La ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca se ha convertido en uno de los principales epicentros de la resistencia al Gobierno de Duque pero también de la salvaje represión policial y paramilitar que dejó 14 muertos en los últimos días.
La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó este domingo su preocupación por la militarización ordenada por el presidente Ivan Duque en la ciudad de Cali, centro de la resistencia, donde al menos 14 personas murieron y 98 resultaron heridas -54 por disparos- durante la brutal represión policial y paramilitar desde del último viernes.
Bachelet reclamó una investigación independiente de las muertes en las protestas contra el gobierno colombiano en Cali, donde también se vio la actuación de grupos vestidos de civil actuando junto y con la protección de la Policía, en acciones coordinadas con los manifestantes. Los "civiles" portaban tanto armas cortas como largas y disparaban a mansalva a los manifestantes en una de las jornadas más sangrientas desde que comenzaron las protestas y en las que murieron al menos 14 personas.
A pesar de las escenas de brutalidad policial y paramilitar que se difundieron en redes sociales durante todo el viernes, el presidente Ivan Duque volvió a culpar a los manifestantes y viajó a Cali desde donde anunció en conferencia de prensa una militarización extrema de la ciudad, la tercera más importante del país.
La ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, se convirtió en uno de los centros de la resistencia a las políticas de Duque. El Comité Nacional de Paro que aglutina a las principales centrales sindicales no representa las demandas de los sectores más postergados y marginados, en su mayoría jóvenes que sufren altas tasas de desocupación, miseria y precarización laboral.
Esa juventud, en algunos casos apoyados por otros actores como la minga indígena, han salido a protestar con el método más efectivo que tienen a mano. Al no poder paralizar directamente las empresas desde adentro, realizan cortes de vía que les permite visibilizar su lucha. Este último método de lucha que realmente afecta parte de la movilidad de mercancías en el país, le resulta más preocupante a Duque que los paros sin continuidad ni organización convocados por el Comité Nacional de Paro una vez a la semana.
Es por esto que la política gubernamental se centra en dos puntos: 1) llamar al Comité Nacional de Paro (CNP) a la mesa de diálogo (en la que nunca se resuelve nada pero a la que el CNP siempre vuelve); 2) mientras que militariza en extremo las zonas en las que hay más resistencia, como es el caso de Cali, con el objetivo de criminalizar a la llamada primera línea de jóvenes, llamándolos "vándalos" y "terroristas" y habilitar una represión brutal sobre esos sectores.
Las 14 muertes que hubo en Cali, la mayoría de ellas solo el viernes pasado, muestran cual es el verdadero objetivo del Gobierno. También el accionar de las fuerzas de represión junto a paramilitares, sicarios y "civiles", disparando contra los manifestantes son parte de su modus operandi. Un modus operandi que se vió hace unas semanas en el ataque coordinado de policías y civiles contra la minga indígena y que se repitió este viernes en dos momentos del día. Primero con un empleado de la fiscalía de civil que disparó y asesinó a dos manifestantes y luego con las imágenes de terror de civiles y policías actuando en común.
También la CIDH
Ante esta situación también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lamentó este domingo los hechos ocurridos durante las protestas del pasado viernes en la ciudad colombiana de Cali, que, indicó, causaron al menos 13 muertos y 36 heridos.
"La CIDH expresa su extrema preocupación ante denuncias de que los ataques a manifestantes con disparos de armas de fuego provienen de personas vestidas de civil ante la vista de agentes de la fuerza pública", alertó el organismo, con sede en Washington.
Además, instó al Estado colombiano "a investigar pronta y diligentemente estos hechos y sancionar a los responsables".
La Comisión ha enfatizo en la importancia de realizar "una visita de trabajo en el terreno a la mayor brevedad posible".
Sin embargo, hasta ahora el Gobierno de Duque ha negado que una misión de la CIDH visite el país. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo en Washington que su Gobierno decidirá recién a finales de junio una fecha para que el organismo visite ese país para analizar la situación durante las movilizaciones.
La ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes en Colombia, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública.
Del total de muertes, 39 tuvieron lugar en Cali, la mayoría en la primera semana de protestas.
