Las elecciones más grandes de la historia de México plantean la necesidad de un análisis marxista de la realidad nacional, y abre un debate estratégico entre las organizaciones que nos reclamamos socialistas y revolucionarias.
El 6 de junio, en un contexto signado por la pandemia y la crisis económica, se desarrollarán las elecciones de medio término. Nadie parece dudar de que el oficialismo obtendrá un triunfo en las urnas; lo que está a discusión es el alcance de éste y lo que está detrás, en cuanto al estado de ánimo de las distintas clases sociales y las expectativas que generó el gobierno de AMLO.
Hasta ahora, todo indica que la coalición oficialista mantendrá la mayoría absoluta en el Congreso, aunque está por verse si el Morena quedará por debajo del umbral de los 251 curules y dependerá de la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista para garantizar la agenda legislativa. También está en discusión cuántas gubernaturas obtendrá la formación guinda. De las 15 en juego, podría ganar de 7 a 11 estados. El resultado ampliará, en el ámbito de los poderes estatales, el peso del oficialismo.
Aunque éste le sea favorable, no contendrá, evidentemente, la carga de ilusiones y expectativas populares con las que AMLO inició su mandato. Pese a que el presidente goza de un 61 % de popularidad (como en los inicios de la pandemia, menor a los niveles de inicios de este año) y Morena tiene un 40 % de intención de voto, similar a la última elección presidencial, en estos tres años el gobierno experimentó desgaste, particularmente en relación a sectores de la clase trabajadora, la juventud y el movimiento de mujeres.
La coalición opositora pretende aprovechar esto, para recomponer sus debilitadas fuerzas, mantener algunos de los estados en disputa y conservar cierto poder de negociación parlamentario. Nunca como ahora, y después de la debacle del 2018, fue pertinente, para el PRI, el PAN y el PRD, la frase de “no los une el amor, sino el espanto”.
Para el gobierno está en juego si mantiene su peso hegemónico y amplía aún más sus posiciones institucionales. En ese marco se verá si existe desilusión en su propia base electoral, a raíz de su manejo de crisis sanitaria y económica, el aumento de los feminicidios y de la violencia. Será un test importante el de la zona metropolitana, donde la tragedia de la Línea 12 expuso la negligencia criminal por parte de los funcionarios capitalinos, tanto los que militan en Morena como quienes hoy están en la oposición.
En estas circunstancias, es fundamental un análisis marxista de la política gubernamental, base para sostener una perspectiva independiente, socialista y revolucionaria.
Elecciones y pandemia, entre la continuidad y la retórica “progresista”
Es evidente el carácter de clase de los partidos de la oposición. Independientemente del cinismo y la demagogia que los define en los procesos electorales, los hoy opositores fueron los artífices de las reformas estructurales, la militarización del país y la impresionante entrega fraguada bajo el neoliberalismo y la llamada “integración” productiva y comercial que inauguró el Tratado de Libre Comercio, que en los últimos años fue sustituido, trasvasando los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, por el T-MEC.
Por su parte, AMLO traza abismos entre las promesas y su discurso “progresista” de un lado y sus medidas “austeras” del otro. Esto se expresó en toda su dimensión durante la pandemia.
Veamos algunos de sus puntos más críticos, que configuran los límites de un “progresismo austero”, que con una mano da planes sociales -insuficientes para elevar el nivel de vida de las masas- mientras que con la otra sostiene en lo esencial la precarización laboral y la creciente subordinación al imperialismo estadounidense impuestas con los planes neoliberales.
La crisis humanitaria abierta con los migrantes en la frontera norte y sur es una de sus expresiones. Continúa la función del gobierno de AMLO como gendarme del imperialismo estadounidense, antes gobernado por el partido republicano con Trump y ahora por el partido demócrata, por Biden, que mantiene detenciones y deportaciones.
