El empobrecimiento que afecta a amplios sectores de la población en el contexto de la crisis sanitaria y social está demostrando ser un factor clave en la situación política del país. Es el trasfondo sobre el cual la discusión sobre el tercer retiro de fondos previsionales abrió la crisis más importante que atravesó Piñera, con un paro portuario que continuó hasta que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de Piñera para declarar inconstitucional la propuesta de tercer retiro emanado desde el Congreso. Y ahora, es la razón que explica que se haya puesto en el centro el debate sobre la renta básica universal de emergencia.
En palabra de la propuesta de los parlamentarios “es una transferencia de dinero entregada por el Estado a las familias chilenas, de forma mensual, mientras se encuentre vigente la alerta sanitaria por el Covid-19. Tiene por objeto proveer de un piso mínimo de seguridad económica a todos quienes la necesiten, sin requisitos ni condiciones de ningún tipo”. Estos/as parlamentarios/as argumentan que la medida “les permitirá a los y las chilenas no solo contar con un mínimo de dinero para su subsistencia, permitirá también sostener el consumo y, cómo se ha estudiado a nivel comparado en relación al establecimiento de una renta básica universal de carácter permanente, tendrá efectos en la salud mental de las personas pues les permitirá afrontar de mejor manera la inseguridad financiera e incertidumbre que se experimenta en estos momentos”. ¿Cuál sería el monto de esa renta básica universal de emergencia? Sería un “equivalente al monto que de conformidad a la línea de la pobreza calculada mensualmente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, corresponda por número de integrantes del hogar”. En dinero:
Para los parlamentarios, su propuesta tiene una serie de ventajas prácticas: al estar destinada a todos “quienes pertenezcan al Registro Social de Hogares”, evitaría las complicaciones a las que conduce la extrema focalización de las medidas del gobierno. También, evitaría la burocracia estatal y eliminaría la estigmatización al prescindir de la práctica de “acreditar vulnerabilidad” propia de esas políticas focalizadas. Pero no sólo tendría ventajas prácticas; hay un contenido político implicado: la medida “permitiría hacerse cargo de las brechas de desigualdad y pobreza que ya eran altas en nuestro país, pero que con la pandemia - al igual que en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica - se han incrementado considerablemente”. Los diputados señalan que “desde diversas instancias internacionales se ha insistido en la Renta Básica cómo una herramienta importante para hacerse cargo de los años de retroceso en cuanto a desigualdad y pobreza que esta pandemia está generando”. Discutiremos con esta idea.
Negociando con Piñera
Frente a la persistencia de la propuesta de renta universal de emergencia, el gobierno de Piñera está empeñado en contraponer la ampliación del IFE. Pero su política tampoco concita el consenso del Senado, que viene en el centro de las negociaciones con Piñera después de la derrota de éste en el TC. Llama la atención como el diputado PPD Rodrigo González explicó su respaldo a la propuesta de renta básica universal: “yo creo que nos lincharían si llegamos a una propuesta que solamente contemple un poco ampliar el IFE, llegar con una línea que sea menor (…) la línea de suficiencia es aquella que hoy la sociedad nos está exigiendo y es la única que va a resolver el mínimo de ingreso que de verdad una familia necesita”. ¿Nos lincharían? Hay temor en sus palabras. Temor al pueblo trabajador.
Las organizaciones políticas y sociales que se dieron encuentro el sábado 8 de mayo convocadas por la senadora Yasna Provoste, que buscan aprovechar la debilidad del gobierno para obtener algunas concesiones, plantean una renta que “debe ser universal y llegar al 100 por ciento del Registro Social de Hogares”. En su visión una renta así permitiría ayudar más de seis millones y medio de personas. ¿De qué monto habla esta propuesta? De $600.000 para familias de 4 personas. Yasna Provoste y sus actuales aliados toman la propuesta de Paula Narváez -presidenciable PS- y Ximena Rincón -presidenciable DC.
¿Y la CUT?
Conviene resaltar que a esta reunión de organizaciones sociales y políticas convocada por Yasna Provoste este sábado, no acudió la CUT. ¿Alguna razón de fondo? Al parecer, no. Nolberto Díaz -vicepresidente de la CUT y que comparte militancia en la DC con Yasna Provoste- lo explicó: “Creemos que se le falta el respeto, que se abusa de la confianza de la presidenta del Senado, cuando a esta reunión tan masiva, supuestamente de la oposición, se infiltran como polizontes, personeros políticos que jamás estuvieron con los cambios, que siempre se negaron a las reformas sociales, que no comparten nuestros valores y que cuando fueron senadores o ministros se negaron a cualquier reforma sindical, ambiental o social, a favor de la oposición”. ¿Díaz asume que Provoste está con los cambios y que se está abusando de su confianza? ¿Pero acaso no es quien está cumpliendo el principal papel de salvar al gobierno de Piñera dándole papel de interlocutor en su momento de mayor debilidad?
