Como el año pasado, los gobiernos volvieron a hacer promesas diciendo que se preparaban para la segunda ola, pero sólo tomaron medidas para restringir la circulación, mandando a las fuerzas represivas a los barrios. En el medio, las trabajadoras y trabajadores de la salud pública se rebelaron en toda la provincia a pesar de la entrega de la burocracia de ATE y UPCN. Reclaman mejoras en las condiciones laborales y presupuesto acorde para atención a la comunidad. Ellos sí tenían y tienen razón, sin inversión no hay sistema que pueda responder a la pandemia. Hoy los hospitales de las principales ciudades tienen una ocupación del 100% de sus camas UTI. En la provincia hay 180 camas UTI, sólo 20 más que al inicio de la pandemia. En los hospitales falta personal y el que hay, está exhausto. Una cama UTI requiere de personal especializado y aparatos para respiración asistida. Enfermeras y médicos improvisan como pueden la tecnología para poder multiplicar las bocas de oxígeno, se cierran las guardias, hay localidades en la provincia donde hay un médico para cientos de pacientes.
En marzo de este año Alberto Fernandez agitaba anunciando la llegada de la segunda ola mientras invertía en radares militares. Realizó un acuerdo con Arabela Carreras invirtiendo 9.200 millones de pesos para que el INVAP produzca tecnología militar. ¿Por qué ese presupuesto no se invirtió en respiradores? ¿Por qué no se utiliza la capacidad tecnológica del país y de la provincia para reconvertir la producción en función de las necesidades de la población frente al COVID 19? Una situación equiparable a la del faltante de vacunas. Dos tercios de la población de Río Negro queda fuera del plan estratégico de vacunación. La decisión del gobierno nacional de no declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience que produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca y exporta el total de su producción, cuesta vidas humanas. Más aún, cuando ya pagó el 60% de un total de 22 millones de dosis, de las cuales no se recibió ninguna.
Para enfrentar seriamente la pandemia se necesita en primer lugar dar respuesta al reclamo de los y las trabajadoras de la salud pública. También es urgente centralizar el sistema de salud, unificar el sistema público y privado, que los recursos del sector privado sean declarados de utilidad pública, como el laboratorio mAbxience y que liberen las patentes para acceder de manera masiva a la vacuna. Después de un año y medio de pandemia la única medida es quedarse en casa, y quienes tienen que buscar su ingreso todos los días no pueden hacerlo. Por eso desde el Frente de Izquierda insistimos en un plan integral: medidas sanitarias y sociales como un IFE de $40000, suba del salario mínimo y las jubilaciones a $50000 y la prohibición efectiva de suspensiones y despidos. Estas medidas, entre otras, son urgentes pero implicarían que los gobiernos pongan primero la vida y la salud de millones antes que los negocios de unos pocos empresarios.
En el caso educativo, desde el año pasado se viene denunciando la progresiva pauperización de la vida de las familias de la escuela pública, desocupadas, sin refrigerio en las escuelas, familias a las que el confinamiento y la suspensión de clases no dan ninguna respuesta, sin IFE y sin conectividad no hay cuarentena ni educación. Para JSRN y la ministra Jara Tracchia no fue suficiente con negarse a dar respuestas a los reclamos de la comunidad educativa, en abril destinaron 10 millones de pesos a escuelas privadas y ahora en medio de una situación desesperante para millones suspende a la totalidad de docentes suplentes de las dispensas. Es desprecio por la vida de las familias trabajadoras.
Las burocracias de ATE y UnTER (Azul Arancibia y Celeste) juegan un papel completamente funcional a los gobiernos. Ponen obstáculos a cualquier tipo de organización de sus bases y más aún se alejan de los reclamos populares que pueden unir al conjunto de los y las trabajadoras de sindicatos con peso, con el conjunto del pueblo pobre o los movimientos como el ambientalismo y el Ni Una Menos o ahora con las masas de trabajadores precarios que los gobiernos dejan atados de pies y manos para llevar la comida a sus casas. Todo lo que está mal. De nuestro lado, a quienes somos trabajadores, jóvenes y mujeres, queda dar la pelea para unir por abajo todo lo que las burocracias dividen por arriba. |