Con varios motivos la Intendencia de Montevideo en coordinación con el Ministerio del Interior, MIDES e INAU intentó desalojar a familias trabajadoras que vivían en un edificio del centro de Montevideo, y una vivienda contigua al edificio con entrada independiente sin acceso al anterior. El primero fue la existencia de una boca de narcotráfico en el edificio, la cual ya fue desarticulada hace semanas, la policía y la IMM han montado un operativo para desalojar a las cinco familias que vivían en dicho lugar. El otro fue un “peligro de derrumbe” redactado a mano en un papel por parte de un arquitecto de la Intendencia de Montevideo.
Como resultado una de las cinco familias ha podido mudarse de apuro debido a la presión sufrida, quedando las restantes viviendo horas de angustia y desesperación por no tener a donde ir y con las intimidaciones de las autoridades estatales que amenazaron con un desalojo forzado.
Durante estas horas de tensión la mediación de la Directora de Políticas Sociales, Mercedes Clara, de poder permanecer algunos días más descomprimió la situación (pero sin garantías claras). Mientras que la alternativa que les presentaron durante estos operativos fue de derivarlos a un refugio, no una vivienda propia para las y los vecinos del edificio: “vinieron a las 7 y media de la mañana nos querían sacar con un camión de la Intendencia y la solución era un hotel del MIDES. Como no accedimos a la propuesta que ellos nos dieron , nosotros le dimos una propuesta de nuestra parte que es pelear por un techo, no por el edificio”. Estas, como cualquier persona lo que buscan es una vivienda digna, en cambio son expulsados por la articulación inter institucional, la especulación inmobiliaria y vecinos hostiles.
Según uno de los vecinos que forma parte del edificio ir a un refugio no es una solución: “esto no parece digno de nosotros que nos estemos separando de nuestras familias. Porque a mi me ofrecieron irme a un refugio y a mi señora con mi hijo de un mes le ofrecieron llevarla a otro lado, o sea separarme de mi familia. No me pareció una propuesta justa”. Estamos hablando de personas con niños y adultos que depositaron dinero para establecerse en ese edificio con el anhelo de tener una vivienda.
El operativo
El operativo sin precedentes comenzó desde las 7:30 de la mañana hasta las 9hs, por parte de la Brigada Antidrogas buscando una boca de venta desmantelada el 22 de abril, este operativo se caracterizó por la violencia ejercida contra los integrantes del edificio, ninguno vinculado con la boca de venta de drogas desarticulada semanas anteriores. Uno de los integrantes del edificio denunció a Reactiva Contenidos la violencia y el momento de angustia provocado por la Brigada Antidrogas: “Nosotros optamos por salir a la vereda a tomar mate a la hora que nos habían dicho que iba a ser el operativo para no mostrar resistencia; pero cuando pregunté a la policía si tenían orden me pusieron contra la pared, que era justo lo que no queríamos, porque los niños se impresionan y se ponen a llorar.”. Vale aclarar que la orden no la mostraron al momento del allanamiento y se equivocaron de dirección.
Por otra parte, otro operativo desde las 9hs hasta las 13hs con numerosos efectivos de la Guardia Republicana y personal de salubridad de la Intendencia de Montevideo, en procura del desalojo a 5 familias, con 20 personas de las cuales 7 son menores de edad. Este operativo contó con otros numerosos efectivos, llegando a cortar el tránsito de las calles adyacentes durante varias horas; pese a que ya estaban realizadas las tareas del desalojo.
Estos operativos no fueron advertidos con su debida anticipación, de un día para el otro les dijeron a los vecinos que se tenían que ir, ese es el trato dirigido por las instituciones a las personas humildes que buscan una vivienda en las zonas céntricas.
Una de las integrantes del edificio nos hizo sentir su sorpresa e indignación por realizar operativos de manera tan repentina y con tanto desprecio hacia las personas: “Pero si uno no tiene a donde ir, por más que seas mayor de edad y vos no tenés a donde ir, y te viene el desalojo a las 7 de la mañana; tenés que sacar todas tus cosas, no sabés qué hacer. Es como una desesperación, cómo le decía al Director de la Intendencia: es un acto inhumano sacar las pesonas para la calle como animales (...) sacar a la gente para afuera, en el medio de la pandemia, sin papeles, sin aviso, sin cedulón; es lo que nos alteró más a nosotros”.
Las excusas para las intervenciones
Las excusas fueron varias: la primera una boca de venta desarticulada días atrás, el 22 de abril. De esto se apoyaron los medios masivos de comunicación en el desalojo a las familias del día 12 de mayo para criminalizarlos y asociarlos con la boca de venta, en la que en palabras de Santiago González solamente encontraron marihuana para consumo personal, el gran allanamiento anunciado por el Director de Convivencia del cual ni el Ministro del Interior ni el Ministerio se han referido.
La otra fue un “peligro de derrumbe” enunciado por la Intendencia de Montevideo, y advertido por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior Santiago González. Los prejuicios de la presencia de familias humildes en un edificio céntrico ocupado o con dudas sobre su propiedad, generalmente se asocian al abandono y el descuido edilicio. Pero estas familias laburantes han puesto todo su empeño para poder realizar arreglos, en la que pese a haber algunos problemas estos pueden ser solucionables.
“Me dieron a entender que si me quedaba hoy se podría caer el edificio abajo, estoy hace un año, el mismo tiempo que están ustedes realizando el operativo para desalojarnos a nosotros. Ustedes estuvieron hace un año buscando soluciones para nosotros y nunca nos buscaron nada, ni se movieron” Nos mencionó un habitante del edificio.
