Este viernes Alberto Fernández habló de un capitalismo que "no olvide el concepto de solidaridad". Mientras la derecha de Juntos por el Cambio hace un lobby abierto a favor de Pfizer, las decisiones políticas oficiales garantizan los negocios de grandes laboratorios amigos como Richmond y mAbxience.
Si se repasa el más que extenso documento presentado al Senado por la Jefatura de Gabinete esta semana, (más de 900 páginas de un denso PDF), la palabra AstraZeneca aparece en unas 65 ocasiones. Pfizer, por su parte, lo hace 69 veces.
El hecho no es causal. En lo que ya se presenta como el inicio de la campaña electoral, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio convierten el debate sobre las vacunas en herramientas de polarización política. Sin embargo, donde parecen asomar crudas diferencias, hay más acuerdos que grieta.
Volvamos al informe de Cafiero. Entre otras cosas, vale la pena detenerse en la pregunta n°11, formulada por el radical Pablo Blanco. El legislador fueguino interroga al Jefe de Gabinete acerca si “ha considerado el Ministerio de Salud utilizar la modalidad de licencia obligatoria para forzar a empresas internacionales a proporcionarle información para poder producir localmente versiones genéricas más baratas de un producto patentado, tales como las vacunas de AstraZeneca, Sputnik, o Pfizer”.
La respuesta funciona como una radiografía de cuerpo entero del Frente de Todos. Una confirmación de la tensa contradicción entre relato y realidad que cruza las líneas oficialistas. Contesta la Jefatura de Gabinete:
“La utilización de las licencias obligatorias -tanto como el resto de las flexibilidades que permite el acuerdo sobre los ADPIC y la ley de patentes- forman parte de las posibilidades que se evalúan para garantizar el acceso a medicamentos, e insumos médicos tal como se menciona en el Artículo 70° de la Ley 25.541, sancionada en diciembre de 2019:”.
El artículo -agreguemos- habilita a mecanismos de “de monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector salud y de alternativas de importación directa y licencias compulsivas u obligatorias, frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas injustificadas o irrazonables que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud”.
Casi siete meses transcurrieron entre los pomposos anuncios presidenciales acerca de que Argentina "produciría una vacuna" y el arribo de las primeras dosis del producto fabricado en Garín. Añadamos que el principio activo de la AstraZeneca se produce a escasos 30 kilómetros del centro del poder político nacional. Esa enorme demora, en un escenario signado por los masivos contagios y el ascenso de los fallecidos ¿no califica como "problema de disponibilidad"? ¿Tal delay no debe ser catalogado un "problema irrazonable" que pone en riesgo la salud de la población?
Evidentemente, el diccionario del Frente de Todos tiene su propia semántica. Pero la demora se pagan con vidas. El 30 de marzo, cuando se iniciaba el debate por las vacunas producidas en Garín, Argentina registraba un total 55.736 personas fallecidas. Este viernes 4 de junio se superaron las 80.000.
El reclamo de afectar los intereses de Hugo Sigman partió del Frente de Izquierda. Fue precisamente a fines de marzo cuando los diputados nacionales de ese espacio (Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano) presentaron un proyecto para declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience. La planta, en ese momento, había producido el equivalente a 40 millones de dosis de la vacuna. Casi la totalidad de la población nacional.
Sin embargo, la respuesta del oficialismo fue catalogar de "utópica" la propuesta de la izquierda. Por aquellos días el diputado peronista Pablo Yedlin la descalificó apelando a una supuesta racionalidad. El hombre es titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la nación, no un legislador más. En ese entonces acudió a los medios y a las redes sociales. En su cuenta de Twitter escribió que
“La vacuna cuyo contenido en bolsas (Bulk) se hace en Argentina, es propiedad del laboratorio Astra Senecca (sic), No son ‘argentinas’ son privadas (…) En Argentina no tenemos, aún, la capacidad para “formularlas”, si fueran monodosis (jeringas prellenadas) y mucho menos cantidad quizás si, alguna empresa privada radicada en Argentina pudiera hacerlo, pero multidosis y en esa cantidad: NO”.
Partiendo de un respeto sagrado a la propiedad privada capitalista, el argumento del Gobierno se asentaba en otro presupuesto: en el país no existían las condiciones tecnológicas necesarias para envasar aquellas vacunas. Ante ese muro infranqueable, solo cabía exportar, finalizar el proceso en México y esperar el retorno del producto terminado.
