El Banco de España presentó a finales de la semana pasada el informe anual económico de 2021, que supone, entre otras cosas, una auténtica amenaza respecto a los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores. El Informe propone una serie de reformas estructurales neoliberales que tratan de flexibilizar y profundizar aún más las reformas laborales, sin derogar aún por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
En lo económico el informe del Banco de España ha sido moderadamente optimista, aunque rebajando algo sus previsiones anteriores ante el mal comienzo del primer trimestre del año por la última ola del Covid-19. Durante la segunda mitad del año prevé un crecimiento de la economía española relativamente destacado, llevando al PIB anual al entorno del 6% de crecimiento (6,5% para el Gobierno, 5,9% para la Comisión Europea, y el propio Banco de España que anteriormente preveía un 6,8%). Aunque insiste, rebajando las expectativas, en señalar que hasta 2023 no se terminará de recuperar los niveles del PIB anteriores a la crisis de la pandemia.
El informe considera en paralelo que este crecimiento y la oportunidad que abrirán los 140.000 millones de los fondos europeos anti-covid, ponen a la orden del día la agenda de los “retos estructurales” que tiene por delante la economía española. Un eufemismo que esconde las recetas neoliberales clásicas: recortes a los derechos laborales, rebajas salariales y ataques a las pensiones.
El Banco de España se predispone a repetir la misma política que tuvo durante la crisis de 2008: guante de seda para los poderosos, los bancos y las grandes empresas del IBEX 35, puño de hierro para las y los trabajadores. En la crisis abierta con la quiebra de Lehman Brothers, el BE no solo no controló ni intentó regular mínimamente la burbuja inmobiliaria provocada por los bancos, sino que fue cómplice máximo de esas políticas especulativas que tanto daño hicieron a los niveles de vida de las clases populares, con miles de desahucios que pusieron en la calle a familias vulnerables y sin alternativa habitacional, y tanto benefició a la banca, incluyendo los 60.000 millones del rescate bancario. Todo lo que propuso fueron recortes sociales y padecimientos y miseria para las clases populares. Además, en plena crisis facilitó la salida a bolsa de Bankia con sus activos falseados y ocultando la quiebra en la que en realidad se encontraba. Eso por no hablar de la política de las preferentes, amparada desde el Banco de España, que supuso la ruina de miles de pequeños ahorradores.
Pues bien, ahora vuelve una vez más a la carga y aunque ha estado planteando durante estos meses atrás que era imprescindible incrementar el gasto público, ya venía advirtiendo en paralelo de la necesidad de acometer “reformas estructurales” para incrementar la productividad laboral, que traducido en román paladino, no podía suponer otra cosa que más recortes en derechos laborales, profundización de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, y rebajas en las pensiones, como se ha señalado.
Las recetas que plantea ahora el informe son ataques directos y profundos a la línea de flotación de derechos estructurales laborales básicos que se basan en gran medida en incrementar la flexibilidad y la desregulación del mercado laboral, bajo el cínico subterfugio de acabar con la dualidad del mercado laboral. Pero que, en realidad, lo que hacen es liquidar en gran medida la estabilidad de las y los trabajadores con contrato indefinido, abriendo la puerta al fuerte abaratamiento del despido.
Al final se trataría de lograr la práctica precarización del conjunto de las y los trabajadores, para incrementar el beneficio empresarial a costa de los trabajadores y aumentar la productividad. El plan es hacer que la liberalización y el abaratamiento del despido, unido a las políticas de los ERTE que, como dice la ministra de Trabajo Yolanda Díaz: “han venido para quedarse”, sirvan de conjunto para fomentar la facultad del empresario de poder disponer, en el más absoluto grado de libertad posible, de los trabajadores que saldrán y entrarán en el puesto de trabajo según sus propias necesidades y beneficios… y prácticamente sin costes. Y cuando sea necesario llegar al despido, lo será con condiciones prácticamente libres para el empresario, muy baratos o incluso costeados por el propio trabajador, si se aplica la llamada “mochila austríaca”. Mientras el Estado en el caso de los ERTE costeará en gran parte los gastos durante ese periplo y aún después de la incorporación de los propios trabajadores.
Pablo Hernández de Cos, actual gobernador del Banco de España mantenido en el cargo por el actual Gobierno pese a sus propuestas de política netamente neoliberales y antisociales -aunque la ministra de Economía Nadia Calviño no le va a la zaga-, considera que el crecimiento económico va a depender en gran medida de cómo se haga frente a problemas como la sostenibilidad de la Seguridad Social, la excesiva temporalidad, la baja productividad, la desigualdad o el sobreendeudamiento empresarial. Hernández de Cos trata quiere sostener, a toda costa, las ayudas públicas a las empresas, manteniendo que, aunque se incremente el nivel de inmunización de la población con las vacunas, no se haga una retirada prematura de los estímulos ante las amenazas todavía existentes para el impulso del turismo y el incremento del gasto de la población ante las posibles nuevas variantes de la covid-19.
Como vemos, la profunda preocupación del Banco de España no es la precariedad laboral, los incrementos de la población en situación de pobreza extrema, los niveles de economía sumergida, o la falta de recursos públicos ante una hacienda amenazada por los golpes de la crisis y la evasión fiscal de las grandes fortunas y empresas, en absoluto. Lo que le preocupa es que los fondos europeos lleguen rápido y con agilidad a las empresas y sirvan para engrasar las finanzas empresariales evitando descalabros y cierres empresariales. Así, en el informe reclama más recursos para ayudas directas a fondo perdido para las empresas, algo que por otra parte también reclamó Unidas Podemos. El BE solicita en este sentido que las ayudas directas a las empresas alcancen los 20.000 millones que, según sus cálculos, harían falta para sostener al tejido de empresas que sufren sobreendeudamiento, pero serían viables económicamente. El Gobierno se quedó en los 11.000 millones a este respecto, 7 mil para ayudas directas y los otros 4 mil para fondos dedicados a la solvencia financiera de las empresas (avales, quitas, préstamos participativos, etc.)