La estela de más de 222 mil personas fallecidas -según las cifras oficiales- al momento de cerrar este artículo es parte del enorme costo social de la pandemia por covid-19, que llegó a este momento con un sistema de salud en estado crítico. AMLO y su alfil López-Gatell responsabilizan a los gobiernos del PRI y del PAN de la crisis sanitaria. Esto es un elemento cierto, ya que con la reforma de la Ley del Seguro Social en 1997 -impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo (PRI)- y del ISSSTE en 2007 -bajo el gobierno de Felipe Calderón (PAN)- se recortaron los ingresos a la seguridad social, al tiempo que avanzó la subrogación de servicios. En paralelo a esto, la generalización de la precarización laboral con el outsourcing y la informalidad -que privó de prestaciones como el seguro social-, dejó fuera del sistema de salud pública a parte importante de la población trabajadora. Sin embargo, lo que no dice el gobierno es que esta herencia neoliberal no fue trastocada. Además, su gestión de la pandemia se caracterizó por la negativa a realizar pruebas masivas, falta de seguimiento a contactos de casos confirmados, insuficiencia presupuestal, persistencia de contratos temporales en el sector salud y una lenta campaña de vacunación, sometida a la impronta de las trasnacionales farmacéuticas, la cual se aceleró un poco en las cercanías de los comicios.
En pleno auge de la pandemia, el gobierno declaró a la industria maquiladora, construcción y minería como esenciales, producto de la presión de trasnacionales y el gobierno estadounidense ya que la parálisis de la industria afecta la cadena de valor que se extiende entre México, Estados Unidos y Canadá. En un acto perverso, AMLO y López-Gatell justificaron la apertura económica en nombre de la necesidad de ingresos de las y los trabajadores, pero en realidad beneficiaron a los empresarios. El gobierno sacrificó vidas obreras para mantener la economía funcionando, como sucedió en la industria maquiladora, donde las naves industriales fueron focos rojos de contagios.
Mientras en sus discursos AMLO promete gobernar “para ricos y pobres”, dejó pasar despidos y recortes salariales, y en el caso de las y los trabajadores estatales los aplicó. De acuerdo con un informe de la OIT [1], sólo 50.3 % de las y los trabajadores están cubiertos por algún beneficio social, por debajo del promedio de la región América Latina y el Caribe, que es 61.4 %, y en el primer trimestre 2020 la tasa de informalidad ascendía a 50.6 % de la población económicamente activa.
Es el sector estatal el más golpeado por los recortes presupuestales realizados en nombre de la “austeridad republicana”. Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se aplicó una política de achicamiento del Estado, con un doble movimiento: privatización de las paraestatales con sus consecuentes despidos -en estas empresas laboraban más de 1,500,000 trabajadores y se redujo a poco más de 500 mil, y descentralización -los gobiernos estatales y municipales absorbieron parte de esos trabajadores despedidos. Las formas de contratación donde el Estado no figura como empleador -como los contratos de prestación de servicios profesionales- se han mantenido en el gobierno -y también en los estados gobernados por el Morena-, y además despidieron cientos de miles de trabajadores que laboraban bajo esas modalidades de contratación antes de la pandemia y durante ésta.
Entre los ataques a trabajadores, uno de los casos más emblemáticos es el caso de la Agencia Estatal de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. En 2020, con Sanjuana Martínez como directora, impuso 245 despidos injustificados y distintas violaciones al contrato colectivo de trabajo, bajo argumento de la implementación de la llamada austeridad republicana del gobierno de la 4T. El objetivo del gobierno es reducir al sector basificado o crear contratos a modo con sindicatos blancos. Ante esta situación, el 21 de febrero de 2020, el SutNotimex estalló una huelga que hasta ahora continúa, mientras el gobierno redobla la ofensiva a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recientemente exigió medidas cautelares para Sanjuana Martínez, por presuntas amenazas y vulneraciones a sus DDHH. Esto mientras la Unión de Trabajadores de México (UNT), de la cual es parte el SutNotimex, mantiene la huelga aislada, como parte de la reaccionaria tregua pactada con el gobierno.