En los hechos -y en parte en las palabras- Yedlin fue desautorizado por la propia ministra de Salud. Hablando con Alejandro Bercovich, el martes 20 de abril, la funcionaria sostuvo en una entrevista televisiva, que la reconversión industrial para el envasado de vacunas era posible.
“Técnicamente no es tan fácil. En este caso se pudo acondicionar plantas. Los requerimientos de Astrazeneca-Oxford hay que preguntárselos a ellos”, afirmó Vizzotti, refiriéndose a la planta del laboratorio Richmond, ubicada en Pilar, que ese mismo día había anunciado que envasaría la Sputnik-V.
Si esa reconversión podía evaluarse, ¿Qué impidió estudiarla y llevarla a cabo? ¿Qué trabas u obstáculos se presentaron para que no pudiera analizarse y coordinarse el eventual envasado de la vacuna en territorio nacional?
También en aquellos días, entrevistado en Alerta Spoiler, el médico Medardo Ávila Vázquez señaló que tres empresas argentinas habían solicitado en enero, por nota al Ministerio de Salud, la posibilidad de envasar vacunas.
Si los negocios de Sigman recibieron un trato más que cuidadoso, los que llevó adelante Marcelo Figueiras -dueño del laboratorio Richmond- contaron con un notorio impulso por parte del poder político. El Estado nacional, en negociaciones iniciadas meses antes, apuntaló la reconversión de la planta ubicada en Pilar en función de generar la capacidad de envasado.
En un comunicado publicado ese mismo 20 de abril en que se anunció el proceso de envasado se dejó asentado la abierta colaboración estatal. Así, el Gobierno nacional “facilitó el contacto del laboratorio con proveedores para conseguir los insumos claves para el llenado y envasado de la vacuna”. Además le otorgó casi $30 millones, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y le entregó, desde la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, un Aporte No Reembolsable (ANR) por $13 millones. Es decir, le regaló es monto.
Si se miran los hechos de conjunto, fue el Estado el garante de la producción privada. Los recursos públicos funcionaron como una usina para sostener y ampliar los negocios de Richmond.
Si se despliega una mirada más amplia en el tiempo se puede formular preguntas. ¿Por qué no podría haberse apelado al uso de licencias obligatorias para obtener la fórmula del antígeno que se producía en Garín al mismo tiempo que se preparaban el reacondicionamiento de las plantas en función de la obtención de vacunas? ¿Qué impedía unificar el conjunto de la producción farmacéutica nacional bajo la gestión estatal y controlada por trabajadores, técnicos y científicos, de modo tal de avanzar hacia una producción integral de la vacuna en territorio nacional?
Nada, excepto el sagrado respeto a la propiedad privada capitalista. Dicho en términos más terrenales, salvaguardar los intereses de Sigman y Figueiras.
Ese respeto no es cosa del pasado. Esta semana, el debate que cruzó a oficialismo y oposición estuvo marcado también por las posibilidades de establecer un acuerdo con Pfizer. Evidenciando su abierta subordinación al gran capital, Juntos por el Cambio se presentó un proyecto donde apunta a modificar el artículo 4° de la Ley 27573, votada en octubre pasado. ¿El objetivo? Favorecer aún más los grandes negociados de laboratorios y farmacéuticas.
La propuesta apunta a eliminar las trabas que impedirían acordar con Pfizer. En particular, la palabra “negligencia” entre los causales que anulan un eventual reclamo de indemnización. Entrevistado por FutuRock, Yedlin dijo este miércoles que "Pfizer quiere que Argentina se haga cargo ante su posible negligencia y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo".
Sin embargo, quienes sí parecen dispuestos y dispuestas a aceptarlo son los legisladores y legisladoras del Frente de Todos en CABA, que este jueves votaron un texto que habilita a Larreta a negociar con los grandes laboratorios sin ningún tipo de restricciones. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman la definió con precisión como "la Ley Pfizer".
El voto peronista-kirchnerista en la Legislatura de CABA dice mucho más que todas las declaraciones de Yedlin. Lo que está en el horizonte inmediato es una nueva concesión hacia los grandes laboratorios. Capitalismo "solidario"…con las ganancias de los grandes laboratorios.
