El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer que 24 ciudadanos extranjeros se encuentran en calidad de detenidos, y a la espera de ser expulsados, en el cuartel San Francisco de la Policía de Investigaciones (PDI).
Sin esperar los plazos para que estas personas puedan impugnar la decisión, el gobierno de Piñera aplica una táctica ya habitual de su mandato, que es expulsar a población migrante tras hacerlas firmar documentos de salida voluntaria de dudosa forma. Así lo confirmó el INDH al observar vicios en el procedimiento actual y donde personas declaran que las manipulan para hacerlas firmar sus propias salidas.
Esta práctica del gobierno empresario de Piñera no debe sorprender, ya que para el empresariado el pueblo trabajador, que no tiene fronteras, y sobre todo las y los migrantes, no valen y son una carga para la economía del país. Solo debemos recordar los dichos del actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, hace unos días atrás, quien directamente apuntó a los migrantes como los responsables de detener el supuesto “desarrollo” de Chile, durante los últimos años:
“Esa cantidad de migración significó una carga para el país, desde el punto de vista de hacernos cargo de su salud, su educación, su vivienda, su desarrollos laborales”, señaló el empresario vinculado al sector agrícola, quien siguió dirigiendo sus descargas hacia los sectores de migrantes que han ingresado a Chile (...) “Chile venía creciendo muy bien en ingresos, y estoy hablándole a la gente, la gente sabe perfectamente que es así lo que estoy diciendo. Y empezó a haber migración, es cosa verlo en los restoranes, en los servicios, en la agricultura, en la agricultura, en la construcción, y eso detuvo también el desarrollo y el crecimiento producto de esa oferta”.
La migración es un derecho humano, por lo que se vuelve urgente que se entregue residencia a todas las personas migrantes o cuyos papeles se encuentren en tramitación y denunciar los discursos de odio que promueve el gobierno, consistente en criminalizar a todo quien cruce la frontera buscando como sobrevivir.
Es por esto, que se necesita de manera urgente un “Plan de Emergencia Sanitaria” que con el impuesto extraordinario y progresivo a las grandes fortunas y a la gran minera, contemple la construcción de viviendas, para detener el hacinamiento y focos de contagio; la reducción de la jornada laboral, para que empleados y desempleados puedan trabajar, con salarios que sean como mínimo, igual al costo de la canasta básica familiar, y que financie un sistema de salud único e integral, público y de calidad que incluya a toda persona que requiera asistencia médica. No puede ser que en medio de la pandemia no se garantice el techo, el agua y el pan. |
