El 2 de julio pasado fueron liberados los cuatro policías ministeriales que habían sido detenidos, por los hechos del 30 de junio de 2014. Acusados de tortura en contra de tres mujeres, alcanzaron una fianza de 60 mil pesos cada uno, debido a que la legislación vigente en el Estado de México considera estos crímenes como “no graves”.
En días siguientes a la matanza, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas felicitó a las fuerzas armadas por el uso de la “legítima defensa” para abatir a quienes desde entonces fueron tildados como “delincuentes”. Desde entonces, diversos medios publicaron investigaciones que ponían en duda la versión oficial: los orificios dejados por las balas no correspondían a la disposición de los cuerpos, se negaba el acceso a la información a los periodistas, todo apuntaba a una escena alterada ¿qué ocultaba el Ejército Mexicano?
Fue la declaración de una testigo la que terminó de confirmar las especulaciones: las víctimas fueron asesinadas después de ser interrogadas.
Tras la publicación de este testimonio, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam confirmó en conferencia de prensa que hubo una serie de irregularidades en los protocolos de actuación durante el operativo y que se había girado orden de aprehensión por homicidio en contra de tres elementos de la PGR, mientras que ocho militares se encontraban bajo investigación y serían tratados bajo el Código Militar.
Abatir sospechosos: nueva orden del Ejército
Esto, sin embargo, no termina por ser lo más preocupante del caso Tlatlaya. En una conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se exhibieron documentos castrenses, específicamente, una Orden de Relevo y Designación de Mando, emitida el 11 de junio de 2014 y dirigida al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez.
En dicha orden se lee al pie que: “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta orden, según el Centro Prodh, incita a realizar ejecuciones de civiles sin juicio previo ni presunción de inocencia, siendo suficiente ser considerado sospechoso de realizar alguna actividad ilícita, para lo cual la orden tampoco ofrece elementos.
El Centro Prodh añadió que no hay ley alguna que de facultades a ninguna instancia armada para “abatir” personas, por lo que esta orden no sólo presenta graves imprecisiones en cuanto a quiénes pueden o no ser considerados sospechosos, sino que permite graves violaciones a los derechos humanos.
¿Quién autorizó, pues, el contenido de esta carta? Diversos medios señalan el posible involucramiento de altos mandos no sólo del Ejército, sino del Gobierno Federal en la emisión de la Orden de Relevo y Designación de Mando.
Y para el pueblo: luto y subordinación
De esta forma y en menos de dos años, los tres poderes quedan de nuevo en medio del cuestionamiento más profundo. El poder legislativo avaló los atropellos del judicial y el poder ejecutivo encubre las grandes violaciones a los Derechos Humanos, ofreciendo una y otra vez “verdades históricas” llenas de contradicciones e inverosimilitudes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha jugado un papel tristemente célebre al ser cómplice del gobierno federal en los casos más graves de violación a los derechos humanos. En el caso de Ayotzinapa y de los 43 normalistas desaparecidos, jugó un rol lamentable por su tardía intervención y por no cuestionar la versión de la PGR. El informe sobre lo ocurrido en Tlatlaya tardó cuatro meses y en él se avaló la versión de que sí hubo ejecuciones tras la rendición y que elementos del ejército habían alterado la escena para respaldar la versión de un enfrentamiento. Solicitaron por medio de la recomendación 51/2014 se reparara a las familias de las víctimas y sobrevivientes.
Estas ejecuciones han atraído la atención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los casos Ayotzinapa y Tlatlaya fueron motivo para que 80 congresistas estadounidenses firmaran una carta a John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, en donde planteaban que la violación de derechos humanos en México presentaba un “patrón amplio” más allá de los casos más representativos.
Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a la militarización que dejó encausada en gobierno de Felipe Calderón: alrededor de 45 mil soldados patrullan el país actualmente. Esta política ha enlutado al páís y ha aumentado los índices de inseguridad y violencia. La estrategia de militarización responde a los dictados del imperialismo norteamericano para México, con tratados que, como el Plan Mérida, han subordinado nuestro país a intereses extranjeros. | 