Desde la Izquierda Diario pudimos acceder a registros que pueden poner en cuestión el “peligro de derrumbe” notificado irregularmente mediante una nota en un papel escrito a mano por un arquitecto de Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo, sin que les constate informe técnico. Generalmente esta es una de las excusas que utilizan las autoridades para iniciar un desalojo, como lo fue con el edificio CH-20 cuyos integrantes tuvieron el infortunio de ser familias trabajadoras humildes y residir en un lugar cuyo valor ha crecido.
El hostigamiento policial y de vecinos reaccionarios
Otro ingrediente bastante espeso y que no comenzó en este intento de desalojo, fue la hostilidad policial. Desde hace ya varios meses los vecinos desalojados nos mencionaron que sufren el hostigamiento de la policía: “hay policías con patrulleros que entraban a parar a la gente -incluso de noche y sin orden-, no se puede pasar por acá a faltarnos el respeto, querer parar y pegarnos palos”. Mientras que otro vecino nos comentó : “A veces nos paraban por aburrimiento, por diversión, yo entraba y salía todos los días y me paraban igual ¿cuál es el motivo de pararnos reiteradas veces?”.
Esto no es todo, nos comentaron que algunos vecinos de la zona son hostiles a las personas de ese edificio, incluso después que la boca de venta fuera desmantelada.
La criminalización que sufrieron en los medios masivos de comunicación por testimonios de odio hacia las personas trabajadoras, denota la menor preocupación por estas, basándose en fuentes policiales de las que sabemos para qué intereses juegan.
La balacera contra los habitantes del edificio
Pero acá no termina, la hostilidad llega al extremo de balear con 2 disparos de armas de fuego a una vivienda con personas residiendo dentro de ella, balas que por la dirección fueron disparadas desde el exterior por la calle Convención entre Canelones y Maldonado en la vereda frente al edificio. El hecho ocurrió durante la madrugada del 11 de abril y fue denunciado a Fiscalía; en exclusiva accedimos a varias fotografías que hacen testimonio de la feroz agresión que puso en riesgo a las personas residentes.
Los intereses inmobiliarios en juego, el desprecio contra los pobres de la ciudad
Los habitantes del edificio nos comentaron que tuvieron que depositar una importante cantidad de dinero para poder habitar este edificio, una estafa en la que las víctimas pasan a ser criminales. Ninguna solución real y el desalojo es lo único ofrecido.
Estamos hablando de una zona céntrica en la que hubo importantes construcciones en los últimos años. Cabe recordar que en la última década hubo varios desalojos a edificios ocupados en la zona Centro, Cordón y Parque Rodó, para demolerlos o refaccionarlos y con el objetivo de construir edificios exonerados de impuestos bajo la “Ley de Vivienda de Interés Social” destinadas a personas de alto poder adquisitivo, de esta manera son compradas y arrendadas a alto costo. La modalidad de desalojos de estas edificaciones son similares a la que intentaron utilizar el 12 de mayo: edificios ocupados o con deudas, demostrar un “peligro de derrumbe” muchas veces dudoso, y expulsar a los habitantes del edificios sin ofrecer alternativas de vivienda; este es el trato que tiene el Estado y la Intendencia de Montevideo a lo largo de los últimos gobiernos contra los pobres de las zonas céntricas.
En tanto el Ministro del Interior Jorge Larrañaga destacó en referencia a estos operativos de que: “No se puede premiar la usurpación”, “no puede generar privilegios”, “sino entonces es muy fácil: ocupo un lugar que no me pertenece, me quedo ahí, y cuando me sacan reclamo vivienda o reclamo esto o lo otro”. Larrañaga dando cátedra de manera bestial sobre el problema de la vivienda; sin embargo, se trata de familias trabajadoras estafadas a las que la única respuesta es la expulsión y la criminalización.
El problema de la vivienda y la respuesta expulsiva
La situación de estas familias es muestra también de la miseria y desigualdad social que sufren los sectores populares del país, con miembros que tienen apenas un trabajo precario o directamente son desocupados. También es el reflejo del problema de la vivienda y las condiciones miserables en las que se ven obligadas a vivir miles de familias.
La prepotencia policial coordinada con la Intendencia de Montevideo, hizo gala de una total impunidad, al intervenir sin documentación alguna que intente justificar tal atropello. Obligando a algunas de las familias a mudarse de apuro y a otras a sufrir horas de hostigamiento y abuso policial durante todo el día para que las familias se retiren del lugar.
Esta forma de proceder coordinada entre la policía y autoridades municipales se viene repitiendo en los últimos años en diferentes lugares del país, contando con el antecedente reciente en Cerro de los Burros en Maldonado y con el barrio Nuevo Comienzo en Santa Catalina durante todo el 2020.
En horas de incertidumbre los vecinos necesitan del respaldo de la comunidad, así como el repudio de organizaciones de DDHH y sociales ante esta prepotencia estatal y municipal.
El deseo de contar con una vivienda digna para poder vivir dignamente es lo que motiva a los integrantes del edificio desalojado a vivir allí. Lamentablemente el derecho de la ciudad termina cuando aparece la propiedad privada y los intereses de los empresarios urbanos, el Estado y la Intendencia dan suficientes razones para estar del lado de estos últimos; las territorialidades informales especulativas para que sigan acumulando sus ganancias a costa de la expulsión de los pobres de la ciudad.
¡La vivienda digna es un derecho! | 
