Desde el año 2003 comenzó a operar el llamado “Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México. A dicho grupo se le atribuye la responsabilidad de irregularidades en el 27% en la capital del país; edificios de departamentos y oficinas han sido sus principales negocios.
Las operaciones de este grupo inician durante el sexenio en que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, fungió como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y tuvieron continuidad y expansión durante los periodos de Marcelo Ebrard, teniendo especial auge en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Los desarrolladores de las construcciones se beneficiaron económicamente edificando más viviendas de las que estaba permitido, edificándolas también en espacios en donde el uso de suelo original era distinto, evadiendo autorizaciones necesarias para hacerlo.
Las principales empresas desarrolladoras señaladas son Baita y Dekah, cuyos representantes han sido plenamente identificados por ser muy cercanos de Miguel Ángel Mancera.
Dekah comercializó Vista Azcapotzalco, el cual es un conjunto residencial para cuya construcción fue solicitada en 2012 la aplicación de la Norma 26, con la cual se permite la edificación de más pisos y departamentos de los que el uso de departamento establece, ello bajo el supuesto compromiso de realizar viviendas de interés social y popular, a un costo de 29.9 veces el salario mínimo anualizado. No obstante, las viviendas finalmente fueron vendidas en un millón 200 mil pesos.
Otra de las empresas que pertenecen al Cártel Inmobiliario es Central de Arquitectura, propiedad de José Sánchez y Moisés Ison, la cual ha construido 17 edificios habitacionales. Entre otros desarrollos se les atribuye también a los empresarios casas residenciales, centros comerciales, hoteles, oficinas, urban centers y restaurantes en la Ciudad de México, todos ellos con deficiencias de seguridad.
En su afán por generar más ganancias, las empresas constructoras e inmobiliarias, así como funcionarios públicos y políticos, han creado una red de tráfico de influencias que ha permitido la construcción de viviendas, edificios habitacionales y de oficinas mal cimentados, donde transcurre la vida de trabajadoras y trabajadores, poniéndolos en riesgo.
Para que la vivienda deje de ser un lucro, es necesario pelear por un plan de vivienda estatal con créditos baratos para los trabajadores y los sectores populares, que contemplen normas de construcción seguras para un entrono altamente sísmico. Toda empresa que se niegue a acatar estas normas debe ser expropiada y puesta a trabajar bajo control de los trabajadores. | 
