Más de ocho años después de asumir como papa, el pontífice decidió incluir en el “código penal” de la Iglesia católica los abusos a menores como “delitos contra la dignidad de las personas”, al igual que la posesión de pornografía infantil. Pero él mismo es un comprobado encubridor de curas pedófilos durante décadas. Haz lo que digo, pero no lo que hago.
A través de la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei (Alimenta el Rebaño de Dios), el papa Francisco dio este martes un golpe de efecto en su supuesta “lucha contra la pederastia” en el clero, al incorporar a los abusos sexuales a menores de edad y la posesión de pornografía infantil como “delitos contra la vida, dignidad y la libertad del hombre”.
Además de curas, obispos y cardenales, estarán alcanzados por el castigo los laicos (católicos sin sotana) que ocupen funciones dentro de las diversas instituciones de la Iglesia.
La hipocresía del Vaticano no tiene límites. La nueva incorporación al Derecho Canónico, el “canon 1398” dispone que “sea castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo amerita, la expulsión del estado clerical” el cura, obispo o cardenal que cometiera “un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela”.
Pero el sexto mandamiento es el que dice “no cometerás adulterio”. Y para la Iglesia el adulterio es sinónimo de “impureza sexual”, no de ataques contra la integridad física, psicológica y sexual de personas indefensas. Se relaciona a cuando un hombre casado o una mujer casada tiene relaciones con otra persona, algo que “contamina” el cuerpo propio y no que aniquila la integridad ajena.
Es muy demostrativo que recién ahora la Iglesia contenga en su “ley interna” el castigo a quien “reclute o induzca a un menor, o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón, o a la que el derecho reconoce igual tutela, para que se exponga pornográficamente o participar de exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas”. Hasta hoy los abusos sexuales cometidos por representantes de la Iglesia estaban encuadrado en el Derecho Canónico como “delitos contra obligaciones especiales”.
Casi como una confesión de parte, Francisco enmarcó las reformas canónicas “en el contexto de los rápidos cambios sociales”. Según su visión, “no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época” y, “para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mundo, resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal”. Claramente al papa no lo conmueve la avalancha de denuncias en todo el mundo que, desde hace años, arrecian a la institución que conduce. Sólo es una cuestión de “acomodarse” a los “cambios sociales” para tratar de evitar seguir perdiendo prestigio y su supuesta “autoridad moral”.
Según el vocero papal Matteo Bruni, estas modificaciones al Derecho Canónico le demandaron a los jerarcas de la Iglesia “doce años de trabajo” y los cambios presentados estarán vigentes recién a partir del 8 de diciembre. No sólo se tomaron su tiempo para “pensarlo” sino que lo anuncian seis meses antes de ponerlo en vigencia.
Si la reforma canónica tiene “sabor a poco” para miles de víctimas de todo el mundo que durante años fueron silenciadas, despreciadas y hasta criminalizadas por el Vaticano al haber decidido denunciar públicamente los abusos y demás torturas cometidas por los hombres de sotana a lo largo de décadas (por no decir siglos), resulta más provocador aún que quien encabeza la reforma es un comprobado encubridor de abusadores sexuales, tanto en su país como en otras latitudes
Jorge Bergoglio no sólo es recordado en Argentina por “bancar” hasta hoy (espiritual y materialmente) a Julio César Grassi, el protagonista del primer caso resonante a nivel local de abuso eclesiástico por parte de una figura reconocida de la Iglesia, sino que él mismo fue denunciado penalmente por encubrir a obispos y curas en Salta.
Aunque en términos legales sólo hay una denuncia en el Poder Judicial argentino contra Francisco, su encubrimiento sistemático de sacerdotes y monjas protagonistas de diversos crímenes sexuales está comprobada en infinidad de casos. Vale recordar que él fue el mandamás de la Iglesia en Argentina durante una década y media y cuando lo nombraron papa terminó de sellar el pacto de impunidad con todas las diócesis del país.
A nivel internacional, un ejemplo paradigmático es el del excardenal de Washington Theodore McCarrick, protagonista de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales en la Iglesia estadounidense, bancado por el papa hasta que ya no pudo sostenerlo por la propia imposición de los hechos relatados por las víctimas.
También se puede mencionar el caso del cardenal George Pell, mano derecha del papa, condenado en Australia por abusar de dos menores y sostenido en su puesto de “ministro de Economía” del Vaticano hasta último momento por el monarca de Roma.
Muchos de esos casos fueron reflejados y contextualizados por La Izquierda Diario en el documental No abusarás. El mandamiento negado en la iglesia de Francisco, publicado en 2017. Allí, además de las historias personales reflejadas, se incluye un análisis sobre la estructura sistémica pergeñada por el Vaticano y perfeccionada durante décadas para garantizar la impunidad de los crímenes sexuales y contra la integridad de las personas por parte de curas, obispos y cardenales.
Un sistema que no cambiará en lo sustancial con algunas reformas cosméticas al Derecho Canónico, como las que este martes se anunciaron con aleluyas. Ese derecho paralelo a las legislaciones de los estados, que en algunos casos (como en Argentina) incluso llega a negarlas y sobrepasarlas adentro de los muros eclesiales.
