El día de ayer, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDNHL), hizo pública la denuncia que en un inicio estaba siendo llevada por el ministerio público de Procedimiento Penal Acusatorio, pero posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) al tratarse de miembros de la Sedena.
Los militares son parte del 16 Regimiento de Caballería Motorizado, que también han sido responsables de 9 ejecuciones extrajudiciales en los últimos dos años, dos de ellas en febrero y marzo de este año. Esto habla de que no es un caso aislado, por otro lado en 2013, dos militares fueron acusados de violar a una mujer al interior del cuartel de Nuevo Laredo, tres años después, los respnsbales seguían en su cargo.
En un comunicado el CDHNL declaró que “ha enviado oportuna y públicamente diversas quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército mexicano en fechas recientes y que de manera reiterada son víctimas ciudadanos inocentes y ajenos a actividades delictivas, sin que hasta el momento dicho personal militar sea puesto a disposición de las autoridades competentes para su investigación y castigo ejemplar”.
Además, en videos se ve a los mismos militares la noche del 25 de abril, golpeando a un hombre. Ante estos hechos, el presidente de CDHNL dijo que “los militares están fuera de control”, si bien es evidente que esto es cierto, el problema de raíz es otro. No se trata de unos cuantos militares que "no conocen los límites de su labor", pues las desapariciones, la violencia sexual y el feminicidio ha sido una constate en la historia de la militarización del país.
A partir del despliegue de militares en todo el país so pretexto de la supuesta guerra contra el narco en el 2006 y hasta el 2019, la CNDH recibió 386 expedientes de quejas por desaparición forzada, de ellas el 47% bajo responsabilidad de la Sedena y 30% de la Semar, además recibió 20 denuncias por ejecución extrajudicial o sumaria. Así mismo se registraron 7 mil detenciones por ambos organismos y 5,500 enfrentamientos armados por parte del Ejército y 400 de la Marina.
Para las mujeres indígenas, pobres y trabajadoras como Miriam, la militarización e incremento de presencia policial ha significado el incremento de la violencia sexual y de los feminicidios, el ejemplo más brutal es el de las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de policías estatales y federales en Atenco en el 2006.
Pese a esto, en el 2019, la cantidad de militares desplegados a nivel nacional, rompió el récord, con 62,954 mil elementos, mientras que el promedio de los años anteriores era de 50 mil por parte de la Sedena y 8 mil de la Semar. Sin importar el sin fin de evidencias sobre la brutalidad militar y las recomendaciones de organismos internacionales, el año pasado López Obrador dio una orden presidencial para que el Ejército cumpla funciones de seguridad pública.
A inicios de su sexenio, AMLO declaró que terminaría con la guerra contra el narcotráfico y desmilitarizaría el país, pero manteniendo la militarización únicamente hasta el 2024, producto de esta política, iniciada por los gobiernos del PAN y el PRI, el feminicidio ha ido a la alza tan sólo en los últimos seis años en un 145%.
No puede depositarse ninguna confianza en que la justicia procederá contra los militares que violaron a Miriam, aunque estos fueran separados de su cargo o aprehendidos; si del gobierno y los partidos del régimen depende, el ejército se quedará intacto y se profundizará la militarización del país.
Las políticas de capacitación con perspectiva de género son completamente impotentes ante un organismo como las fuerzas armadas que operan a través de imponer la violencia para controlar y mantener el orden para quienes gobiernan y en ese contexto uno de los principales sectores afectados somos precisamente las mujeres.
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