La semana pasada más de un millar de trabajadores de Nissan protestaron contra la ausencia de propuestas concretas del Gobierno de Sánchez y el de la Generalitat. Entre los acuerdos firmados a tres partes entre Nissan, Generalitat y trabajadores, estaba una política de reindustrialización que recupere el trabajo para los 2.500 trabajadores de la firma japonesa y para los 25 mil trabajadores de las empresas proveedoras.
El 13 de mayo hubo un primer aviso. Los sindicatos de CCOO, UGT,CGT y USOC desconfían ante la falta de propuestas del gobierno catalán. Nissan cerrará a finales de año y las empresas de “recambio” no podrán absorber la gran cantidad de trabajadores despedidos por la firma japonesa.
El segundo aviso ha sido este 28 de mayo cuando se cumplía el primer año del anuncio de cierre de la empresa automotriz. Y en esta fecha señalada los trabajadores demostraron su cabreo. Hicieron una asamblea ante las puertas de la empresa y empezaron a quemar neumáticos. Al finalizar se desplazaron a la Ronda Litoral para hacer un corte de una hora.
El problema, decía el secretario general de CCOO en Nissan, Miguel Ángel Boiza, es que no se ve una clara viabilidad ni concreción en los proyectos presentados hasta el momento y quedan muy pocos meses para hacer efectivo los despidos.
El dirigente dijo que ponían como límite el 31 de julio y que harían una reunión urgente con el nuevo conseller de empresa, Roger Torrent. Reunión que no ha pasado de las buenas intenciones. La clave es garantizar los lugares de trabajo.
A finales de abril los sindicatos ya se quejaban del hecho de que la administración pública catalana no hacía bastante para definir los proyectos de reindustrialización. Ya se han realizado más de 10 reuniones de la comisión formada por la Generalitat, el gobierno central, Nissan y los sindicatos, y por ahora sin avances “concretos”.
El problema es el acuerdo firmado
El problema de esta falta de “concreción” de la Generalitat y del gobierno central reside en el acuerdo firmado. El acuerdo tiene una sola medida concreta que se prevé que se realizará a finales de año: el cierre de la automotriz Nissan.
En lo referido al mantenimiento de los puestos de trabajo, no tiene una contraparte concreta, solo la voluntad de buscar empresas que quieran invertir y contratar una parte de la plantilla. Pero estamos hablando de 25 mil trabajadores.
Y ya sabemos cómo son los gobiernos catalán y central en relación con sus “compromisos” con los trabajadores. Mucho más cuando estos compromisos son un deseo. Miles de trabajadores cobrando tarde los ERTE, la Generalitat tratando de precarizar a los trabajadores públicos y un largo etcétera.
Por lo tanto, el gran problema no es exactamente la falta de concreción del gobierno español y del catalán en relación con su política de reindustrialización. No podría haber sido diferente, de hecho. Ellos siempre gobiernan a favor de las empresas. Les regalan solares, no les cobran impuestos, les hacen rebajas en las aportaciones sociales, les dejan hacer y deshacer a su gusto, etc. Y esto no es nuevo y las cúpulas sindicales lo saben.
El gran problema es el acuerdo de cierre que firmaron los cuatro sindicatos con los empresarios de Nissan. Ni el gobierno español ni el catalán pueden asegurar que los lugares de trabajo se conservarán. Los trabajadores no pueden saber cuantas ayudas y "regalos" recibirán los nuevos empresarios ni las condiciones de contratación.
Queda claro que han firmado un acuerdo buenísimo para Nissan y desastroso por los trabajadores. Prueba de esto son las movilizaciones obreras de mayo. Y las lágrimas de cocodrilo de la jerarquía sindical. Las quejas de Boiza (CCOO) y Ruiz (USOC) son una demostración del fracaso de su estrategia de acuerdos con los empresarios.
La estrategia de defensa de los lugares de trabajo y de industrialización pasaba, como dijimos meses atrás, por la nacionalización sin indemnización de la empresa (después de años de recibir cuantiosas ayudas de financiación pública) y que se ponga a fabricar, bajo la gestión de sus propios trabajadores, vehículos económicos y ecológicos para mejorar el transporte público en primer lugar. Una política que garantizara todos los lugares de trabajo y que los empresarios se vayan sin llevarse un solo tornillo. | 