Párrafo aparte merece la regulación del outsourcing, según la cual permanecerá, de acuerdo con este pacto, la subcontratación de servicios u obras especializadas distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, y la de los servicios compartidos entre empresas, así como la prohibición de la subcontratación del propio personal. Esto implica que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, responsable de la muerte de jóvenes trabajadores durante la pandemia, podrá mantener call centers que contraten por outsourcing a sus trabajadores. De la mano de esto, se limita el reparto de utilidades: en vez del 10% de las ganancias de las empresas, son tres meses de salario como máximo o el promedio de la participación de los últimos tres años. Ambas medidas son acuerdos a los que llegó AMLO con los empresarios, para mantener esta herencia neoliberal.
Respecto a la situación de las mujeres, la política del gobierno ha sido hostil. Mientras persisten feminicidios y desapariciones, la respuesta gubernamental es la represión: vallas, gases, golpes. Esto al mismo tiempo que AMLO en varios discursos desafortunados ha minimizado la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres y recortó presupuesto para las estancias infantiles y programas de atención a víctimas de violencia.
Si algo destaca bajo el actual gobierno es el poder otorgado a los militares, en los cuales se apoya. Desde su retórica “los soldados son pueblo uniformado”, pretende barrer debajo de un tapete agravios históricos como la masacre de Tlatelolco y la participación del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con la creación de la Guardia Nacional -comandada en los hechos por la cúpula militar e integrada en gran parte por militares y marinos- AMLO buscó mejorar la imagen de la institución y ponerla al servicio de perseguir y hostigar los migrantes que intentan llegar a la frontera norte. Pero esa no fue la única medida: seguridad pública, resolver logística de oficinas civiles del Estado -como la campaña de vacunación contra covid-19 o la administración de oficinas migratorias-, construcción -cuarteles de la Guardia Nacional y sucursales del Banco del Bienestar-, y negocios públicos -como la administración de puertos o del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles- son tareas encomendadas a las fuerzas armadas. Para los uniformados no aplicó ninguna medida de austeridad, al contrario. Está previsto que el ejército reciba las ganancias del Tren Maya, por ejemplo. Todas medidas que refuerzan el perfil bonapartista del gobierno, cuando una de las promesas de campaña de AMLO fue sacar de las calles al ejército.
Aún cuando la derecha -nacional e internacional- y sectores de los empresarios critican al gobierno respecto a algunas de sus políticas, lo cierto es que las medidas enunciadas arriba dan cuenta de que AMLO gobierna al servicio de los negocios capitalistas y mantiene la subordinación al imperialismo estadounidense. Esto más allá de sus formas y su retórica, dentro de las que destaca la idea de inscribir a su administración en la continuidad de Juárez, Madero y Cárdenas.
El cardenismo y la “nueva política” de AMLO
El 19 de octubre de 2020 durante el acto oficial por el aniversario luctuoso de Cárdenas, AMLO sostuvo que sus principios éticos y políticos están vigentes y son necesarios “Su memoria es una presencia entrañable e irrenunciable en la nación que estamos construyendo”. En enero de este 2021, se refirió a Lázaro Cárdenas como “el mejor presidente de México del siglo XX” y señaló que, al principio de su gobierno, “Cárdenas se dedicó a atender al pueblo de México, a obreros y campesinos. A los obreros los apoya, los protege y los defiende. En la segunda parte de su gobierno organiza al pueblo en la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México. Luego se aplica a la recuperación de bienes de la nación que había entregado Porfirio Díaz. Como parte de esto, lleva a cabo la expropiación petrolera.”
En más de un sentido, la figura de Cárdenas es uno de los referentes del gobierno de AMLO, en un contexto histórico-concreto muy distinto -no estamos en un período de recuperación económica, la composición de la clase trabajadora se modificó, la integración económica de México con EEUU y Canadá ha alcanzado niveles muy superiores a los que había en la década de 1930-. Las infinitas giras por el interior del país, tan reivindicadas por AMLO quien busca repetirlas, fueron uno de los pilares de la política de masas del cardenismo [2]. Y esta forma de hacer política, que está lejos de ser “nueva”, tiene sus razones para nada desinteresadas. Como señala Arturo Anguiano respecto a Cárdenas “al vincularse de un modo estrecho con las masas, al entablar una relación permanente con ellas, tendrían los funcionarios posibilidad de encauzarlas por los senderos institucionales, de controlarlas y regular sus luchas, apagando sus ímpetus rebeldes y conquistando una base social de apoyo” [3].
