La bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para modificar la ley que regula la compra de vacunas en el país. Carmen Amorim Uribelarrea de Polledo, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, fue la encargada de presentar la iniciativa, que tiene como fin eliminar la tan polémica palabra "negligencia", para así poder avanzar en las negociaciones con el laboratorio Pfizer, en el centro del debate en estos días.
La ley a la que se hace referencia fue votada el 8 de octubre del 2020. Con el pomposo nombre de "declaración de interés público de la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas contra el covid-19", implicó beneficios escandalosos a favor de los grandes laboratorios.
Entre otras cosas, garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. O sea que si algún laboratorio incumpliera contratos -teléfono para AstraZéneca-, el reclamo habría que hacerlo en otros países, como cuando fue la discusión con los fondos buitres.
También habilitaba que en los contratos se eximiera a estos empresarios de cualquier tipo de impuesto y del pago de los derechos de importación. Beneficios para los grandes responsables de que el desarrollo de la vacuna a nivel mundial haya empezado desde cero al inicio del covid-19. Desde la comunidad científica se venía alertando de la posibilidad de una pandemia pero las ganancias pueden más, y la inversión la centraron en enfermedades más rentables.
Con las idas y vueltas que hubo durante estos meses con Pfizer, a quien Juntos por el Cambio le viene haciendo un lobby monumental desde antes de aprobar la vacuna, desde el gobierno no descartaron "evaluar una modificación de la norma". Así lo sostuvo Pablo Yedlin, el redactor de la escandalosa ley que además es cercano al empresario Hugo Sigman, uno de los grandes responsables junto con Carlos Slim de que la vacunación en estos meses haya sido a cuentagotas.
Yedlin había dicho, aquel 8 de octubre: “Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone”. Ocho meses después, se produjeron en el país el equivalente a 90 millones de dosis, pero AstraZeneca recién ahora empezó a entregarlas, cuando ya estamos por llegar a los 80.000 fallecimientos. ¿La soberanía? Te la debo. | 
