La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este martes al mediodía un fallo en el que autoriza las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Elena Highton de Nolasco se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso y, por eso, se abstuvo.
El máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda que había presentado el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. A la vez que no lo declara inconstitucional (sobre todo porque venció el último viernes) los jueces aseguraron que el DNU de Alberto Fernández que había ordenado la prohibición de las clases en las aulas viola la autonomía porteña.
La dimisión judicial de la puja entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires dejó de lado desde el principio la opinión y las demandas de miles de docentes porteñas y porteños que vienen exigiendo un plan integral para afrontar la crisis sanitaria y poder desarrollar un proceso educativo a la altura de las necesidades populares, que incluye la suspensión temporaria de la presencialidad, conectividad y dispositivos, algo que ni el Gobierno nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires garantizaron durante todo el año pasado.
Ante el impacto de esa segunda ola, la izquierda plantea propuestas de emergencia para paliar los efectos sanitarios, pero también económicos y sociales de la pandemia. Entre algunas de las medidas están: un IFE de $40.000 para todos aquellos que se quedaron sin ingresos, la centralización del sistema de salud, la declaración de utilidad pública del laboratorio mAbxience para que las vacunas lleguen a quienes lo necesitan y no sirvan para que unos pocos, como Hugo Sigman, hagan negocios.
Por supuesto, que nada de esto toma en cuenta la Corte a lo hora de intervenir en esta disputa.
El derecho a la salud, en pleno pico de la segunda ola de covid-19, por supuesto no es materia de importancia para esta casta de cortesanos a los que nadie eligió, y que define (virtualmente) sobre la vida de docentes, niños, niñas, adolescentes y sus familias de acuerdo a sus intereses y peleas políticas.
Como se escribió en otro artículo de este diario, Larreta no puede garantizar las clases presenciales y ataca el derecho a huelga. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en el 42 % de las escuelas se tuvo que aislar alguna burbuja. Sin embargo, en lugar de garantizar condiciones mínimas, Larreta y Soledad Acuña siguen imponiendo descuentos masivos a las y los docentes que se adhirieron a las medidas de fuerza, que fueron y siguen siendo acompañadas por la comunidad educativa.
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