Aunque no ha llevado a cabo ninguna expropiación petrolera como la de Cárdenas, AMLO promueve también la organización de los trabajadores, a su manera, con la reforma laboral realizada en nombre de la “democratización de los sindicatos”, que nació amordazada por las prerrogativas con las direcciones sindicales actuales -deciden si se ejerce o no el voto secreto en la elección de dirigentes sindicales, deciden dónde se vota y también están a cargo de la contabilización de los votos-. La reforma de AMLO busca crear base social del gobierno entre los trabajadores, contener cualquier conato de radicalización y profundizar la subordinación de las organizaciones sindicales al Estado, sobre todo teniendo en cuenta que hay cierto desgaste de algunas direcciones sindicales, en particular aquellas que fueron adeptas a los gobiernos del PRI y del PAN, como es el caso de la CTM. [4]
Lejos de todo romanticismo melancólico, una medida progresista como la expropiación petrolera tuvo su correlato en el completo dominio sobre los trabajadores petroleros, un sector estratégico de la clase trabajadora. En septiembre de 1937, los obreros de Poza Rica se fueron a la huelga mientras se esperaba el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje sobre el conflicto entre el sindicato y las empresas. “Lázaro Cárdenas criticó públicamente tanto la actitud de los trabajadores por ‘la falta de cohesión de los distintos organismos’ integrantes del sindicato petrolero, como la de las empresas por su ‘obstinado afán de mantenerse en sus posiciones unilaterales desdeñando toda transacción’. Pero insistió en subrayar ‘la indisciplina de las secciones’ del sindicato y sus ‘actitudes parciales’ que ‘parecen más bien tendientes a favorecer los intereses capitalistas […] con la finalidad de impresionar al país en contra del movimiento obrero general’. Llamó a las organizaciones obreras a ‘orientar su acción en un sentido de colaboración con el gobierno, atendiendo a que no están viviendo dentro de un estado conservador’”, como narra Adolfo Gilly [5]. Este autor señala que se dio en ese momento una convergencia entre los trabajadores y el gobierno, pero que cada parte tenía visiones e intereses propios frente a las empresas extranjeras. Y esa fue la base sobre la cual Cárdenas llevó a cabo la expropiación, pero una vez decretada la medida, se prohibieron las huelgas en el sector [6].
La política gubernamental hacia los ferrocarrileros no fue mejor. El 18 de mayo de 1936 estalló una huelga de ferrocarrileros por el pago del séptimo día, que estaba contemplado como una adición al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo promulgada por el general Cárdenas el 20 de febrero de 1936. La Junta de Conciliación y Arbitraje dictó que las exigencias de los trabajadores no eran viables porque la capacidad económica de la empresa era la misma que la de 1935. El día del estallamiento, Cárdenas conminó a los trabajadores “En mi gestión como encargado del Poder Ejecutivo Federal, creo haber dado inequívocas muestras de mi propósito de luchar por el mejoramiento de las clases trabajadoras, y estimo que estas circunstancias me dan el derecho de reclamarles su cooperación. Concretamente, me dirijo a los trabajadores ferrocarrileros y los exhortó para que, persuadidos de las razones que ha tenido el poder público para obrar en la forma en que lo ha hecho, y con clara conciencia de sus responsabilidades, acaten la decisión pronunciada por los tribunales del trabajo, reanudando sus labores en el importante servicio que tan estrechamente se encuentra vinculado con la marcha de la economía del país.” [7] El día 19 de mayo, el comité de huelga acató el fallo, subordinado a la postura de la CTM de que oponerse a Cárdenas era alentar el crecimiento de los partidarios de Plutarco Elías Calles, representante de los intereses de las empresas extranjeras. Es innegable que en la década de 1930 la subordinación del Partido Comunista al gobierno cardenista marcó una impronta de colaboración de clases al movimiento obrero que ha llegado hasta nuestros días.
