La semana pasada se dio a conocer que, a espaldas de los estudiantes y docentes, se firmó un convenio entre Miguel Berri, decano de la Facultad de Derecho y Julio Alak, ministro de Justicia de la Provincia, para que ingrese el Servicio Penitenciario Bonaerense a la UNLP, con una carrera en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Un peligroso precedente que abriría la puerta para que más agentes de otras fuerzas represivas del Estado tengan carreras exclusivas en la UNLP.
Participaron de la reunión personalidades de DDHH, tales como Marta Ungaro, Jorge “Turco” Sobrado, Maine García, Manuela Carricondo y Cecilia Porfidio. Entre otros debates, explicaron que en la última dictadura militar las fuerzas represivas señalaban a los estudiantes que después eran secuestrados, que muchas de las prácticas aprendidas en esa época las siguieron aplicando en democracia, que hace décadas los agentes de las fuerzas represivas no ingresan en calidad de tales a las Universidades Nacionales.
Y que este convenio es parte de la política que buscan los distintos gobiernos para relegitimar a las fuerzas policiales y penitenciarias, sugiriendo que su carácter represivo tiene origen en un problema de formación y no de su verdadera función social.
En la reunión, retomando el último informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria, expresaron que se registraron 439 muertes y 2.358 torturas a las personas privadas de su libertad en nuestra provincia; que el Servicio Penitenciario es una institución habitada por sectores de extrema vulnerabilidad, los pobres, los que son encarcelados la mayoría de las veces sin condena firme o por portación de cara.
Que esta la respuesta del Estado a los que no tienen nada. Mientras los ricos, a los que la justicia apaña, los que saquean el país, gozan de plenos derechos; resaltando así el carácter de clase de las cárceles, que junto con la policía tienen la función de reprimir a los sectores más vulnerables y hacerlos responsables de todos los males, de los que el Estado en realidad es responsable.
Además, los estudiantes denunciaron que en marco de la crisis sanitaria y social por el covid-19, muchos no pudieron continuar sus estudios, y que el presupuesto de la UNLP debería ir destinado a garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, eliminar los números de sorteos, otorgar becas y mejorar la conectividad y no a permitir el ingreso de las fuerzas represivas del Estado en la universidad, esas que asesinan y persiguen a la juventud, como dejó claro el caso de desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
Esta reunión es un hecho importante y un primer paso en la organización democrática de estudiantes, docentes, agrupaciones estudiantiles y organismos de DDHH, para tirar abajo este nuevo intento de legitimación de las fuerzas represivas del Estado, para rechazar este convenio reaccionario que atenta contra la autonomía universitaria y permite el acceso del SPB a las aulas.
A continuación alguna de las resoluciones:
Pronunciarse contra el convenio que crea la Licenciatura en Gestión Penitenciaria. Contra la represión y las políticas de ajuste de Iván Duque y en solidaridad con los trabajadores y el pueblo en lucha de Colombia. Contra el procesamiento y elevación a juicio de los 27 estudiantes de Córdoba, en el marco de la lucha educativa del 2018.
Impulsar un comité anti represivo para tirar abajo el convenio.
Impulsar un formulario para juntar firmas de los estudiantes, figuras públicas, organizaciones de Derecho Humanos, organizaciones políticas, artísticas, etc;
Exigir a los Centros de Estudiantes de la UNLP y al Consejo Superior que se pronuncien en contra de este convenio y contra el procesamiento y elevación a juicio de los 27 estudiantes de Córdoba.
Movilizar el jueves 13 de mayo contra el convenio y como parte de las movilizaciones en distintos puntos del país en solidaridad con los 27 estudiantes de Córdoba procesados por luchar. |
