La Agencia Internacional de Energía, organismo dependiente de la OCDE, el “club de países ricos”, acaba de emitir un informe en el cual alerta que, si se pretende alcanzar la meta de neutralidad de las emisiones de dióxido de carbono para el 2050, tal como se propone el Acuerdo de París para evitar sobrepasar el umbral crítico de calentamiento global de 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial y sus catastróficas consecuencias climáticas, no solo es necesario dejar de construir ya centrales termoeléctricas de carbón sino que también se debe detener este año la explotación y desarrollo de nuevos proyectos gasíferos y petroleros.
En declaraciones al diario inglés The Guardian, Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE y uno de los economistas energéticos más importantes del mundo: “Si los gobiernos se toman en serio la crisis climática, no puede haber nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón, a partir de ahora, a partir de este año."
En el informe, titulado Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system (en castellano, “Limpieza a cero para 2050: una hoja de ruta para el sistema energético global”), que la misma agencia califica como histórico, se proponen además una serie de otras medidas complementarias de lo que debería ser un plan integral de transformación energética. En 400 ítems se refiere al abandono de los vehículos de combustión interna en favor de los eléctricos y la adopción de fuentes renovables de energía, principalmente solares y eólicas, como principal matriz de los sistemas de suministro eléctrico.
Según el ambicioso plan, para el 2050 se debería haber reducido en un 8% la demanda mundial de energía gracias a mejorías en la eficiencia y de este total un 90% vendría de fuentes renovables.
La Agencia Internacional de Energía fue fundada en 1974 por los Estados miembros de la imperialista Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a instancias de la crisis global del petróleo de 1973, con el objetivo inicial de asegurar el abastecimiento de petróleo, pero actualmente sostiene un discurso de seguridad y transición energética ligado a la crisis ambiental.
Aunque el informe detalla cómo la inversión en estos aspectos es una ganancia para el futuro, esta hoja de ruta choca con la realidad de un mundo convulsionado donde las grandes potencias y la clase empresarial privilegian sus propios intereses que suelen ser guiados por el interés de la ganancia en el corto plazo, haciendo que estos grandilocuentes anuncios generalmente queden en letra muerta.
Un ejemplo paradigmático de esto es la propia Argentina, donde mientras el gobierno proclama su adhesión a los compromisos ya limitados del Acuerdo de París y las promesas formales de reducción de emisiones de dióxido de carbono, apostó fuertemente por la extracción de gas y petróleo en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, mediante el método destructivo y contaminante del fracking, yendo exactamente en sentido opuesto al de su discurso. Todo esto con el único objetivo de la entrada de dólares para pagar la fraudulenta deuda externa.
Pero la distancia entre discurso y realidad no es solo Argentina. Como señala el mismo Biro, las sugerencias de la AIE no más que eso, sugerencias: “Nuestro informe no prohíbe a nadie nada. Si los gobiernos están planificando inversiones, depende de ellos. Pero si los gobiernos se comprometen con las emisiones netas cero, deberían ver cuáles son las implicaciones ". Mientras, el mismo The Guardian mismo señala que el Reino Unido está otorgando licencias para nuevos campos de petróleo y gas en el Mar del Norte, China está construyendo centrales eléctricas de carbón y las compañías petroleras aún están invirtiendo en nueva producción.
Si la crisis climática y la urgencia de medidas drásticas son una realidad inapelable ante la cual se levantan en todo el mundo millones de jóvenes, también lo es que las cumbres climáticas y discursos de promesas de un “capitalismo verde” de los gobiernos son una farsa para seguir privilegiando los negocios.
Solo la movilización popular y de trabajadores y sus comunidades podrán poner en marcha de un programa transicional para una verdadera transición energética basada en la reorganización racional y ecológica, que incluiría, entre otras medidas, la expropiación del conjunto de la industria energética, bajo la gestión democrática de las y los trabajadores y supervisión de comités de consumidores. De este modo el sector energético podría avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada, prohibiendo el fracking de gas y petróleo y otras técnicas extractivistas, permitiendo reducir drásticamente las emisiones de CO2 y desarrollando las energías renovables y de bajo impacto ambiental en consulta con las comunidades locales. Al mismo tiempo, se podrían reducir los precios abusivos de la electricidad.
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