El destino propuesto de esa recaudación es dirigido en un 25% a un Fondo de Convergencia Regional, en donde participan las comunas en donde se realiza la explotación minera, y cuyo fin serían proyectos de desarrollo regional y comunal según el reglamento, mientras que el 75% restante será para financiar proyectos de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales.
El monto que exceda del 3% cuando el valor supere US$2 la libra, será destinado para financiar una renta básica universal de emergencia y posteriormente pasaría a los ingresos generales del país. Actualmente el valor es de US$ 4,75 la libra. Sin embargo, estas seguirían siendo ganancias marginales respecto a los millones que se llevan las trasnacionales mineras.
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¿Cuánto recauda la actividad minera?
Si bien la Constitución establece que el Estado tiene “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, el derecho para explotar las minas es otorgado a través de las concesiones que entregó la mayor parte de los yacimientos (cerca del 70%) a empresas privadas, con una invariabilidad tributaria por 20 años desde el inicio de la inversión.
En la actualidad, el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en Chile proviene del cobre a partir de su precio en el mercado y el impuesto específico a la Minería (IEM) aplicado desde el 2005. Este Impuesto Específico ha recaudado US$105.301 entre 1999-2018, de los cuales sólo US$43.351 provienen de la minería privada (41%), mientras que Codelco ingresa US$61.950 correspondiente al 59%.
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Esto no se condice con el porcentaje de explotación entre las minerías privadas y estatal. Si las empresas privadas administran el 70% de los yacimientos mineros ¿Por qué sólo aporta el 41% de la recaudación total? Y ¿Por qué mantenemos este tipo de administración que permite el robo de los recursos por parte de privados?
¿Qué cambiaría con el royalty minero?
La propuesta permitiría recaudar aproximadamente 6 veces más que lo recaudado con el IEM, puesto que este último está en sincronía con las utilidades que reportan las mineras (que en algunas ocasiones reportan $0).
Con la propuesta de royalty, el cálculo se realizaría con los valores de las ventas, que permite una fiscalización más certera sobre las ganancias que se obtienen con su comercialización. Esto es importante porque, así como se prevé que el precio del cobre suba, se estima que las ventas aumenten también, gracias a los cambios tecnológicos generados por la industria automotriz eléctrica.
Sin embargo, expertos señalan que la cifra del 3% sigue siendo marginal en las ganancias y proponen subirlo al 20% puesto que las ganancias recaudadas destinan 2/3 para los bolsillos de los privados.
El gobierno, la derecha y los empresarios se oponen
Empresarios como Luksic, acompañado con multinacionales se encuentran haciendo una verdadera campaña de terror contra el royalty, llegando a dichos tan exagerados como que la decisión de aprobar este royalty implicaría “no tener más minería en Chile”, según dice el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, alegando él junto a gremios empresariales que el proyecto es inconstitucional. Así también lo señaló el subsecretario de Hacienda, buscando defender con uñas y dientes a su gallina de los huevos de oro
Nacionalización de los recursos naturales bajo gestión obrera y sus comunidades
Si nos vamos a cifras en concreto entre junio del 2019 y julio del 2020, Minera Escondida extrajo 1.185.000 toneladas de cobre. Si se calcula el royalty por la venta, según las estimaciones de la Comisión chilena del Cobre que indican que el valor promedio en el 2021 es de US$3,3, se podría decir que se recaudaría US$258.635.302 [1]
Esto equivale al 14,3% del presupuesto al Fondo COVID del gobierno de Piñera para enfrentar la crisis sanitaria, lo que da cuenta que esta propuesta es una cuestión mínima pero que, en cuanto a la redistribución de las ganancias, las mineras privadas se llevan alrededor de US$114.000 millones entre el 2005-2014, la contradicción es evidente si recordamos que se necesitan unos US$5000 millones al año para financiar la educación gratuita en todos los niveles.
Si buscamos resolver las necesidades de la población trabajadora y pobre, debe existir un impuesto a las grandes fortunas y mineras que han duplicado sus ganancias en pandemia, como a los Luksic y BPH, que permita garantizar una renta universal de acuerdo a la canasta familiar, además de poder financiar el sistema de salud pública.
Si queremos avanzar en la conquista de las demandas de la rebelión de octubre del 2019, debemos nacionalizar los recursos naturales y ponerlos bajo gestión de los trabajadores y las trabajadoras y comunidades y no depender de un royalty, que hoy es una medida democrática mínima para el contexto de pandemia que vive el país. | 
