La imagen de Lara Arreguiz acurrucada en el piso del Hospital Iturraspe, en Santa Fe, recorrió de forma desgarradora el país. A sus 22 años falleció el pasado viernes, víctima de un sistema sanitario desfinanciado -ya colapsado en algunos lugares-, y de la falta de una vacuna que nunca llegó a recibir, a pesar de ser paciente de riesgo por diabetes. Su nombre quedará asociado a una tragedia que en nuestro país ya se llevó más de 76.000 muertos por coronavirus, muchos de los cuales podrían haberse evitado si la salud fuera un derecho y no un negocio.
En el marco de una segunda ola que golpea fuerte, su caso actúa como un recuerdo del carácter de las medidas que toman el Gobierno nacional y los provinciales. Las restricciones actuales aparecen como una respuesta precaria y tardía después de haberse negado a tomar las medidas que realmente hacían falta para no llegar a esta situación, como haber declarado de utilidad pública el laboratorio de Sigman donde ya se produjeron más de 60 millones de vacunas que nunca llegaron a la población que tanto las necesita, por no hablar del presupuesto de salud, que fue recortado para este año. Si Lara no tuvo a tiempo su vacuna y la atención médica que necesitaba, los responsables son claros. Tomar medidas de fondo es cada vez más urgente para que casos como el de ella no se repitan.
Medidas que no son solo sanitarias, sino también sociales, porque sin IFE, como es ahora por el ajuste, los más precarios son los que más pagan los platos rotos de la crisis. Esta semana salieron datos que tuvieron escasa difusión. De acuerdo a un informe del Observatorio Social de la UCA, la tasa de desempleo real alcanzó en el 2020 el 28,5 %. Se trata de un número muy superior al 11,6 % oficial informado por el Indec, pero mucho más cercano a la realidad, ya que incluye a toda la gente que se vio impedida de salir a buscar trabajo por la cuarentena o que se desalentó de intentar conseguirlo.
Según la misma institución, la pobreza alcanzó un 44,2 % a fin de año e incluso comprende a 4.320.000 de personas que a pesar de tener empleo están en esa situación. Se trata de un dato gráfico que muestra lo profundo de la precarización laboral y los bajos salarios.
Visto desde otro ángulo, el derrumbe del consumo también da cuenta de este marco: las ventas en supermercados tuvieron en marzo su mayor caída en 18 meses.
Si bien las estadísticas reflejan la situación de algunos meses atrás, el panorama lejos está de estar mejorando: la inflación de los primeros cuatro meses de 2021 fue del 17,6 %. El dato no solo echó por tierra los pronósticos de Guzmán sino también, más importante aún, la promesa de que los salarios, jubilaciones y planes sociales aumentarían este año su poder de compra.
La interna oficialista y la proclama del Día de la Independencia
En este marco, se conoció el pasado martes la llamada “Proclama del 25 de Mayo. Primero la salud y la vida, después la deuda. El presente y el futuro están en juego”.
Más allá de su pomposo nombre y retórica, no pocas fueron las interpretaciones que asociaron su salida a un capítulo más de la interna oficialista, en la cual, despejando el ruido, apenas si se discute cuánto se le regatea el ajuste al FMI, sin jamás cuestionar la raíz de la subordinación nacional que llevó a la decadencia actual.
Lo central del documento se reduce a pararse sobre la base del carácter ilegítimo de la deuda (aunque propone reconocerla en parte) como un argumento de peso para postular rediscutir las fechas y los montos de los pagos a los organismos financieros internacionales (suspendiéndolos mientras dure la emergencia sanitaria). La gravedad del diagnóstico que se hace es inversamente proporcional a la profundidad de las propuestas que se realizan. Es como querer curar el cáncer con una aspirina. La experiencia internacional abunda en recetas fallidas de este tipo.
Si el lector quisiera empezar por el final, el escrito termina con una mezcolanza de firmas que invita a dudar del carácter progresista de la misiva. Junto con artistas, intelectuales, periodistas o economistas, aparecen nombres de funcionarios actuales y pasados (como Gildo Insfrán o Amado Boudou) y de burócratas sindicales (Héctor Daer, Pablo Moyano o Hugo Yasky).
Es que la declaración juega una triple función política: por un lado, absuelve y preserva políticamente, con su silencio al respecto, a todos los dirigentes del peronismo que fueron cómplices del endeudamiento macrista que con tanta fuerza se denuncia, como Sergio Massa y todos los que le votaron leyes a Cambiemos en el Congreso Nacional, o los burócratas de la CGT y la CTA que firman el texto pero dejaron pasar todos los ataques del ex presidente del PRO.
Por otro lado, ubica al Gobierno del Frente de Todos como víctima de la pandemia y de la “herencia recibida”, callando que durante un año y medio la pobreza siguió aumentando mientras los poderosos siguieron ganando. Ni siquiera se menciona el presupuesto de ajuste 2021 y medidas como la eliminación del IFE que está golpeando a las mayorías en un momento muy crítico.
Sin embargo, lo principal es que en momentos claves de la renegociación de la deuda, el texto actúa como un factor de presión dentro de la interna del oficialismo, postulando por una negociación más dura con el FMI que la que proponen Alberto Fernández y Martín Guzmán, en vistas de que la aguda crisis social pone en riesgo, en lo inmediato, el resultado electoral (al atacar a la propia base social del peronismo), y más de fondo la llamada “gobernabilidad” en el marco de un mundo en crisis y una Latinoamérica convulsionada por la lucha de clases en los últimos dos años, como en Chile, Colombia o Bolivia.
A la vez, la interna oficialista juega el rol de contener adentro a los disconformes y generar la ilusión de que se disputa la orientación del Gobierno.
Sin embargo, de lo que se trata es de rechazar ese camino, que bajo una ideología posibilista, primero para ganarle al macrismo y después para mantener la "gobernabilidad", sostiene un sendero de pactar siempre con los poderosos, al costo de lo que ya es una histórica crisis social para las grandes mayorías.
La gravedad de la crisis precisa de medidas de emergencia hoy mismo que no pueden esperar ni un minuto más (como el IFE o las vacunas), en la perspectiva de una salida de fondo con medidas radicales como el desconocimiento total de la deuda ilegítima, sin pagar un solo dólar más, que reorganice las prioridades de la sociedad sobre nuevas bases, las necesidades de las grandes mayorías y no de las ganancias capitalistas.
Para ir en ese sendero, la inspiración no serán las proclamas firmadas con los burócratas de la CGT o la CTA, sino la lucha en las calles que se siente en las calles de Santiago de Chile, Cali o Bogotá. En nuestro país, los elefantes neuquinos son hasta ahora el punto más alto de respuesta a la crisis, camino que se hace necesario profundizar en todo el país. | 
