Los vecinos de la favela Jacarezinho, en la zona norte de Río de Janeiro, volvieron a despertar este jueves entre medio de disparos y sonidos de guerra. Se desarrollaba allí desde las primeras horas de la mañana un operativo policial que dejó el saldo de al menos 25 personas muertas y 5 heridos durante un intenso tiroteo.
Bajo la excusa de una redada antidroga la policía llevó adelante la segunda mayor masacre de la historia del Estado.
La identidad de al menos 24 civiles asesinados no ha sido revelada y los testimonios señalan que la Policía entró a las distintas casas disparando a mansalva y luego sacaron los cuerpos sin vida de las residencias para apilarlos en vehículos policiales blindados. De esta manera no dejan ningún rastro para algún tipo de investigación forense y muestran que actúan como verdaderas bandas parapoliciales para asesinar a la población de las favelas, en su aplastante mayoría negros.
La acción policial de este jueves demuestra que, incluso durante la pandemia de coronavirus, la política de seguridad pública del gobernador Cláudio Castro (PSC) en el Estado de Río sigue guiándose por el enfrentamiento directo con los narcotraficantes en las favelas y los barrios periféricos, haciendo caso omiso de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). En junio del año pasado, el Tribunal Supremo prohibió este tipo de operaciones policiales durante la crisis sanitaria, salvo en “hipótesis absolutamente excepcionales” y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río
En medio de una pandemia, el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, Cláudio Castro, habilitó este operativo, que se convirtió en un terrible baño de sangre para los vecinos de de la favela que ya sufren el flagelo del desempleo, la crisis social, económica y sanitaria.
El operativo en la favela también se extendió al metro donde hubo heridos.
Así, el gobernador Cláudio Castro, siguiendo el ritmo de su antecesor Witzel, garantiza una vida de terror y violencia a los habitantes de los barrios populares. Lo hace mediante su llamada "política de seguridad pública", que no se trata ni más ni menos que de criminalizar a los pobres y a los negros, en particular a la juventud, de la ciudad, a pesar de que un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de junio del año pasado prohibió este tipo de operaciones policiales durante la crisis sanitaria, salvo en “hipótesis absolutamente excepcionales” y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río.
La de este jueves es la segunda mayor masacre en Río de Janeiro, luego de que en 2005 muriesen 29 personas en la Baixada Fluminense. Supera, en cambio, las masacres de Vigário Geral, que acabó con la muerte de 21 personas en 1993, y la de Vila Vintém, donde una disputa por el tráfico de drogas dejó 19 muertos.
Silvia Ramos, coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, señala que "La Policía Civil, que es la que debería usar inteligencia y planificación, fue la autora de esta masacre al matar a más de 20 personas en un operativo, en una acción desastrosa que se llevó a cabo con el objetivo de desarticular cuadrillas de jóvenes que asaltaban en los trenes, pero que se transformó en una operación venganza, una operación matanza".
"¿Quiénes son los muertos de la operación en la favela?: los jóvenes negros", afirma Ramos.
Cinco personas mueren por día a manos de la Policía
Las operaciones policiales de este tipo habían sido prohibidas por la justicia el año pasado, tras una serie de asesinatos policiales que dejaron al menos 65 personas asesinadas en medio de las restricciones por la pandemia.
Sin embargo, los asesinatos policiales siguieron durante estos mese. Datos de la Red de Observatorios revelan que las muertes en este tipo de incursiones policiales han aumentado un 26,6 % al pasar de 75 en el primer trimestre de 2020 a 95 en el mismo período de este año.
Las cifras son mayores si se mira más allá de los operativos. Un total de 149 personas murieron a manos de uniformados en enero, 147 en febrero y 157 en marzo, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP) de la gobernación de Río.
"Es decir, un promedio de 5 muertes por la Policía cada día. Este fue el peor primer trimestre de la historia de Río de Janeiro desde que el ISP informa de las muertes", señala la experta.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2019 más de 1.800 personas murieron a manos de la Policía. El año pasado fueron más de 1.300 víctimas.
El trágico saldo de víctimas en la favela también deja al desnudo el racismo que se esconde tras los ataques a los habitantes de las favelas. La mayoría de las víctimas son jóvenes negros que son automáticamente calificados de "criminales". Basta ser joven, negro y habitante de favela para ser sospechoso.
Según el Observatorio de Seguridad de Río de Janeiro, el 86% de los asesinados por la policía son negros.
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