No olvidemos además que apenas cuatro días atrás, ni Bárbara Figueroa ni Nolberto Díaz tuvieron problemas en participar de una reunión junto a los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), el diputado Cosme Mellado (PR) -mandatados por la presidenta del senado- y junto al economista Fernando Carmona, de la Fundación Sol. Una reunión cuyo tema fue qué mínimos negociar con Piñera…
Un ingreso universal de emergencia: sí, pero no sólo eso…
Quienes militamos en el Partido de Trabajadores Revolucionarios, estamos de acuerdo con la necesidad de implementar una renta básica universal de emergencia. En el marco de este debate, el candidato a convencional constituyente por el Distrito 10, Dauno Tótoro, declaró que en medio de la actual crisis es necesario “un ingreso universal fijo de 650 mil pesos, como también la prohibición de los despidos y suspensiones”.
A Piñera lo salvaron y propuso un IFE ampliado... Absolutamente insuficiente Y ahora la oposición propone renta básica al límite de la pobreza ¡Se necesita un igreso universal fijo de 650 mil y prohibición de despidos y suspensiones!https://t.co/3IuG7wTpPo
— Dauno Totoro - Distrito 10 - ZR 63 (@DaunoTotoro) May 3, 2021
Ahora bien, como dice Tótoro, no sólo es necesario que el monto de la renta básica no sea para pasar hambre, sino también, conectar esa pelea con la necesidad de prohibir los despidos y suspensiones. No hay que perder de vista que el empobrecimiento que mencionamos al inicio de este artículo está directamente relacionado con el crecimiento del desempleo en el marco de las medidas de confinamiento decretadas en medio de la pandemia. Quienes han perdido su trabajo (o han sido suspendidos), muchas veces no han podido continuar pagando deudas y arriendos. Es en este contexto que ha crecido, por ejemplo, la cantidad de campamentos en Chile.
En esta situación, arrancarle al Estado y a las propias patronales los medios necesarios para garantizar la vida de las y los trabajadores desempleados -con una renta básica universal de emergencia-, es sin duda una necesidad. Pero es falso que la muy necesaria implementación de este ingreso, permitiría de manera casi repentina “hacerse cargo de las brechas de desigualdad y pobreza que ya eran altas en nuestro país”, como lo dice el proyecto de los diputados de oposición. A simple vista, resulta evidente que una persona que obtendría $176.000 por concepto de renta básica de emergencia, podría igualarse con un miembro de alguna familia poderosa del país que obtiene 175 millones de pesos al mes sólo de ingresos personales, como ocurre con el promedio del 0,1 más rico. Los $176.000 de la renta básica no alcanzarían ni siquiera para arrendar una pieza.
Cuando se quiere presentar la renta básica universal como “algo más” que un simple paliativo -incluso con mejores montos-, se cae en la ilusión de embellecer una situación que es fruto de la necesidad (de estar desempleado). En el peor de los casos se puede llegar a suponer que es innecesario transformar la sociedad para enfrentar la miseria, pues el Estado puede garantizar condiciones de vida dignas, trabajemos o no. ¿Un Estado como el chileno basado en una economía primario-exportadora completamente dependiente de los procesos globales? Además, si planteamos que una parte de la población dependa de una renta sin necesidad de trabajar ¿no caemos en la idea errónea de que el desempleo es algo natural e ineludible?
En realidad, para hacerle frente a la miseria que se ha generado en el marco de la crisis sanitaria y social, es necesario no sólo prohibir los despidos por ley, sino que además reducir la jornada de trabajo a seis horas y cinco días a la semana sin que bajen los sueldos y repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, entre ocupados y desempleados. Diseñar planes de obras públicas democráticamente desde trabajadores y comunidades para afrontar todas las necesidades como la vivienda. En lo que respecta a los sueldos, incluso habría que subirlos, poniendo el mínimo en $550.000. Esta política, a nuestro modo de ver, no sólo responde a la miseria producida por los despidos y suspensiones; además, fortalece las filas de la clase trabajadora para luchar por sus demandas.
¿Pero los capitalistas van a estar dispuestos a acceder a estas políticas? Creerlo, sería iluso, porque este programa afectaría sus ganancias. Por esta razón, para poder luchar por este programa, necesitamos unir las fuerzas de todas y todos los trabajadores que quieran luchar e imponerle a los dirigentes burocráticos de los sindicatos como la CUT, la acción: preparar una huelga general para pelear por un plan de emergencia contra la crisis que incluya un ingreso de emergencia a todas y todos quienes se han quedado sin trabajar y para derrotar a Piñera y poner en pie una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana convocada por las organizaciones obreras y populares.
