y sobrevivientes piden restitución de derechos y la defensa de las acusadas realizó un pedido de nulidad
Luego de 4 años de la primer denuncia y habiendo sucedido un juicio que condenó a los curas Horacio Corbacho, Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez, comienza el segundo megajuicio que tendrá en las acusadas a las monjas imputadas de complicidad y omisión de los hechos de abuso y acoso sexual que sucedieron en el instituto de hipoacúsicos Antonio Próvolo hasta su clausura en 2016.
Serán juzgadas nueve mujeres, ocho de ellas están en libertad. Además de las monjas están acusadas la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual ; las ex directoras del instituto Gladis Pinacca , Cristina Leguiza, Valeska Quintana, Laura Gaetan ; la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera del Próvolo, Noemí Paz.
Desde el inicio de la investigación la defensa de las monjas imputadas ha hecho todo tipo de maniobras dilatorias. Respecto a esto entrevistamos al abogado defensor de los sobrevivientes del instituto, Lucas Lecour, quien nos contó que cuando se abrió el debate en esta jornada: "la defensa de Kumiko Kosaka y Asunción Martinez planteó una nulidad similar a las nulidades que ya ha planteado en otras oportunidades que tiene que ver con la supuesta violación al derecho de defensa al no haber sido notificados en su momento sobre algunas cámaras Gessel que se llevaron a cabo antes que Kumiko Kosaka estuviera imputada del delito, siendo nulidades ya resueltas por jueces de garantía y cámaras de apelaciones varias oportunidades y en las audiencias preliminares por el juez que está presidiendo este juicio, el Dr. Horacio Cadile".
Para Lecour estás nulidades "tienen la misma conducta que han venido teniendo esta defensa, dilatar, no solo la llegada al juicio sino que ahora que lo hay, a que se llegue a una sentencia que seguramente será condenatoria".
"Quienes representamos a la mayoría de las víctimas en este proceso lo que queremos es un avance normal sin re-victimizaciones ni dilaciones innecesarias para ellas y por supuesto una sentencia condenatoria ejemplar como fue la del primer juicio que de alguna manera repare el daño que les ha sido ocasionado dentro del instituto".
Se espera un largo juicio de cuatro meses, pudiendo extenderse hasta un año, que se desarrollará de lunes a viernes de 8 a 13hs. Se presentarán más de doscientos testigos para prestar declaración y se reproducirán nuevamente las 52 cámaras Gesell que aportan los testimonios de las decenas de sobrevivientes.
Por otra parte, los abogados de las monjas Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz mostraron preocupación por la modalidad semipresencial en la que se va a llevar adelante, según ellos dificulta el desenvolvimiento del mismo al no haber tratamiento personal entre testigos y abogados.
No haciendo caso del antecedente de lo que fue el primer megajuicio a los curas Corbacho y Corradi y al jardinero Gómez, donde también se señala la participación de las imputadas, la defensa insiste en presentar sus propios intérpretes de lengua de señas que cuestionaron 17 cámaras Gesell utilizadas como pruebas de las víctimas.
Los intérpretes oficiales y miembros del cuerpo médico forense que intervienen en la causa desde el principio fueron denunciados penalmente por los abogados de las monjas en el año 2017, quienes también argumentan una falta de imparcialidad de la fiscalía en su relato oficial.
En las escalinatas del palacio Tribunales se hicieron presentes sobrevivientes y familiares de las víctimas, desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo aseguraron que: “Estamos acá para no olvidar porque esto no es un hecho aislado, pasó en el Próvolo de La Plata que lamentablemente la causa prescribió y había pasado en Italia antes”.
"La provincia de Mendoza podría posicionarse como un ejemplo de voluntad política y sentar precedente a nivel mundial en cuanto a restitución de derechos para lxs sobrevivientes y sus familiares. Hablamos de derechos básicos fundamentales que garantizan una vida digna, como son el acceso a la educación la salud, trabajo y vivienda”.
“Seguimos exigiendo el cumplimiento integral de la sentencia de la primera causa en la cual la Justicia ordena al Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de Escuelas medidas de restitución de derechos para la obtención de vidas dignas de los sobrevivientes y sus familias”.