Hernandez de Cos reclama además que las ayudas se amplíen a otros sectores económicos, que no se limiten a los sectores más afectados, sino que se generalice en función del endeudamiento que sufran. Recordando que el cierre de empresas afecta a la cadena de valor y a las inversiones. Lo que podría lastrar los resultados de los bancos, restringiendo los créditos y abriendo la espita de una posible crisis financiera.
Mochila austriaca y otros recortes laborales y sociales son las recetas del Banco de España para la clase trabajadora
En el citado informe el Banco de España sugiere la implantación de la “mochila austriaca”, acompañado de una rebaja de las indemnizaciones por despido en un 50% de su coste para los empresarios. La “mochila austriaca” es un viejo revival del equipo económico de Zapatero que intentó introducir durante su mandado sin lograrlo, pero que posteriormente Sánchez incorporó primero en febrero de 2020, en un documento denominado “Agenda del Cambio” y, posteriormente, en un programa de reformas sociales enviado a Bruselas, allá por mayo de 2019, vendiéndolo increíblemente como si de una medida progresista se tratara. Sin embargo, pronto quedó al descubierto que en realidad se trataba de uno de los mayores ataques a los derechos de las y los trabajadores, y muy aplaudido por la CEOE por cierto, puesto que en realidad y sintéticamente, supone que el trabajador pagará su propio despido.
La “mochila austríaca” es un fondo que irá generando cada empleado de manera individual, a modo de un sistema de ahorro basado en aportaciones de capital del propio beneficiario. La cuestión clave es que de este modo el empresario podrá trasladar el coste del despido al trabajador, puesto que la dotación de ese fondo -que el trabajador se puede llevar a cualquier otro trabajo, o incluso al paro o a la jubilación-, como es lógico, saldrá de desviar un porcentaje de las posibles futuras subidas salariales que se pudieran lograr, y que establecerá el empresario sobre la base de algún tipo de negociaciones con la burocracia sindical. De modo que ese fondo se vea incrementado progresivamente. Unos recursos que no se podrán tocar, por mucha falta que hagan, hasta que el trabajador sea despedido o alcance la jubilación. Recursos de ahorro que mientras tanto estarán en manos de los bancos y de fondos de inversión de todo tipo, incluidos los buitres que nos desalojan de nuestras casas. Y todo bajo la propia supervisión del empresario que te explota, te precariza y te racanea el salario e incrementa la jornada todo lo que puede.
El Banco de España tiene el descaro en este caso de proponer como punto de partida del fondo un importe de seis días por año para la totalidad de los trabajadores, como adelanto de una parte del despido, que señala puede implicar un coste superior a los 7.000 millones de euros que las empresas se vienen gastando de media anualmente en despidos. Por ello solicita que el Estado ponga 8.600 millones para la transición a este modelo aprovechando los fondos europeos. Y como segunda medida reducir los costes del despido a la mitad: seis días para los contratos temporales, diez para el despido procedente y 16,5 días para el despido improcedente. Todo esto, según el Banco de España, con el objetivo de crear un sistema que “redistribuye y equilibra la protección del despido entre los fijos y los temporales, aumentando la protección de estos últimos, que suelen ser jóvenes y trabajadores con rentas bajas”. Increíble fórmula: en vez de subir las indemnizaciones por despido y acabar con toda precariedad laboral o incluso, prohibir los despidos, sobre todo cuando hay beneficios -como estamos viendo ahora con la Banca que va a despedir a un total de 18.000 trabajadores-, el BE propone destruir los derechos económicos que puedan proteger mínimamente el empleo, homologando la situación por abajo y precarizando en la práctica a todos las y los trabajadores.
Respecto a otras medidas laborales y sociales, el Banco de España plantea que se permita a las empresas que usen el marco laboral existente, es decir, mantener las reformas laborales, nada de derogarlas, sobre todo en el contexto de pandemia que el BE entiende debe suponer aumentar la flexibilidad empresarial en el manejo de las plantillas.
Sobre las cuentas públicas y su sostenibilidad, ataca cualquier revalorización de las pensiones según la inflación porque aumentaría mucho el gasto. Incluso también entra a considerar la reforma del sistema educativo de arriba abajo, es decir, que sirva para que las empresas dispongan de mano de obra servicial y productiva sin más objetivo que su viabilidad y aprovechamiento económico.
Este informe anual del Banco de España y las políticas “progresistas” neoliberales del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, son el marco en el que se van a apoyar las políticas de ataque, cada día más directo y en ofensiva, según se dispute quién va a pagar los costes de la crisis, a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y las clases populares. Esto pone a la orden del día la necesidad urgente de levantar un programa anticapitalista y de independencia de clase para impulsar la lucha de clases.
Para ello es imprescindible bregar porque cada pequeña lucha sea una gran batalla de clase, impulsando la coordinación y la autoorganización en los centros de trabajo, de estudio y en los barrios. El combate contra las burocracias sindicales, exigiendo el frente único para la lucha y desenmascarando sus capitulaciones, es parte central de esta tarea. Solo así podremos lograr que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas. |
