Existencia de presos de la rebelión: ¿delito común o delito político?
¿Alguien detenido por destruir propiedad pública o privada es un preso político o un delincuente común? Esta es la pregunta principal sobre la existencia o no de presos políticos en Chile. Tras los dichos del presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública.
El candidato RN a gobernador por Antofagasta, Marco Díaz, en un foro de candidatos a gobernador afirmó que en Chile no hay presos políticos por pensar y que los que están presos son por delitos comunes contra la propiedad. Existen innumerables fuentes del derecho internacional que desmienten esta hipótesis.
Los jóvenes que están detenidos en las cárceles formaban parte de una movilización generalizada por motivos políticos. Toda la población volcada a la calle algo tenía que decir. Abandonados por el sistema, sin futuro y viviendo en condiciones precarias miles de jóvenes se unieron a la revuelta por un fin político.
Según el profesor y columnista de la Universidad de Chile, Fidel Castro A., "Por tal razón son y deben ser considerados presos políticos todas aquellas personas cuyas imputaciones penales estén en el contexto del estallido social (temporal, material y teleológicamente), pues sus motivaciones no tuvieron por finalidad atentar contra las bases de la convivencia social, sino que atacar el orden político establecido, cuyas prioridades no han estado en las necesidades de la población, sino que en la defensa corporativa de su propia clase política profesional, al punto tal que su primera reacción fue reprimir con severidad las manifestaciones sociales, violar sistemáticamente los DDHH de las y los manifestantes, y criminalizar la protesta social a través de la Ley Nº21.208."
El gobierno de Piñera aduce que "tribunales autónomos" han detenido y procesado a los presos de la rebelión, sin embargo, el odiado presidente oculta que dichos presos en realidad protestaban contra su gobierno y querían su caída. La prisión política entonces es la venganza del régimen contra la juventud alzada. Cientos de testimonios de familiares de los presos atestiguan que se trata de jóvenes con conciencia social y movilizados, padres de familia, hijos de familias trabajadoras, que no representan un peligro para la sociedad, pero sí para el gobierno.
¿Es una atribución de la Convención liberar a los presos políticos?
Mucho se ha preguntado si la Convención Constitucional tiene o no las atribuciones para votar un indulto general a los presos de la revuelta. Según el pacto del 15 de noviembre de 2019 ésta instancia debe ceñirse al itinerario y normas de funcionamiento para gestar tan sólo una nueva Constitución, sin tocar los actuales poderes del régimen.
Sin embargo, es clave volver a destacar que, el actual proceso constituyente no fue obra de la institucionalidad, sino de un proceso social de lucha de clases. En donde los sectores populares y trabajadores, de un lado, lucharon 2 meses sin descanso para conseguir la destitución del presidente y la instauración de una Asamblea Constituyente libre y soberana para sepultar la Constitución pinochetista del 80’. Y aquella protesta no tiene como responsables a los actuales presos, los responsables son el propio gobierno y los partidos de los últimos 30 años, todos al servicio del modelo neoliberal y el régimen de democracia pactada.
Los convencionales que se declaran del pueblo o de oposición a Piñera que se instalarán en el Palacio Pereira en pocas semanas más, deben saber y tener plena conciencia que fueron electos y ejercerán sus funciones gracias a una rebelión popular, que costó vidas, múltiples lesionados, daños oculares irreversibles, violaciones a los DDHH y privaciones de libertad a jóvenes que estuvieron dispuestos a enfrentarse contra ese orden establecido del que han parasitado los partidos tradicionales de los 30 años, junto a su casta privilegiada de jueces y policías.
Desconocer la Constitución del ’80
El pacto del 15 de noviembre 2019: que fija el quorum de 2/3, el impedimento para modificar los tratados de libre comercio y la mantención de la figura presidencial de Piñera, es ilegítimo. Nadie fue consultado. En plena madrugada y a espaldas del pueblo se sentaron los mismos partidos de la cocina parlamentaria junto a Boric, para salvar al presidente y reprimir la rebelión en nombre de una supuesta "nueva Constitución". Actualmente la Convención Constitucional es el único poder del Estado en donde la población siente que hay representantes "del pueblo", pues, en ella hay más de 2/3 de representantes de listas independientes, del PC/FA y de pueblos originarios.
La Convención Constitucional debe asumir plenos poderes políticos y desconocer las normas impuestas a sangre y fuego por el gobierno de Piñera. Eso implica superponerse al poder judicial en esta materia e impedir la labor de los fiscales y jueces que mantienen presos políticos. La Lista del Pueblo, el PC y FA, los representantes de pueblos originarios, deben liberar a los presos políticos de la rebelión, destituir al presidente Piñera y rechazar las normas impuestas. No hacerlo, significará una traición a la rebelión popular, a las familias de los presos y a todos los trabajadores del país que pusieron su sangre en este proceso social. | 
