Como nos han dicho las cifras expuestas en diversos estudios y medios de comunicación, en Chile, casi uno de cada tres colegios no tiene acceso a internet, lo que equivale a 2.680 establecimientos, de estos, el 47% son rurales. Sumado a esto, tampoco las familias cuentan con aparatos tecnológicos para todos los estudiantes, en muchos casos hay más de dos estudiantes por familia y tienen que compartir un computador, o una tablet o conectarse con el celular de algún familiar o directamente no se pueden conectar.
A esto se suma la cifra de deserción escolar, aumentando este año en 40 mil niños y jóvenes que abandonaron sus estudios y que se suman a los 186 mil del año pasado. Todo esto proyecta una baja importante de población educada de aquí a unos años más, algo que afecta principalmente a la población más pobre y precarizada, trabajadora, que no cuentan con los recursos para costear un aparato tecnológico por hijo, un plan de internet que sostenga la educación online y un espacio adecuado para que los estudiantes puedan desarrollar sus clases.
Las y los profesores y trabajadores de la educación también han pagado los costos de esta crisis educativa, siendo vapuleados por la derecha con dichos como el de Moreira de que “son flojos” o el del Ministro de economía, Luis Palacios, de que “buscan por todas las maneras no trabajar”. Algo que solo refleja la ignorancia de este sector al respecto de la educación pública, muchos docentes han sacado de sus bolsillos para costear mejores aparatos tecnológicos, una conexión de internet de calidad e incluso organizando ayudas para las familias de sus estudiantes, mientras el gobierno con Figueroa solo se atiene a llamarlos a volver a trabajar presencial.
Es escandaloso ver que al gobierno criminal de Piñera realmente no le importa y no conoce la realidad de la educación pública, menos lo que acontecen las familias de la comunidad educativa, que son en su mayoría trabajadoras y de sectores precarizados, que han sido víctimas de los despidos y suspensiones, han sido afectados por el Covid-19 teniendo que acudir a la salud pública que está colapsada, pagando todos los costos de esta crisis.
Aunque se vuelva a clases presenciales con todas las normas tecnológicas y sanitarias posibles (algo que debe implicar una inyección de fondos estatales importantes) si no se transforma el sistema educativo que hoy se basa en el mercado; en los resultados numéricos; en la precariedad de las condiciones de trabajo de los docentes y demás trabajadores de la educación; en un sistema con gobiernos internos autoritarios, etc. Seguirán existiendo problemáticas y desigualdad. Por eso es necesario que la educación municipal vuelva al Estado, sin despidos y sin una nueva deuda externa, que sea gratuita y de calidad financiada por el Estado.
Por lo pronto se debe asegurar conexión de internet y medios tecnológicos para toda la comunidad educativa y que se cumplan todas las normas sanitarias y estructurales para la vuelta a clases presenciales. La educación es un derecho, que ningún estudiante se quede afuera. |
