Frente a la continuidad de la movilización popular que no logra ser desarmada con la farsa del diálogo, y ayudado por la orientación conciliadora del Comité Nacional de Paro, el Presidente Iván Duque profundiza la vía represiva para acabar con la rebelión que inició el pasado 28 de abril.
En la jornada de ayer, la represión de la Policía (con uniforme y de civil) provocó decenas de heridos y varios muertos, además de nuevas violaciones a los derechos humanos, de las que ya hay cerca de 400 denuncias formales desde que empezó el estallido social.
Pero el derechista Duque abrió su alocución culpando a los bloqueos como actos delictivos que "impiden derechos de muchos" así como al "vandalismo" con el que trata de estigmatizar la protesta popular. Se trata de una campaña sucia que comenzó casi al mismo tiempo que las movilizaciones y que oculta descaradamente la represión estatal, que en muchos casos viene siendo literalmente salvaje.
Con estos argumentos el Presidente anunció el "máximo despliegue" militar en la ciudad de Cali, centro de la rebelión, y en todo el departamento del Valle del Cauca.
En horas de la madrugada se supo que la llamada "asistencia militar" también se aplicará a otros 7 departamentos, mediante el decreto 575/2021: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, además de varios municipios como Madrid entre otros. El decreto ordena a gobernadores y alcaldes coordinar las fuerzas policiales y militares para "superar la grave alteración de la seguridad" y "levantar los bloqueos y evitar nuevos".
Según el profesor de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional de la Universidad Externado, Jairo Libreros, citado por El Tiempo, "los militares no están autorizados en términos convencionales ni legales a intervenir en las manifestaciones o su disolución, tampoco a realizar requisas ni capturas", concluyendo que "Todo lo que hagan diferente a mirar el trabajo de la policía es una violación".
Pero lo cierto es que ayer a últimas horas de la noche, efectivos militares se encontraban desplegados en distintas rutas y puntos estratégicos del Valle. Las amenazas de militarizar la represión se vieron ya a principios de mayo cuando Duque lo mencionó frente a las "alteraciones al orden público" y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo solicitó explícitamente. Pero en los hechos no había sido más que simbólico.
Ahora, tras varias semanas de campaña sucia contra las manifestaciones, y luego que las organizaciones que componen el Comité Nacional de Paro (las centrales obreras entre otras) lograron que la mayor parte de las movilizaciones se limite a actividades artísticas, aislando en los hechos a los sectores más combativos, Duque se siente suficientemente fuerte como para dar este paso adelante en una mayor represión.
Es, además, una exigencia que vienen haciendo los sectores más de derecha, como las patronales que ven afectadas sus ganancias por los bloqueos, o el ultraderechista y expresidente Álvaro Uribe que viene presionando por una política todavía más represiva.
En su discurso, así como en el decreto 575, Duque explicitó el rol de los militares en facilitar la captura de los "vándalos", por lo que no sería extraño que en los próximos días comience una "caza de brujas" en Cali y otras ciudades clave de la rebelión.
Lo único que puede frenar el avance represivo es la movilización y organización de los sectores en lucha. A la vista está a quién favorece el "diálogo". El Comité Nacional de Paro debería romper de inmediato toda negociación con el Gobierno hasta que retire a los militares, cese la represión y se liberen a todos los y las detenidas.
Eso sería el primer paso para redoblar la movilización con un plan serio de efectivizar un verdadero Paro Nacional para alcanzar las demandas de la rebelión y echar al gobierno represor. | 
