Con marco en un clima de violencia que ha incluido decenas de agresiones en contra de candidatos de distintos partidos por todo el país, este 6 de junio se llevarán a cabo las que son consideradas las elecciones más grandes de la historia de México de los últimos años.
A pesar de que desde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hasta la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, han negado que exista una relación entre la violencia contra candidatos y la disputa electoral, lo cierto es que se trata también de una jornada que contará con un despliegue policíaco-militar que pone en duda la supuesta "fiesta cívica" que tanto anunció el Ejecutivo.
En la Ciudad de México, de acuerdo al secretario de gobierno José Alfonso Suárez del Real, el operativo que blindará las elecciones constará de al menos 18 mil 856 elementos divididos en 160 equipos de trabajo en las 16 alcaldías capitalinas. La distribución de estos elementos contempla 7 mil 465 inmuebles en donde se instalarán 13 mil 175 casillas electorales.
Este operativo, ahondó el funcionario, instalará puestos de mando de respuesta inmediata integrados por elementos de la Secretaría Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Cuestionado en repetidas ocasiones durante sus encuentros con la prensa en Palacio Nacional por las agresiones contra candidatos, López Obrador se limitó a negar que hubiera algún problema. "Hay normalidad política y democrática en México", aseguró e insistió en llamar a la población a votar. "No hay nada qué temer". A pesar de esto, su administración implementó un Plan de protección a candidatos contra el crimen organizado, el cual estuvo a cargo de la Guardia Nacional, misma que tuvo bajo su protección a 57 candidatos a cargos de elección popular —cinco de ellos aspirantes a gubernaturas— durante el actual proceso electoral.
En estas elecciones, consideradas las más grandes de la historia reciente de México, se elegirán 20 mil 811 cargos locales y federales; 15 de 32 gobernadores estatales; 30 Congresos locales y mil 900 ayuntamientos. Se prevé la participación de más de un millón de ciudadanos funcionarios de casilla, distribuidos en 162 mil 815 casillas que abrirán de 8:00 a 18:000 horas.
A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral informó del despliegue de 3 mil 300 agentes de las Fuerzas Armadas en juntas locales y distritales. Por su parte, la Guardia Nacional anunció la distribución de 99 mil elementos por todo el país, cuya consigna es "prevenir actos de violencia o la comisión de delitos durante la jornada electoral". Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció que implementará operativos en carreteras, aeropuertos y otras instalaciones estratégicas.
Por su parte, agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial (de la Fiscalía General de la República) anunciaron despliegues operativos, así como patrullajes y recorridos por zonas "de riesgo".
La consultora Etellekt registra del 7 de septiembre a la fecha hasta 780 agresiones contra políticos y personas cercanas que no necesariamente participan de la actual contienda electoral. Aún con esta salvedad, registra 89 políticos asesinados, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos rumbo a este 6 de junio. A estos se suman 99 ataques contra servidores públicos sin militancia o afiliación conocida a algún partido; 10 colaboradores y 34 familiares. Jalisco, Guanajuato y Veracruz concentran asesinatos de candidatos en el actual proceso, sin embargo, hay registro de por lo menos 35 aspirantes y candidatos asesinados en 16 entidades y 33 municipios.
Según detalla la consultora, cerca del 90% de estas agresiones corresponden al ámbito local, mientras que 75% de las víctimas representaban a partidos "opositores" al oficial (44% de los candidatos asesinados militaba en la alianza entre el PAN, el PRI o el PRD). Estas cifras a pesar de que la Guardia Nacional mantuvo bajo su resguardo a 57 candidatos, entre ellos 35 aspirantes a diputados, 17 a alcaldes y cinco a gobernadores. Según detalla el semanario Proceso, los estados de Tabasco y Oaxaca concentran más candidatos escoltados a nivel nacional por esta corporación militarizada, seguidos de cerca de Michoacán y Guerrero.
Ante estas cifras, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, no sólo negó que se tratara de "incidentes con motivación electoral". Aprovechó para azuzar la criminalización en contra de movimientos sociales, en particular de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y populares; "ustedes saben a cuáles me refiero", declaró luego de poner los conflictos territoriales en zonas rurales y con pueblos originarios en Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán como una de las primeras causas de la violencia que deriva en estas agresiones.
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