Los magistrados del Tribunal Supremo español dieron a conocer su oposición a indultar a los presos políticos catalanes. Lo hicieron antes de lo previsto y en medio de la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, donde la cuestión catalana estaba siendo el eje de ataques entre el Gobierno y la oposición.
"Ni se ha vulnerado el principio de proporcionalidad con las penas condenatorias ni existe prueba o indicio de arrepentimiento por parte de los 12 presos políticos catalanes", ha sido la valoración del Tribunal Supremo para oponerse al indulto, una decisión que se esperaba para mañana jueves o incluso viernes, pero que decidió adelantar al miércoles.
De este modo, los magistrados consideran que las penas a las que fueron condenados en su momento por sedición, malversación y desobediencia son proporcionales, y que además en este tiempo no existe indicio o prueba de arrepentimiento. Aclaremos que dicho juicio estuvo viciado desde el comienzo por serias irregularidades y arbitrariedades, por lo que se lo conoce como el "juicio farsa", desnudando el carácter represivo del mismo contra la lucha independentista que llevó adelante la gran mayoría del pueblo catalán en 2017.
A la cuestión de la proporcionalidad y la falta de arrepentimiento, los magistrados han agregado que los argumentos presentados para la petición de indultos desvirtúan el sentido de éste y que existe una intención del Ejecutivo de revertir una sentencia dictada desde el Tribunal Supremo.
La Sala en lo penal ha emitido este informe, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, donde rechaza conceder la medida de gracia. A esto hay que sumar la presión que desde inicio de semana está realizando la derecha y la extrema derecha españolas (representadas por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox), que siempre estuvieron en contra del derecho de los pueblos a decidir, así como de cualquier beneficio a los presos políticos.
Ahora la decisión está en manos del Gobierno de Pedro Sánchez que sobre su mesa tiene los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos. El presidente afirmó que “hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia” y que “tomará una decisión a favor de la convivencia de todos los españoles con independencia del número de escaños”.
El "socialista" Pedro Sánchez, en aquellos días calientes de 2017, apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitía al gobierno central, entonces en manos del derechista Mariano Rajoy, intervenir por la fuerza en Cataluña. Ahora, Sánchez decidirá sobre el indulto a los presos políticos, pero no sobre las bases de “concordia” o “convivencia” como afirmó este mismo miércoles en la sesión de control al Gobierno. Lo hará bajo las coordenadas del interés partidario y alineado con el régimen antidemocrático salido de la dictadura de Franco, es decir, alejado 180º de cualquier concesión al movimiento democrático catalán.
En primer lugar, si finalmente se decide por el indulto, éste solo será parcial, pues la ley no permite un indulto total de la pena cuando el juzgado sancionador está en contra. Por eso resulta casi una broma de mal gusto que hable de “concordia” o “convivencia", cuando los presos políticos llevan más de 4 años en la cárcel y miles de activistas y defensores del derecho a decidir del pueblo catalán han sido y siguen siendo víctimas de la represión policial y judicial desde entonces.
Pero además, el cálculo en La Moncloa es que, con la utilización política de los indultos, pueda enterrar definitivamente el movimiento democrático catalán. Para esto, cuenta con los servicios del propio gobierno catalán formado por ERC (Esquerda Republicana de Catalunya) y Junts (Junts per Catalunya), cuyo “nuevo” plan de ruta pospone in eternum el derecho a decidir de Cataluña.
Desde la Generalitat han reaccionado a los discursos de Sánchez asegurando que “el indulto será bienvenido, pero el objetivo es la amnistía”, pero hasta ahora las fuerzas independentistas no han hecho absolutamente ningún movimiento serio por sacar a los presos políticos de la cárcel. La estrategia del Govern, con el apoyo de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular, ala izquierda del independentismo), pasa por una mesa de negociación con La Moncloa en la cual está descartado hablar del derecho a decidir. La propuesta de las tres fuerzas independentistas, aunque con matices, pasa por una negociación con el Gobierno de Sánchez y una mediación de algún tipo de la “comunidad internacional”.
Los socios de Gobierno central tampoco han perdido oportunidad para pasear su hipocresía. Desde Podemos aseguran que ellos (por el PSOE) “se han movido del 155 al indulto, nosotros siempre estuvimos ahí”. Pero ni Podemos ni Izquierda Unida han realizado una sola acción, ni por los presos políticos, ni por todos los ataques represivos del régimen contra el movimiento democrático catalán. No lo hicieron desde Madrid, ni tampoco lo hicieron desde Barcelona, donde Ada Colau, como alcaldesa de la ciudad, miró y mira constantemente para otro lado. Una omisión que en el punto álgido, en 2017, los situó al lado del Régimen del 78, en la trinchera del PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, la Judicatura y la Corona. |
