Pasada la medianoche en plenario de comisiones, el oficialismo obtuvo el dictamen para que el proyecto que da mayor control al Gobierno de turno sobre el Procurador General y la Justicia pase a la Cámara de Diputados, donde no es seguro su aprobación. La izquierda rechaza la iniciativa y denuncia su peligrosidad.

Durante la madrugada de este miércoles, el Frente de Todos consiguió el dictamen para avanzar en el tratamiento del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. El mismo establece plazos para el cargo de procurador general y modifica los términos de elección, pasando a ser necesaria la mayoría absoluta (la mitad más uno en el Senado), en lugar de mayoría calificada (dos tercios de los presentes). Otras modificaciones respecto del funcionamiento actual es la posibilidad de suspender al jefe de los fiscales en caso de que se active el proceso de remoción, y acerca de quienes decidirían tal remoción, lo cual en el proyecto es dejado en manos de una comisión afín a quien esté en el poder ejecutivo en ese momento.

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Con cruces y chicanas oficialismo y oposición mantuvieron el debate más de cinco horas. En 2017 el macrismo había presentado un proyecto similar que recibió críticas por parte del arco oficialista (como el CELS) que son válidas ahora para el actual proyecto. En líneas generales, tanto el actual proyecto del Frente de Todos, como el presentado por el macrismo cuando era gobierno, buscan que el procurador general de la nación (jefe de los fiscales) pueda ser elegido con mayor facilidad por el poder ejecutivo de turno.

Desde la izquierda, el Diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda Unidad (FIT), advirtió que “este proyecto empeora aún más el sistema actual que elige al procurador a través de acuerdos entre los partidos mayoritarios en el aristocrático Senado, eliminando el requisito de los dos tercios de los votos para su designación. De aprobarse alcanzaría con la mitad más uno de los votos”. Añadió que “siempre hemos denunciado el Lawfare, así como la persecución a la izquierda y a dirigentes obreros y populares procesados por jueces que tienen el aval de los diferentes gobiernos que criminalizan la protesta”, y que “a las leyes reaccionarias la derecha les saca provecho”.

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Por eso adelantó que rechazará el proyecto y no aportará el quórum en la Cámara de Diputados. Recordó que “el macrismo impulsó un proyecto casi idéntico en 2017” y expuso “nuestro planteo es que la elección del procurador, jueces y fiscales se realice a través del sufragio universal y que perciban el salario de un docente. Basta de privilegios. Ese es el "consenso" que defendemos, y no el de la rosca bipartidista”.