Cristiana Chamorro, detenida este miércoles, es hija de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotara a Ortega en las presidenciales de 1990, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro asesinado en 1978. Se trata de una de las candidatas mejor posicionadas para las elecciones de noviembre donde Daniel Ortega aspira reelegirse.
Chamorro fue acusada el martes por el Ministerio Público de los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”, por su rol al frente de la a Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Acusaciones que son rechazadas por la aspirante a la presidencia de Nicaragua.
Al día siguiente Chamorro Barrios fue inhabilitada para ocupar cargos públicos, con el argumento que no está "en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal". Y he aquí una de las razones fundamentales que la gran mayoría de los analistas esgrimen con el objetivo de su detención: inhabilitarla como candidata, siendo que antes nunca había estado en la mira de las autoridades.
Continuando con la tradición del clan periodístico familiar, Cristiana Chamorro actualmente es vicepresidenta del diario La Prensa de Managua y dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro que licitó y administró fondos de la USAID, cuestión que no es un secreto sino algo abierto. A inicios de este año anunció el cierre de la Fundación tras negarse a inscribirla en el registro asociado a la Ley 1040 que obligaba a organizaciones que recibieran dinero del exterior a inscribirse como "agentes extranjeros". EE.UU. que ha venido con una política hasta de reorganizar directamente la oposición política en Nicaragua, como explicamos más adelante, instó a Ortega a que libere a Cristiana Chamorro.
Nicaragua viene de una gran rebelión obrera y popular que explotó el 19 de abril del 2018 y se extendió por más de tres meses, sacudiendo a todos los rincones del país, pero que fue aplastada por el Gobierno de Ortega con saña y represión y hasta con el uso de fuerzas paramilitares, dejando como saldo alrededor de 400 muertos. Fue a puro fuego represivo que Ortega y su esposa Rosario Murillo -que ejerce un papel central en el Gobierno- retomó el control del país en una situación en la que parecía por momentos tambalearse dada la magnitud de las protestas que no se veían con ese alcance y profundidad desde 1979.
En ese entonces se montaron mesas de negociaciones con intermediación de la Iglesia Católica que al fin no llegaron a ningún término, pero que le fueron permitiendo a Ortega un cierto respiro. Bajadas la tensión de las calles Ortega avanzó con cambios de leyes, entre ellas la de la reforma electoral, dada su mayoría aplastante en la Asamblea Legislativa.
También surgieron para esos momentos importantes bloques de oposición, como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) creada al calor de las movilizaciones del 2018 donde tenían un papel central los empresarios entre otras organizaciones y movimientos, como también la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considerada una de las más amplias de todas, también surgida al calor de dicha rebelión. Desmontada la rebelión, estos bloques comenzaron a gravitar en torno a la salida electoral para el año 2021.
Por ello es que se conformó la Coalición Nacional (CN), siendo un proyecto diseñado por la embajada estadounidense para reunir en un solo bloque a la ACJD y UNAB y a los demás grupos dispersos de oposición, y a la que se sumó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Yatama, una organización de indígenas misquitos y creoles en la costa Caribe, llamados estos últimos partidos zancudos (colaboracionistas) que venían de distanciarse del gobierno orteguista.
Pero rápidamente estos bloques comenzaron a debilitarse y a dividirse (por razones de espacio no nos detenemos en todas las causas), pero que, como en partidos de estas características primaban los intereses particulares, así como sus políticas. Esta nueva situación dejó a Ortega con un camino más libre, ayudado por un sistema electoral construido a su imagen y semejanza para mantenerse de manera indefinida y mecanismos amañados en la presidencia. Pero Ortega goza actualmente apenas de una intención de voto cercana al 20%.
Con la reforma de la Ley Electoral, Ortega también hizo aprobar la Ley No 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros a la que hemos hecho mención anteriormente, pretendiendo en parte cortar las fuentes de financiamiento de los ONGs pero por otra parte, caso lo necesitase inhibir políticamente a sus directivos, así como también la Ley No 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con la que también se le abrían las puertas para inhabilitar el derecho de diversos dirigentes de la oposición, de postularse a cargos de elección popular.
Con una derecha completamente dividida, y sin ningún candidato viable, Cristiana Chamorro empezó a aparecer en las encuestas como una candidata potable que podía aglutinarlos a todos a través de su figura y repetir el escenario de su madre en 1990. Existiendo para ello un solo bloque con capacidad de lanzar candidaturas, la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), conformada por el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) cuya legalidad la mantiene este último.
De tal manera que, acercándose el calendario electoral, Cristiana Chamorro procedió inscribirse este martes para participar en el proceso interno del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y el mismo día la Fiscalía de Nicaragua le abrió un proceso. El miércoles, poco antes de iniciar una rueda de prensa que había convocado para condenar su propia inhabilitación, la vivienda de Chamorro Barrios fue allanada por la policía y puesta bajo arresto domiciliario.
Es por eso que el objetivo político es buscar sacarla de la escena política, y allanarse Ortega el camino a una nueva reelección para el cargo que ha ocupado ininterrumpidamente por cuatro periodos desde 2007. Cristiana Chamarro pertenece a una de las clases más ricas de Nicaragua y una de las más poderosas del país, lejos está de representar los intereses de las grandes mayorías de los trabajadores, campesinos, sectores populares y la juventud, tal como lo demostró su madre, Violeta Chamorro, durante su período presidencial, pero es claro que su detención es un acto liso y llano de proscripción política por parte del Gobierno de Ortega.
El pueblo trabajador, campesino y de la juventud, para enfrentar al Gobierno autoritario y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no puede sentar sus aspiraciones en la salida que le presenta este bloque opositor con Chamorro al frente. Su camino es retomar las jornadas de rebelión y las demandas planteadas en el 2018, confiando únicamente en sus propias fuerzas y sus formas propias de organización tal como se dieron en localidades de Chinandega y otras ciudades, así como en los barrios del sur de Managua. | 
