En febrero de este año, mientras la comunidad Vuelta del Río denunciaba el acoso de propietarios latifundistas de la zona en connivencia con la justicia y el aparato represivo, la propietaria de la legua 9 lindera a la comunidad Nahuelpan, cavó una fosa de seis metros por tres de profundidad para impedir el ingreso a la misma.
La excusa de Paggi fue el supuesto “robo de hacienda” algo que jamás pudo demostrarse. “Se trata de un camino ancestral, no una huella o un callejón como dicen, por el que pasaron generaciones” recuerda Mauro Millán, Longko de la comunida Pillan Mahuiza de Corcovado. Por allí transitaron los miembros de la comunidad Nahuelpan desalojados en 1937. “Es un sector que resume toda la tragedia que ha vivido el pueblo Mapuche-Tehuelche” agrega Millan, “rodeado por terratenientes”.
Acostumbrados a décadas de impunidad, Paggi y otros terratenientes intentan avanzar sobre el territorio de la comunidad. “Cuando ella quería venia y nos cambiaba el candado de la tranquera y teníamos que esperar que nos abra para salir” dice Javier Nahuelpan. Pero esta vez “hay otra mirada, hay otra generación, por la bronca y la impotencia de ver como se manejan ellos que mueven la Policía y la justicia cuando se les antoja”. Javier cuenta que se han recibido apoyo de toda la provincia e incluso de otros pueblos originarios del país. “Somos una comunidad con una larga historia, por mas que algunos salgamos a trabajar a la ciudad, nunca hemos abandonado el territorio”, cuenta Javier que hoy es obrero de la construcción después de haber trabajado desde los 14 años para otros terratenientes de la zona.
Luego de que los miembros de la comunidad decidieron tapar la zanja “de Alsina” que cavó Paggi sin esperar a la justicia, la terrateniente avanzó con cercar el camino. Por ello luego del Trawün realizado el 1 de junio, cortaron el cerco y están acampando en la tranquera a la espera de la resolución judicial.
“Todo se judicializa, con jueces y fiscales racistas, y nos llevan a un escenario en el que estamos complicados para batallar. No porque no haya un marco de derecho indígena, sino porque hay un aparato judicial que no va a permitir que se haga efectivo ese derecho indígena. El INAI queda obsoleto. Acá tiene que haber decisiones políticas, es un conflicto político, porque somos un pueblo y un movimiento mapuche”, sintetiza Millan.
Una historia de despojos
La comunidad Nahuelpan es una de las más antiguas de la provincia en cuanto a continuidad en su territorio. Reconocida como “Reserva Nahuelpan” en 1908 por el ejecutivo nacional, fue ampliada a 21 000 hectareas en 1922. En el año 1937 fueron desalojados por iniciativa de la familia Amaya, en función de la “falta de hábitos de trabajo de los ocupantes de la misma, quienes viven precariamente y en el más completo abandono, acusando ausencia de trabajo metódico, orden y moral y falta de atención en el cuidado de sus haciendas, siendo elementos indeseables que constituyen un serio inconveniente para los pobladores de esa rica y próspera zona.”
Así, se dispuso la reubicación de los más de 300 miembros de la comunidad que a instancias del Cacique Nahuelpan se reagruparon allí luego de la campaña de exterminio encabezada por el ejército argentino a fines del siglo XIX. Luego de este despojo, “las familias se asentaron en Esquel y otros lugares donde pervivieron como poblaciones marginales de esta región patagónica”, recuerda Millan.
El territorio fue dividido entre nueve propiedades de 2500 hectareas y en 1938 entregado a propietarios locales entre los que figuraba Pedro Menphis Paggi, abuelo de Maria Elena Paggi. Para 1943 los nuevos “propietarios” no habían realizado ningún tipo de mejora en el territorio, por lo que el entonces Presidente Pedro Ramirez decretó la devolución de tierras a la comunidad Nahuelpan, reservando un lote al Ministerio de Guerra. Pero como señala Millan “solo se reconoce a los descendientes directos de Nahuelpan, no al resto de las familias, y es parcial, porque solo se restituyó un tercio del total”. De las nueve leguas originales que se reconocía en 1922, solo fueron restituídas tres, los lotes 2, 3 y 6, y recién fueron otorgadas en 1948.
Una ligazón histórica con el poder para desalojar
La “empresaria” Maria Elena Paggi es dueña de una FM local y tiene profundos vínculos con el poder político y judicial de la provincia, heredados de igual modo de su padre
Paggi, intento disputar la candidatura a la intendencia de Esquel en 1999 contra el entonces candidato del FPV Rafael Williams, cuatro veces electo y actualmente legislador provincial por el FDT. En 2013 Paggi se lanzó nuevamente como precandidata por el peronismo de la mano del diputado nacional Alfredo Beliz, aunque al 2015 llegó con rumores de candidatearse a la intendencia por el PRO, terminó perdiendo la interna con Juan Ripa.
Son estos vínculos con el poder político y judicial local los que permitieron a Paggi presentar contra toda lógica una denuncia por “violencia de género” contra miembros de la comunidad Nahuelpan, por la cual el Juez Criado dispone la prohibición de acercamiento por el término de 30 días. La terrateniente aduce sentirse “intimidada” por los miembros de la comunidad a los que intenta robar. Nada como el miedo del rico ante la firmeza del pobre para movilizar a la justicia.
Una medida que bastardea un recurso judicial dispuesto para proteger a víctimas de violencia de género firmada justamente el mismo 3 de julio, sexto aniversario del Ni Una Menos, para proteger a una terrateniente que ataca el derecho territorial de una comunidad mapuche. | 