Repitiendo como farsa lo que ayer fue tragedia, la mayoría de las direcciones sindicales que se reclaman democráticas y la izquierda reformista se subordinan a la política de López Obrador. También muchos que se reclaman socialistas revolucionarios, como veremos a continuación.
La izquierda: independencia de clase o subordinación al Morena
Entre los agrupamientos que se reivindican socialistas existen quienes proponen el voto a candidatos inscritos en las listas de Morena. Por ejemplo La Izquierda Socialista (LIS) e Izquierda Revolucionaria (IR), dos de los fragmentos que quedaron de la larga crisis y división de la corriente Militante. También la Corriente Socialista Revolucionaria (CSR), que según su propia página, agrupa a partidarios de la “Cuarta Internacional (Secretariado Unificado)” en México. Esto va más allá de una “opción táctica” para dialogar con las bases morenistas, y como veremos muestra el abandono de una política de independencia de clase [8].
Los grupos mencionados parecen compartir la idea de que el gobierno de López Obrador está posicionado entre la clase dominante y las clases explotadas, maniobrando entre ellas, en una suerte de equilibrio. De esto se desprende una interpretación que afirma -según opina por ejemplo Izquierda Socialista- que cuando AMLO lleva adelante determinadas políticas, no es el resultado de una orientación de clase, sino a que cede ante la presión de los capitalistas, o bien de un “ala proempresarial infiltrada en el Morena”, para empujarlo hacia la derecha. Esto se combinaría con que, en determinados momentos, “trastoca intereses políticos y económicos de la burguesía”, según otro de los artículos citados.
Para justificar esto, se caracterizan las medidas gubernamentales de una manera sumamente indulgente. En el caso de la CSR, el despido de cientos de miles de estatales es el resultado de que “sus políticas anti-corrupción se han realizado con machete en lugar de bisturí”; la subordinación vergonzante a Trump se lee como “se sigue aceptando cierto nivel de sometimiento hacia Estados Unidos”. La actitud criminal que reabrió las fábricas es “permisiva ante la patronal”. Tras esta visión edulcorada, brilla por su ausencia una definición marxista del carácter del programa y la política de este gobierno “progresista”.
Sin duda, la relación con el empresariado no está exenta de matices; mientras Carlos Slim, Salinas Pliego y otros, mantienen una cercanía privilegiada con AMLO, otros sectores patronales cuestionaron aspectos de su política económica y social, lo cual encontró una actitud contemporizadora por parte del presidente. Pero dar cuenta de ello no puede llevarnos a embellecer la política gubernamental; sino a comprender las formas específicas que asume. Llegado al poder basado en grandes expectativas populares, López Obrador tuvo que desplegar un nuevo discurso, puntuales medidas sociales y económicas para contener las ilusiones de las mayorías y una política que busca modificar los márgenes del estado en el terreno de la llamada soberanía energética.
Estas medidas son limitadas, además de inferiores a las que llevaron adelante otros gobiernos burgueses “posneoliberales” en la región. Tampoco suponen un cuestionamiento profundo de la entrega al imperialismo de los recursos naturales perpetrado con las llamadas “reformas estructurales”. En definitiva, no ponen en cuestión, ni son contradictorias, con el carácter esencial de una política que busca preservar los intereses de los capitalistas.
Los marxistas sabemos que, en determinados momentos, un gobierno burgués puede tener matices e incluso roces con sectores determinados de la burguesía, lo cual no no invalida que defienda estratégicamente su dominación social. La discusión en torno al outsourcing es un ejemplo; lejos de ser una muestra de “las medidas de izquierda” de AMLO (como sostiene increíblemente la CSR) legalizó sin mayores costos para la patronal la precarización, que es piedra de toque de las ganancias empresariales en el país.
