Las docentes tuvimos un rol importante en las masivas movilizaciones por #NiUnaMenos desde las escuelas, con estudiantes y sus madres ganamos las calles. Sin duda las movilizaciones masivas, fueron un punto de apoyo para conquistar las licencias para las compañeras que atraviesan situaciones de violencia.
Hoy ante la crisis sanitaria y económica, vemos que las mujeres son las más golpeadas. Y ante el aumento de femicidios y violencia machista, un nuevo 3J nos convoca a las docentes: tenemos por delante seguir organizadas, por nuestros reclamos y junto a nuestros compañeros, enfrentar los ataques del gobierno y las patronales.
Luego de años de reclamos y peleas, al calor de confluir con millones en las calles al grito de “Ni una menos. Vivas nos queremos”, las docentes logramos obtener la licencia por violencia hacia las mujeres en el año 2017. Un año antes se aprueba la ley 14893, que contempla "Licencia para Mujeres Víctimas de Violencia" destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan”. Y enmarcada en ésta ley, se obtiene el acuerdo paritario del derecho de la licencia docente.
El Frente de Unidad Docente quiso llevarse el triunfo de esta conquista. Pero basta con decir que en nuestro sindicato siendo mayoría mujeres, Baradel y la conducción kirchnerista de SUTEBA, ha desconocido durante años la organización de las mujeres por sus derechos. Por ejemplo en 2013, cuando recuperamos la seccional de Suteba Matanza, junto a la lista multicolor, hemos conformado la Secretaría de la Mujer y Géneros, un puesto de lucha, que pusimos al servicio de cada pelea de las trabajadoras, acompañando la pelea contra toda violencia machista. Recién en 2017, el Suteba Provincia conforma las Secretarías de géneros y diversidades. Se tomaron su tiempo.
“Ni una menos”, sólo para las fotos
Las movilizaciones por Ni una menos fueron tan grandes, que hasta el gobierno y sus ministros intentaron lavarse la cara, con esta demanda. En ese momento gobernaba Cristina Kirchner.
Por ejemplo, El Consejo Federal de Educación, ante la convocatoria del primer #3J, resolvió por unanimidad dar impulso a los aspectos educativos de la “ Ley de Protección Integral de la Mujer”, hasta llegaron a adherir a la concentración contra los femicidios en la plaza del Congreso. Una caradurez, ya que en ése momento y al día de la fecha, no designan recursos ni presupuesto para la atención.
Ayer una docente de Quilmes evitó un femicidio, cuando fue a visitar a un estudiante, que no se conecta virtualmente.
Hay miles de ejemplos y testimonios que dan muestra de la realidad, aunque hoy Fernandez nos diga que acaba con el patriarcado, y anuncien Ministerios, secretarías, consejos, equipos territoriales, etc., lo real es que el gobierno no dispuso del presupuesto necesario para medidas mínimas para prevenir los femicidios, mientras sí privilegia el pago de deuda a los organismos internacionales de crédito y a los especuladores.
Cuando la licencia no es suficiente
Desde la Secretaría de la mujer y géneros de Suteba Matanza, acompañamos a docentes que son víctimas de violencia de género, y sabemos perfectamente el rol del Estado: revictimización, trabas burocráticas, y un largo etcétera. Las redes de colaboración y contención siempre están en las mismas escuelas y compañeras de trabajo.
Semanas atrás junto con las seccionales multicolor presentamos ante la DGCYE un pliego de reclamos, que sintetiza los problemas que hoy enfrentan las compañeras que hacen uso de las licencias.
Las compañeras que necesitan hacer uso de la licencia, y su situación de revista es SUPLENTE o PROVISIONAL, y durante el transcurso de la misma, quedan cesantes, se les da el cese por la reincorporación del o la titular, quedando desprovistas del sustento económico y la obra social, siendo que la mayoría tiene hijos a cargo. De este modo vulnera un derecho fundamental que es el espíritu básico de la ley, la protección de la/s víctima/s.
También vemos que las compañeras, que ante una situación de extrema violencia, de manera no planificada, tienen que viajar a otra provincia como medida de seguridad, requieren de manera urgente el servicio provisorio de su cargo y/o módulos, y la respectiva cobertura médica, y acarrean con un gasto extraordinario que muchas veces no pueden solventar (alquiler de propiedad, pasajes, etc),
Al día de la fecha no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades.
La atención “clandestina” a las víctimas
Recién en febrero del 2020 se reglamenta la licencia por violencia contemplada en la ley 14893, a partir del decreto 121/20, por el cual señalan que “Cada organismo de la Administración Pública Provincial...deberán conformar un Equipo Interdisciplinario en el ámbito de la Dirección Delegada de la Dirección Provincial de Personal u oficina de personal que haga sus veces, el cual estará integrado de acuerdo con criterios de idoneidad, que serán establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual”.
Es decir, junto al Ministerio de las Mujeres, a cargo de Estela Diaz conformaron “equipos interdisciplinarios”, que son los que van a darle seguimiento a las licencias por violencias, y quienes determinan si aceptan prorrogarlas, pasados los 35 días.
Lo llamativo es que toda ésta información no llegó a las escuelas, y tampoco está publicado en la página ABC. Consultamos a “los equipos” y a la encargada del “equipo de abordaje de situaciones particulares” y nos aclaran que no es público porque van a lanzar una “campaña de difusión” ya que fue propuesta de Estela Díaz; es decir, quieren la foto y publicidad. Será también parte de la campaña electoral?
No sólo esto, sino consultadas por los datos, de cuantas docentes de la provincia tuvieron que tomar licencia por violencia, nos responden en un acto de sincericidio” tenemos que decir que el REGISTRO ÚNICO DE CASOS no funciona”.
Recordemos que desde la aprobación de la licencia La Dirección de Personal dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación era la que debería llevar un Registro de casos de violencia contra la mujer, padecida por docentes, “con el objeto de proceder a su sistematización para que permitan visibilizar esta problemática en toda su complejidad, promover un abordaje integral, por medio de políticas públicas específicas para su tratamiento y proporcionar la información necesaria para la base de datos del Registro Único de casos de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires”. Como muestra, basta éste solo botón.
Por #NiUnaMenos y para enfrentar el ajuste
Ni el FUD ni Suteba dicen una palabra de esta situación y frente a los reclamos para las compañeras docentes que la viven.
Lejos de poner toda la fuerza del gremio abrumadoramente femenino, para atender estos reclamos, y los de nuestras estudiantes y sus madres, el NI UNA MENOS, es un cartel, mientras festejan y apoyan la política del Fernandez y Kicillof, que descargan la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores.
El Estado es responsable
Éste 3J salgamos a las calles por un verdadero Ni una menos, por una ley de protección integral a las víctimas de violencias, como el proyecto que presentó en 2015 Nicolás del Caño y sigue cajoneado. Por un régimen de subsidios a las víctimas; la creación inmediata de refugios transitorios y un plan de vivienda a corto plazo, basado en la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias; licencias sin restricciones para todas las trabajadoras, y la creación y coordinación de equipos interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, sin precarización laboral de sus empleadas, y efectivos. Basta de femicidios, vivas nos queremos.
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