El diputado Pablo Almeida y las diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, presentaron en la Legislatura porteña un Proyecto de ley que prevé “el pase al Ministerio de Educación de la Ciudad de los Centros de Primera Infancia dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a la fecha de la sanción”. Este traspaso permitiría convertir los CPIs en Escuelas Infantiles y Jardines de Infantes, que puedan hacer frente a la enorme falta de vacantes en la educación inicial y regularizar la precaria situación laboral que padecen cientos de trabajadores y trabajadoras de dichos centros.
En el presente proyecto se estipula el plazo de un año para el cumplimiento del traspaso efectivo y el pase a planta funcional del personal que actualmente pueda acreditar que cumple tareas en CPIs. Al respecto, la diputada Barry dijo que “no podemos aceptar que se contabilice como escolarizado a un niño o niña que ingresa a estos centros, ya que no tienen un seguimiento pedagógico formal, y es una forma de discriminación educativa de los sectores más vulnerables de la ciudad con la complicidad del estado”.
Y agregó: “La educación es una obligación indelegable del estado, por eso venimos participando junto con Myriam Bregman y con diversos colectivos educativos como el de Vacantes para Todes, con quienes hemos presentado amparos judiciales por vacantes y alimentación saludable en las escuelas, y acompañando los reclamos de la comunidad. En ese marco presentamos este proyecto”.
Actualmente, más de 8500 niños y niñas están inscriptos en los 75 CPIs de la Ciudad. Esta modalidad “educativa” se originó cuando un fallo judicial de 2006 obligó al Ministerio de Educación a informar anualmente la falta de vacantes educativas desde los 45 días hasta los 5 años de edad. A raíz de esto, en 2009 el Gobierno porteño optó por recurrir a centros ya existentes, generando unas guarderías concertadas entre el estado y organismos particulares, desligándose de la responsabilidad de la garantizar el derecho a la educación y también de la contratación del personal y la responsabilidad civil.
Esto sirvió para bajar drásticamente, pero de manera ficticia, las cifras de vacantes necesarias. En el proyecto se lee: “La precaria solución de los CPI tampoco resolvió el problema de la falta de vacantes. Dado que los reiterados pedidos de informes al ministerio de Educación a fin de conocer cifras oficiales de la fata de vacantes en la ciudad no fueron respondidos, nos vemos obligados a recurrir a la información que brindan los medios de prensa y organismos no gubernamentales”.
El gobierno, desoyendo absolutamente todas las recomendaciones pedagógicas de los distintos organismos nacionales e internacionales que confirman la importancia de la educación de Primera Infancia, decidió “tercerizar” el problema de las vacantes a instituciones no educativas. Como dice el proyecto: “La gestión social es un diseño que desde el ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad se impulsa para que luego sea adoptado por otros ministerios e incluso que se está extendiendo a otras provincias. Nos referimos a la tercerización de servicios de todo tipo a fin de favorecer por un lado el negocio privado de quienes terminan asociándose con el estado mediante convenios particulares. Por otro, lado se favorece la precarización laboral. Quienes trabajan en los CPI son contratados o directamente monotributistas, sin derechos laborales. Pero, además, los CPI significan una profunda discriminación hacia los sectores efectivamente más vulnerados a los que se los segrega a un espacio de personas en situación de vulnerabilidad, lo que supone en términos de socialización y de educación el refuerzo de su situación de tales”.
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