Este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas presentó un proyecto de ley llamado “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. Según afirmó en su presentación en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, con el proyecto se buscaría “desarrollar una cadena que tendrá incidencia positiva en el empleo, las exportaciones, el desarrollo federal y el acceso a la salud” y, lo más importante, prevé generar para 2025 unos U$S 500 millones en ventas anuales al mercado interno y otros 50 millones en exportaciones.
Intentando dejar en claro los beneficios económicos que tendrá para los empresarios que lucren con la producción del cannabis, Kulfas dijo que, en el mundo, hay "una producción global proyectada para dentro de tres años en U$S 42.700 millones, es decir 14 veces más que hace diez años”.
En cuanto al cannabis medicinal, el ministro explicó que el objetivo es el desarrollo de la cadena con uso medicinal y fisioterapéutico mediante un marco regulatorio para regularizar proyectos que hoy existen. Mientras que en relación al cáñamo resaltó que el objetivo central es “permitir el desarrollo de esta industria, para impulsar su uso como insumo para varios sectores productivos, fibras textiles, ropa y calzado, cosméticos, materiales para la construcción y papel”.
En el mundo no son pocos los países que avanzaron con marcos legales para el cultivo y la producción a gran escala de la planta. Kulfas, en ese sentido nombró a Estados Unidos, Canadá, Israel a nivel global y a Uruguay y Colombia como algunos de los Estados de América Latina que dieron algunos pasos en la inclusión del uso y producción del cannabis a sus marcos legales.
Pero, tal como lo indica el ministro de Desarrollo Productivo, una de las principales motivaciones, tanto del Gobierno nacional como de los otros países, son las prometedoras ganancias que prevén que tiene esta industria, tanto para la producción con fines medicinales como para su uso industrial.
En el caso de Argentina, a pesar que a cuentagotas el Estado va reconociendo lo que desde hace años reclaman las organizaciones cannábicas, como los usos medicinales de la planta, sigue sin cuestionarse el carácter de ilegal que se le da al consumo con fines (mal llamados) recreativos o de uso adulto, el cual (señalan organizaciones y especialistas) corresponde también al ámbito de la salud, según la propia definición de la OMS.
Pero ese no es el único límite de las iniciativas gubernamentales en relación al uso de la planta de cannabis. Mientras desde el Gobierno nacional se anuncian aperturas de registros para cannabicultores para uso medicinal desde hace unos años atrás y se presentan proyectos como el actual para permitir que empresarios interesados en invertir, comiencen a producir y acumular ganancias, en el territorio nacional continúan presos y con condenas miles de personas por cultivar la planta para uso personal.
Hay casos emblemáticos como el de los jóvenes de Puan (sur de la provincia de Buenos Aires), a quienes el Estado armó una causa en base a una denuncia demostrada como falsa; el de Damián Raña, quien estuvo preso casi un año por producir en su casa aceite de cannabis para dolores provocados por un accidente; y el de Daniel (apodado “cara de cannabis” por Berni), quien tiene una discapacidad y fabricaba aceite para él y para tratar la epilepsia de su compañera.
Junto a los casos de tantos otros jóvenes a lo largo y ancho del país, son una muestra de que, mientras se anuncia con bombos y platillos (por las ganancias y recaudación que generará) proyectos que reconocen los beneficios del uso de la planta, miles de personas siguen siendo perseguidas y judicializadas por ser usuarios y usuarias del cannabis. Y también demuestra el no reconocimiento de su uso adulto, que continúa siendo pretexto para que las fuerzas represivas hostiguen y encarcelen a miles de jóvenes en las calles, como mecanismo de control social de las poblaciones más pobres.
La persecución a usuarios y usuarias de drogas ilegalizadas por parte de las policías provinciales y las fuerzas federales viene creciendo en Argentina durante los últimos años. En un reporte presentado por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), muestra que de los 98 mil hechos registrados por distintas infracciones a la ley de drogas, casi el 90 % no se trata de “golpes al narcotráfico”. Los hechos registrados por distintas infracciones a la ley de estupefacientes pasaron casi de 62.000 en 2018 a más de 98.000 en 2019, crecimiento que se explica porque un 84 % de los partes policiales surgen por presunta tenencia de drogas para uso personal.
El lado “progresista” que intenta mostrar el Gobierno con anuncios como éste, queda totalmente eclipsado cuando tiene al excarapintada Sergio Berni como ministro de Seguridad bajo las órdenes de Axel Kicillof y a quien banca la vicepresidenta Cristina Fernández. Berni, tal como gusta a Patricia Bullrich, es uno de los defensores de la criminalización y armado de causas truchas a jóvenes, trabajadores y mujeres que cultivan y utilizan la planta para su uso personal.
El propio Berni catalogó en un comunicado de “peligrosa banda narco” a los jóvenes de Puan, injustamente detenidos a partir de pruebas producidas irregularmente y denuncias demostradas como falsas. El ministro de Seguridad de la Provincia es también quien utiliza la detención de los cultivadores para sus campañas mediáticas.
Tal fue el caso de Daniel, quien cultivaba cannabis y producía aceites para tratar su discapacidad y la enfermedad de su compañera. De un momento a otro, su casa fue allanada “en vivo” para las redes sociales del ministro, a costa de tirar al piso y pisotear a su familia, armarle una causa trucha y privarlo a él y su compañera del tratamiento que realizaban a partir de los derivados de la planta.
Es por casos como esos que organizaciones como El Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) piden que Alberto Fernández indulte a los condenados por ser usuarios y usuarias o cultivar cannabis. A pesar de la presentación formal de la organización al Poder Ejecutivo, no hubo ninguna medida en ese sentido.
Es por ello que una ley para regular la producción industrial del cannabis que no aborde el tema de la criminalización y persecución a quienes utilizan la planta, es una política de Estado que muestra su tensión en promover los negocios de unos pocos, mientras las mayorías que usan el cannabis sin fines de lucro seguirán siendo perseguidas y encarceladas injustamente.
Vale mencionar que además del papel de control social que cumple esta política de criminalización, la persecución y armado de causas es una vía para justificar los abultados presupuestos destinados a la creación de divisiones especiales de las fuerzas de seguridad, a justificar altos salarios de funcionarios y sus carteras y también, a saturar las fiscalías y juzgados con causas hechas a personas comunes y corrientes que utilizan la planta, mientras se deja operar tranquilos a los verdaderos narcos, de los cuales son conocidos sus vínculos con la policía y los partidos políticos tradicionales.
Es por esto que la legalización del cannabis debe ser integral e inmediata y debe incluir el indulto y amnistía a todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o auto-cultivar individual o colectivamente.
Tal fue la iniciativa presentada en 2018 por el diputado Nicolás de Caño del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, el cual entre sus principales artículos propone la legalización integral del uso de la marihuana para cualquier fin, sin excepción, abarcando desde el cultivo a su comercialización y consumo.
Pero para conquistar esta demanda, no se puede confiar ni esperar nada por parte del mismo Estado que durante años utilizó su prohibición para garantizar el narcotráfico y la criminalización de los cultivadores y usuarios. Sino que para avanzar en conquistar la legalización integral y la libertad y anulación de causas de los presos por cultivar es necesaria la organización independiente y movilización en las calles. | 
