La posibilidad de que el gobierno apruebe un indulto para los 9 presos políticos catalanes ha vuelto a encender una feroz campaña españolista azuzada por la Judicatura, la derecha y la mayor parte de los grandes medios de comunicación. Ni siquiera una medida de gracia mínima como ésta es aceptable para los sectores del búnker del Régimen del 78. La versión más hasta el final del discurso del 3-O de Felipe VI avalando el posterior golpe del 155 y el Juicio del Procés.
El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en contra. Un dictamen que, si bien no es vinculante, limita la posibilidad de indulto a un indulto parcial, en el que la pena de privación de libertad debería ser sustituida por otra y en la que la limitación de derechos políticos, inhabilitaciones para cargo público, se mantendrían. El PP y Vox vuelven a convocar manifestaciones de exaltación anticatalana, a las que ya han anunciado que se sumaran dirigentes de Cs, de nuevo el trío de Colón. Los de Casado además iniciarán una recogida de firmas, como la que realizaron contra el Estatut. Pretenden convertir una nueva ofensiva españolista en un acelerante de su ascenso electoral.
El gobierno “progresista” y las fuerzas que le brindan apoyo presentan la medida como una condición para “restablecer la convivencia” en Catalunya. Pero el posible cambio de postura del PSOE del 155 y la Abogacía del Estado que logró las condenas por sedición, se debe a un cálculo pragmático: sin consolidar el apoyo en el Parlamento de ERC y al menos una parte de JxCat, la posibilidad de fracaso de la legislatura y de elecciones anticipadas con las encuestas en contra se dispararía. Aun así, si finalmente se aplica esta medida aún está por verse, ya que la ofensiva de la derecha, la Judicatura y una parte significativa del mismo PSOE, puede llevar a que vuelva a desdecirse.
Unidas Podemos sigue sin salir de la línea oficial del gobierno del que es parte. La cuestión catalana ha sido y es el tema en el que el neorreformismo junto a IU y el PCE más han demostrado su integración en el Régimen del 78. No apoyaron el referéndum, llamaron a respetar y acatar la sentencia y en más de un año de gobierno han seguido avalando la existencia de presos políticos y centenares de procesados por la organización del referéndum y las movilizaciones que le siguieron. Ahora, saludan el indulto, al mismo tiempo que esperan que una medida así deje de nuevo en un cajón el resto de las demandas democráticas, como la amnistía o el derecho a decidir. Si al final el PSOE termina echándose atrás volveremos a ser testigos de un ejercicio de malabarismo para justificar cómo acatan semejante decisión.
ERC, JxCat y la CUP no se oponen a una medida que podría acabar con la privación de libertad, y exigen que la solución pase por la amnistía general de todos los presos y encausados catalanes y la celebración de un referéndum pactado. Unas exigencias que en el caso de los partidos que componen el nuevo govern Aragonés son un mero brindis al sol, pues la hoja de ruta del nuevo gobierno de la Generalitat es una vuelta al autonomismo y la gestión neoliberal de la Comunidad. En innegable que, si finalmente Sánchez decreta el indulto, el acercamiento entre el gobierno “progresista” y el de ERC-JxCat buscará la estabilidad de ambos y dar pasos hacia la restauración de la normalidad autonómica.
El consenso sobre la cuestión catalana ha sido tan amplio – desde Vox y Zarzuela, hasta el PSOE y hasta la complicidad de Unidad Podemos – y tan reaccionario, que hasta un gesto mínimo como la posible excarcelación de estos 9 presos políticos se presenta como una gran medida “progresista”. Por ello no podemos dejar de señalar el verdadero trasfondo: un restablecimiento del orden autonómico y cierre definitivo contra las aspiraciones democráticas del pueblo catalán. Así como que la medida de gracia deja intacta toda la Causa General contra el independentismo y el resto de las leyes y procesos contra otros muchos luchadores o disidentes políticos en todo el Estado español.
En Catalunya y en el resto del Estado las organizaciones de la izquierda, junto a los movimientos sociales y las organizaciones obreras, deberían tomar la defensa de los presos y encausados catalanes como una reivindicación propia. La lucha contra el independentismo catalán, como en otra época fue contra el vasco, se ha convertido en el laboratorio de ensayo de una batería represiva que ya se aplica en todo el Estado contra todo tipo de resistencia o disidencia política.
A la ofensiva de la derecha y las concesiones con trampa del gobierno “progresista” hay que responder peleando por la amnistía total para todos los presos políticos y encausados del movimiento independentista – más de 3.000 – pero también de quienes se enfrentan a juicios y multas por participar en bloqueos de desahucios, piquetes de huelga, manifestaciones... o por simples delitos de opinión por hacer un tuit, un artículo o una canción, como el rapero Pablo Hasel. Así como por la derogación de la Ley Mordaza, la enésima promesa incumplida por el PSOE y Unidas Podemos, la Ley Antiterrorista y todos los artículos liberticidas del Código Penal, como el de injurias a la Corona.
La amnistía, como el derecho a decidir, no será obtenida en una mesa de negociación con el PSOE y Unidas Podemos, ambos leales partidos de Su Majestad. Esta es solo la última ilusión mágica de un procesismo en decadencia. Para conseguir estas reivindicaciones democráticas no hay otro camino que reimpulsar el movimiento democrático catalán sobre otras bases, que las vinculen con la resolución de los grandes problemas sociales que la actual crisis ha agravado y que ERC y JxCat quieren gestionar como la anterior, por medio de la movilización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares, en una alianza fraternal con los del resto del Estado. |