En este punto, como estamos discutiendo con corrientes que se consideran socialistas revolucionarias, cabe recordar que León Trotsky, cuando hablaba del gobierno de Cárdenas, y de medidas progresivas como la nacionalización de las compañías ferrocarrileras y petroleras [9] no dudaba un minuto en conceptualizarlo como un gobierno nacionalista burgués. Su caracterización de “bonapartismo sui generis” estaba al servicio de plantear una mejor estrategia política para conquistar la independencia política y organizativa del movimiento obrero y sus potenciales aliados del campo y la ciudad, que para el revolucionario ruso exiliado en México, era fundamental. Algo opuesto por el vértice respecto a las organizaciones mencionadas, que en algunos casos llegan a definirlo como “reformista” (como es el caso de LIS) con el único fin de embellecerlo y escamotear una clara categorización marxista.
Esto nos lleva al último punto que queremos plantear. Ya hemos dicho que estas organizaciones proponen el apoyo electoral al gobierno, lo cual supone la ruptura con un principio político elemental para los marxistas revolucionarios, que es la independencia política frente a los partidos burgueses.
Pero la cuestión no se detiene allí. LIS e IR se proponen trabajar dentro del Morena con el propósito de empujarlo a izquierda o influir para “rescatarlo y convertirlo en una herramienta al servicio de los trabajadores” (LIS) o que éste asuma “un programa claramente en defensa de los intereses de las clases explotadas y sectores oprimidos” (IR). Hay que recordar que esta película ya tuvo una precuela poco reivindicable, que podría titularse “luchando por un programa socialista para el PRD” cuando, con consideraciones similares, el viejo Militante se propuso reformar al sol azteca. Esto es, al mismo partido que fue pilar por “izquierda” de la “transición a la democracia” encabezada por el PRI y el PAN desde 1994, el que en el 2012 integró el “Pacto por México” y luego fue señalado como cómplice de la desaparición de los 43 normalistas. Militante realizó un “entrismo” permanente en en un partido burgués, una “marca de fábrica” de esta corriente internacional que mantienen sus discípulos. Justificado por la necesidad de vincularse a las bases de aquellos, renuncian a la lucha por la independencia política de los trabajadores y a la construcción de una organización revolucionaria que arranque a la clase obrera y los sectores populares de la influencia a las direcciones burguesas. Lamentablemente, hoy buscan repetir esa lamentable experiencia, en el partido fundado por los ex perredistas y al cual se han sumado grandes exponentes de la llamada “mafia del poder”.
El caso de la CSR es similar. El título de su declaración electoral es “Ni un voto a las derechas, por una transformación anticapitalista”. Nadie puede oponerse a pronunciarse contra la derecha demagógica, conservadora y reaccionaria. Pero en este caso es un llamado implícito a votar por el oficialismo. Lo cual se vincula a una orientación de “unidad contra la derecha” -que expresan también las otras dos organizaciones- y de apoyar al “mal menor” ante la oposición. Como si fuera posible enfrentar a la derecha de la mano del Morena, lo cual sólo fortalece las ilusiones en AMLO, dejando de lado tanto su política como la experiencia de los progresismos en la región [10].
Por su parte, también afirman que cuando “simpatizantes de la CSR o militantes de las luchas del pueblo trabajador y subalterno consigan una candidatura de Morena”, estará planteado el voto crítico. Esto sólo empeora las cosas. Que hayan candidaturas “de izquierda” en el Morena no puede ser leído como favorable para el movimiento obrero. Debe ser visto como una política de cooptación -transformismo lo llamaría Antonio Gramsci- que pretende dar una imagen más “progresista” al partido de gobierno y encauzar toda tendencia independiente en la clase obrera. Un ejemplo significativo es el caso de la candidatura de Susana Prieto, referente del movimiento 20/32, en las listas de Morena. Lejos de celebrar la subordinación de los trabajadores a un partido que administra los planes capitalistas (y que ya en el pasado se vio con el PRI y el PRD), y votar por aquel, se trata de poner energías en torno a la construcción de una herramienta política propia y de candidaturas realmente independientes.
