Miles de trabajadoras y trabajadores que integran las campañas de vacunación en las Unidades de Pronta Atención del conurbano están sin cobrar. La denuncia surge de testimonios que llegan a La Izquierda Diario. Cuando el precarizador es el Estado. El rol de los sindicatos.

Después del anuncio de diciembre de 2020, sobre el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19, “entre siete mil y ocho mil” vacunadores eventuales se incorporaron a los “600 puntos de vacunación simultáneos” que hay en la provincia de Buenos Aires, según la ministra María Teresa García. De acuerdo a sus declaraciones, la cantidad de vacunadores contempla al "personal de salud, el personal de (la Obra Social de la provincia de Buenos Aires) IOMA, y otros convocados por el Ministerio de Salud bonaerense".

Aunque hasta el 6 de mayo pasado fueron vacunadas 3.326.091 personas en la provincia de Buenos Aires, las vacunadoras y vacunadores que garantizan esta tarea esencial, siguen sin cobrar. En la zona sur del conurbano, donde se concentra la mayor cantidad de municipios con casos confirmados después de La Matanza (116.995), comienzan a circular en ese marco denuncias que lo dejan muy en evidencia. Ante los gestos de organización, como sucedió con los Promotores de Salud, también comienzan a circular la persecución y las amenazas de despido para quien alce la voz. Un clásico lamentable de los gobiernos de turno que, en los municipios, administran los programas y campañas definidos junto a la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

La realidad desde abajo

Carla -el nombre de ficción que elegimos para proteger su identidad- se comunicó con La Izquierda Diario para contar la situación que vive junto a sus compañeras. Como ella, muchas de las vacunadoras son mamás a cargo de la crianza y la manutención del hogar. Con muchísimo esfuerzo, Carla pudo estudiar enfermería en la Universidad. Y como miles de jóvenes, tiene su título en trámite desde que empezó la pandemia: aunque en los hospitales se denuncia que falta de personal, en las Universidades del conurbano los títulos no se entregan. Una aberración, como denunciaron en asambleas les estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora.

“Cuando salió la convocatoria me anoté y en febrero me agregan a un grupo de WhatsApp de vacunadores contra el covid. Hice la capacitación y empecé a trabajar enseguida porque tenía práctica, de lunes a viernes, 8 horas. Pero todavía no cobré”. “En febrero dijeron que nos iban a pagar a principios de marzo, en marzo dijeron en abril. Pasó abril y no cobramos y ahora estamos en mayo y seguimos sin cobrar”. La situación trasciende Lomas de Zamora y se extiende a Banfield, a Moreno y a otros municipios donde proliferan las denuncias.

“Ahora que se empezó a conocer lo que pasa, volvieron a pedir todos los papeles, porque resulta que hay cosas que están mal. A mí por ejemplo me piden que haga un cuarto módulo de capacitación, un curso para vacunar, cuando se supone que como tengo el título en trámite de enfermera, ya soy vacunadora. De hecho por eso entré sin tener que hacer el curso. Ahora me dicen que sino, no me van a pagar”, cuenta.

La UPA donde trabaja Carla está abierta las 24 horas. “Somos entre 30 y 40 por turno, todos los días, y sábado y domingo se hacen turnos de 12 horas. Es lo mismo en todas las postas”, cuenta. Con la pandemia y las campañas de vacunación, “nos volvimos un espacio clave, que está descomprimiendo de alguna manera a otros sectores”, agrega una trabajadora del UPA de Los Andes, también en la zona sur del conurbano. “Además de no estar cobrando nos encontramos con compañeros que ya no pueden venir a trabajar porque no pueden viajar. No tienen ni para llevar el plato de comida a la casa, hay compañeras que se han contagiado de covid y dos compañeros fueron desalojados de sus casas”, agrega.

“El modelo a seguir”

Las Unidades de Pronta Atención en el Gran Buenos Aires se convirtieron “en un nuevo eslabón en la oferta de servicios de mediana complejidad”, dice Carlos Andrés Jiménez, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Un “nivel intermedio” entre los Centros de Atención Primaria y los Hospitales, orientados a “brindar atención de urgencia más cerca del barrio”.

La idea original, cuentan, fue de Daniel Scioli, que trajo la propuesta luego de un viaje a Brasil, donde hoy se desempeña como Embajador argentino. “Basándose en el modelo de Salud brasileño, Buenos Aires implementó estos establecimientos que buscan descongestionar la demanda sanitaria de los grandes hospitales. En el año 2010 se instala la prima en Lomas de Zamora para dar respuesta a más de 300.000 habitantes sin cobertura de obra social o privada”, cuenta el investigador.

“El secreto”, según un portal de salud, estaba en que “al igual que las 22 UPAs que funcionan en las zonas de favelas de Río de Janeiro, este centro sanitario, de 1.200 metros cuadrados, se construye con módulos metálicos de cerramientos de chapa y otros materiales industrializados de rápido armado”.

“Además del salario, las condiciones de trabajo también son pésimas”. “No te dan equipo de protección y por más que los protocolos dicen que la posta de vacunación tiene que estar siempre al aire libre, nosotros trabajamos al lado de un módulo con pacientes con covid positivo. Ni siquiera tenemos baño. Tenemos que entrar y salir a un baño de uso público, en la calle, en un local que tenemos al lado”. Todo lo que está mal, diría el médico Kornblit.

Cuando el precarizador es el Estado

Las pésimas condiciones de trabajo y los salarios de hambre son el otro “secreto” del “modelo” que trajo Scioli. Hoy son Axel Kicillof y los intendentes del conurbano quienes lo profundizan en la pandemia. “Somos muchísimas vacunadoras las que estamos en esta situación. En la sexta región sanitaria hay compañeras de Banfield y Temperley que tampoco cobraron”, cuenta Carla. Y mientras tanto, de recorrida por el centro de vacunación del Suteba de Florencio Varela, el ministro de Educación Trotta saluda “el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio junto a los sindicatos”, para garantizar la atención.

La primera línea de enfrentamiento al covid, también tiene su primera línea. Son las promotoras y los promotores de la salud que trabajan como monotributistas para los programas del AMBA, contratados por los municipios con fondos de Nación o de Provincia; garantizando la asistencia a los jubilados cuando se acercan las fechas de cobro; asistiendo a los barrios más humildes; acercando los elementos de higiene a la vía pública. Los mismos jóvenes que son despedidos por reclamar algo tan elemental como un viático, porque el sueldo de 15 mil pesos no alcanza ni para viajar. Como salta a la luz ahora, también son las vacunadoras y los vacunadores eventuales que contratan los municipios con la forma de “becas”, para trabajar en las Unidades de Pronta Atención con el amparo de los ministerios de Salud de Provincia y de Nación.

“Quisimos hacer paro, pero fue caótico. Paramos una hora el vacunatorio y nos dijeron que no podíamos hacer eso, que avisemos, que se iba a poner en una lista nuestros nombres para que nos den de baja. No pudimos hacer el paro porque para muchos éste es el único laburo”, cuenta una trabajadora a un medio local. Hasta el momento, lo único que saben es que Provincia comunicó como próxima fecha de cobro el 15 de mayo, pero no hay certezas y la incertidumbre crece.

Para terminar con la precarización a manos del propio Estado, para que no haya divisiones entre efectivos, contratados o niveles de atención, es necesario que los sindicatos dejen de ser ministerios sin carteras de los gobiernos de turno y se pongan al servicio de la organización, la coordinación y la defensa de quienes sostienen el sistema de salud. Se trata de una tarea de primer orden, que vuelve a dejar a la vista la segunda ola del covid.