Durante el golpe de Estado, perpetrado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, en noviembre del 2019 en Bolivia, hubo muchas pérdidas humanas y cientos de personas detenidas y torturadas.
Uno de los actores principales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Senkata, Sacaba y Ovejuyo fue el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien se dio a la fuga el año pasado.
Durante las últimas horas se dio a conocer la noticia de que fue detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y un plan de sobornos desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 con una empresa con sede en Florida. Ese contrato millonario que había firmado habría sido para la compra de “equipos no letales y gases lacrimógenos”, según información vertida por el departamento de justicia de EE.UU.
Tras la noticia de la detención de Murillo, la Asociación de Presos Políticos y Torturados y la Asociación de Fallecidos de Senkata, se dieron cita a tempranas horas de la mañana del jueves 27 de mayo, a las afueras del ministerio de Justicia para exigir la extradición de Arturo Murillo. También exigen la detención de todos los ministros de Áñez que firmaron la promulgación del decreto 4078 que eximía a militares de cualquier responsabilidad penal y les otorgaba carta blanca para reprimir y masacrar. Del mismo modo exigen atención a sus demandas y que se dé celeridad a los procesos.
El secretario de Derechos Humanos de la Asociación de Preso Políticos y Torturados de Bolivia, Ayben Huaranca, señaló:
Hasta ahora no hay quien actué por nosotros. A un año y medio no tenemos resultados, por eso, el 17 de junio estamos presentando una demanda a nivel internacional porque en nuestro país no hay justicia.
Así mismo hace el pedido al Gobierno de Arce para que:
Todos los ministros que firmaron esa carta blanca para poder asesinarnos (…) tienen que estar en la cárcel, han firmado, ellos han autorizado a los policías y militares para matar.
Así también, la presidenta de la Asociación de Fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, asegura que seguirán pidiendo justicia y que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes. Pide que el ministro de Justicia, Iván Lima, avance con los casos. En sus palabras:
Queremos la extradición de Arturo Murillo, que sea juzgado allá (en Estados Unidos) y también aquí, por disparar a nuestros seres queridos. Pedimos que se haga justicia por estos asesinatos, (..) los fallecidos eran estudiantes, otros salieron de sus trabajos, se dirigían a sus casas a pie y fueron disparados.
Sin dudas la detención de Arturo Murillo por corrupción y lavado de dinero no es suficiente. Como señalan las y los familiares de las víctimas del golpe no deben quedar en la impunidad todos quiénes fueron parte de los crímenes de lesa humanidad y de la vulneración a los derechos humanos.
Es por eso que creemos que es urgente impulsar la movilización y la más amplia solidaridad con las víctimas y sus familiares por la exigencia de justicia, juicio y castigo a todos los responsables, así como por la exigencia de reparación a las víctimas. Pero es necesario que esta búsqueda y lucha por justicia sea con independencia tanto de la oposición que es la primera en buscar la impunidad de los responsables materiales y políticos de los crímenes de lesa humanidad pero también del MAS que como lo vimos, antes, durante y después del golpe, no ha dejado de negociar y conciliar con estos sectores lo que explica y pone en evidencia que vengan paralizando estos procesos.
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