También en esto hay un antecedente en la experiencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores -de donde provienen los integrantes de la CSR- respecto al PRD. Mientras un sector minoritario del PRT se liquidó en el sol azteca en 1988, la mayoría, mientras mantuvo su independencia formal, inició una subordinación política que se extendió por años, e implicó participar con candidaturas plurinominales en sus listas, como resultado de lo cual, como dice su propia página, su dirigente Edgar Sanchez Ramírez fue “diputado Federal en la LVI Legislatura (1994-97) en el Grupo Parlamentario del PRD, resultado de la alianza electoral del PRT con el PRD e integrar su bancada parlamentaria en 1994-1997”.
Esta discusión es fundamental para la izquierda socialista mexicana y remite a la necesidad de la independencia política respecto de las direcciones burguesas y pequeñoburguesas. Pero es también un debate internacional de meridiana importancia, aunque la mayoría de la izquierda mexicana hace gala de un gran provincianismo y poco habla de eso. Con distintas características y expresiones está presente, por ejemplo, en Brasil y en el Estado Español, con las experiencias del PSOL y Podemos. Y también en Francia, donde se dieron los fenómenos de la lucha de clases más avanzados de los años recientes. Allí, el Nuevo Partido Anticapitalista, surgido en 2009 e impulsado por la ex Liga Comunista Revolucionaria, está cruzando una crisis, como resultado del curso que pretende imponer un sector de su dirección, con la cual se referencia la CSR. Esta orientación abandona toda perspectiva de independencia de clase e impulsa acuerdos con la izquierda institucional pro-imperialista Francia Insumisa, de Jean Luc Melenchon, dejando abierta la puerta para acuerdos en la segunda vuelta electoral con el Partido Socialista y Europa Ecología-Los Verdes, que han gobernado el estado imperialista francés o son parte de acuerdos gubernamentales en otros países; lo cual se combina con un abandono de la intervención en la lucha de clases. Para imponer este curso liquidador, este sector de la dirección del NPA apela a métodos profundamente antidemocráticos, que buscan excluir del partido a la Corriente Comunista Revolucionaria y el periódico Revolución Permanente [11]. En contraposición con este curso y práctica política, la CCR está integrada por cientos de trabajadores y jóvenes que han surgido de los principales procesos de la lucha de clases en los últimos años -como es el caso de Anasse Kasib-, y apuesta a construir un partido centrado en la lucha de clases y en la lucha política, con un programa y una estrategia claramente revolucionaria. La referencia internacional no es casual ni caprichosa. En México, lamentablemente la CSR, en un mapa político y de la lucha de clases distinto, sostiene una misma estrategia.
La lucha por la independencia política de las y los trabajadores
Las tres organizaciones mencionadas sostienen un curso por el que abandonan la independencia de clase ante el gobierno. Pero hay otro camino que es el que tomamos desde el Frente de Izquierda Anticapitalista, conformado por el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS), junto al Movimiento al Socialismo (MAS), la Liga de Unidad Socialista (LUS) y el Grupo Socialista Obrero (GSO). Desde noviembre de 2020 presentamos una plataforma que sostiene una perspectiva de independencia de clase, y un programa claramente alternativo a los partidos patronales, oficialistas u opositores. En este proceso electoral, buscamos una precandidatura independiente a una diputación federal por el distrito 23 de Ciudad de México de Flora Aco, trabajadora estatal reinstalada luego de una gran lucha e integrante del MTS, junto a Leda Victoria, trabajadora de la educación y militante del MAS. Luego de una gran campaña militante realizada en medio del pico de la pandemia por las restrictivas normas del Instituto Nacional Electoral, nos negaron el registro, en el marco de la histórica proscripción contra las organizaciones de izquierda y los trabajadores del antidemocrático régimen mexicano. Pero estamos orgullosos de plantear, ante los trabajadores, las mujeres y la juventud, una bandera de independencia de clase, que en este 6 de junio se continúa diciendo claramente que para las y los trabajadores ninguno de los candidatos y partidos con registro representa una alternativa y una opción electoral.
Desde el MTS, participamos en los procesos de la lucha de clases sosteniendo que para luchar por la independencia de la clase obrera es fundamental construir un gran partido revolucionario, antiimperialista e internacionalista, alternativo tanto a la derecha conservadora y reaccionaria, como al “progresismo” del Morena.
