En las últimas semanas, docentes y estudiantes de la UNAM han sostenido un movimiento con la principal demanda de regularización de pagos y la basificación de todo el personal académico. En plena pandemia, salió a la luz que cientos de docentes no han recibido salarios o estos han sido percibidos incompletos. Esto a pesar de que los docentes tienen que financiar los insumos para las clases en línea, el aumento del costo de la vida y los múltiples problemas que presentó la pandemia.
El movimiento #UNAMnoPaga, ha sido nutrido por estudiantes, docentes y adjuntos de diferentes facultades y escuelas de la misma universidad. Las asambleas interUNAM donde confluyen estudiantes y docentes de diversas escuelas, comenzaron discutiendo la cuestión de los pagos y la precarización laboral que vive el personal académico.
Ahora, ante las recientes declaraciones del Rector Enrique Graue, este espacio ha comenzado a discutir si existen o no las condiciones para el regreso a clases e incluso medidas concretas para impedir que el semestre se “pierda” como amenazan las autoridades.
¿En qué contexto se intenta imponer el regreso a clases, la evaluación y la recalendarización?
Las autoridades buscan presionar para levantar los paros y eclipsar la lucha docente, en todas las escuelas donde existen o han existido paros. En algunos casos se presiona con regresar a clases, amenazando con no recalendarizar a pesar de ser una demanda de cientos de estudiantes. De esta manera buscan imponer un cierre de semestre con un ritmo frenético, una clara medida de escarmiento para estudiantes y docentes que decidieron luchar por condiciones laborales dignas.
En otros casos, como la facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Políticas, las autoridades pretenden a través de sus consejos técnicos, legitimar una recalendarización que no se adecua a lo que la comunidad demanda, aún frente al llamado de algunos docentes de implementar métodos de evaluación flexibles que no impliquen necesariamente alargar el semestre, ni mayor carga laboral.
Esta propuesta de recalendarización que implica pasar por encima del reducidísimo periodo vacacional que habrá antes que la Rectoría y el Gobierno Federal busquen imponer el regreso presencial, sin que la población este vacunada en su totalidad, medida que en otros países ya ha tenido resultados catastróficos, como reconfinamientos y crecimientos exponenciales de los contagios.
Es claro que, con las secuelas de la pandemia y varias semanas de paro, la labor académica es el último de los problemas que docentes y estudiantes vivimos.
Entonces queda la duda de ¿por qué evaluar a raja tabla, como si fuese un periodo de completa normalidad y no una crisis social y sanitaria de proporciones mundiales e históricas?
Si de por si estudiar es pesado, las clases en línea lo han hecho agotador, pasando horas frente al dispositivo haciendo tareas o asistiendo a las clases, el estrés que generan, la poca capacidad de enseñanza y aprendizaje, el pésimo servicio de internet, y un sinfín de problemáticas que conlleva el sistema en línea.
Es criminal que tras este contexto, al que se suma la deserción masiva, la dirección imponga más trabajo desdibujando un periodo donde se ha luchado por mejores condiciones laborales, haciendo como si “nada hubiera pasado”, generando un rezago y poniendo por encima la calificación sobre las demandas del movimiento.
Por ello la discusión no puede ser si recalendarización si o recalendarización no, si no qué tipo de recalendarización del semestre necesitamos.
Entonces, ¿qué sigue?
Para evitar los chantajes políticos de las autoridades, diciendo que vamos a “perder el semestre” y que podamos continuar con el periodo vacacional, el Pliego Petitorio de la InterUNAM redactado luego de horas de discusión entre docentes y alumnos propone implementar un semestre “fantasma”.
La propuesta consiste en que todo lo cursado durante la pandemia sea considerado como válido en caso de haber sido aprobado y contar con total reconocimiento de los créditos, pero en caso de no poderlo haber hecho, fuesen cuales fuesen los motivos, no conste en el historial académico, evitando así que se pierdan becas u apoyos académicos.
Quienes militamos en la Agrupación Juvenil Anticapitalista, acordamos con esta medida, pero también opinamos que debemos profundizarla. A esto, hay que agregar, que los semestres que transcurrieron durante la pandemia, no sumen al tiempo límite que cada programa educativo de la UNAM tiene establecido, es decir, que no afecten en lo más mínimo la posibilidad de regresar con inscripción plena cuando las clases presenciales sean seguras, evitando así una nueva oleada de deserciones académicas.
Ante el inminente regreso a clases anunciado por Rectoría para agosto, el movimiento tiene que dejar de estar dividido entre docentes y estudiantes, y empezar a organizarse en asambleas tripartitas, que abracen las demandas en general y se peleen en común. Pues sólo la unidad y la masividad podrán imponerle a las autoridades nuestras exigencias, así como la decisión de cómo y cuándo regresar a clases.
Es momento de fortalecer las asambleas existentes, con cuantos estudiantes, docentes o trabajadores gusten, lanzando consultas que permitan saber cómo opina la comunidad que se tiene que culminar el semestre, sabiendo y explicando detenidamente porque hay que tener modos de evaluación flexibles como el semestre “fantasma”, sin perder de vista nuestra lucha contra el fin de la precariedad laboral dentro de la universidad.
Es cada vez más urgente, que este movimiento sea mucho más grande, para que en conjunto podamos luchar por una educación pública y gratuita con salarios dignos a los y las docentes a nivel nacional. Cuestionando, porque son pequeñas burocracias doradas, con salarios exorbitantes quienes deciden por toda la comunidad y no un gobiernos de estudiantes, docentes y administrativos, con representación proporcional según el número de integrantes, quienes decidamos el rumbo de la UNAM.
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