A 39 días del comienzo del Paro Nacional en Colombia, de acuerdo con las cifras de Indepaz se cuentan más de 70 asesinatos a manos de policía, el ESMAD, las fuerzas militares y paramilitares. La mayoría de los asesinados son jóvenes entre los 13 y 26 años, en gran parte de la ciudad de Cali. Pero el homicidio no es la única estrategia perversa del gobierno de Iván Duque, también se ha implementado fuertemente la estrategia de la judicialización con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación.

Allanamientos, falsos testigos, aplazamiento de audiencias, y demás triquiñuelas ha implementado la Fiscalía para inculpar con la finalidad de callar a los jóvenes. Si bien, la recién nombrada primera línea jurídica conformada por cerca de dos mil abogados acompaña el inicio de los procesos, muchos de ellos y ellas están expuestos a penas que pueden llegar a los 30 años de cárcel por solicitud de la fiscalía acusados de terrorismo, vandalismo, daños a bienes públicos entre otros.

Se les priva de la libertad y son llevados a las Unidad de Reacción Inmediata – URI o a cárceles con presos comunes en los que son expuestos al hacinamiento o la extorsión por otros presos en un proceso viciado y sin justicia. Son jóvenes de bajos recursos que no cuentan con dinero para pagar un abogado y que se encuentran expuestos a penas exageradas que pretende el gobierno sirvan para intimidar a otros jóvenes de su entorno.

Es de recordar que esta práctica no es nueva en Colombia, es lo que se conoce como los fasos positivos judiciales, que es otra forma de muerte ciudadana ya que aísla y pone “fin” a las vidas de quienes son sentenciados. Un conocido caso es el del atentado al Centro Comercial Andino en junio de 2017 donde fueron capturados y judicializados varios jóvenes cuya condena no fue posible por vencimiento de términos al no tener suficientes pruebas en su contra para inculparlos.

En el marco del paro nacional retomando el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se afirma que “concejales de la ciudad de Bogotá denunciaron a esta Misión que en las barriadas humildes de la periferia “no hay día en que el ESMAD no actúe, llevándose a muchachos de las barriadas, trasladándolos muy lejos de sus viviendas y familiares para luego encerrarlos por más de 36 horas incomunicados, gasearles en la celda y finalmente criminalizarlos en orden a delitos de diversa entidad (Obstrucción de vía pública, terrorismo, sedición, etc.)”.

Respecto a algunos casos atendidos por la Comisión Colombiana de Juristas el 28 de abril se conoció que los jóvenes detenidos “estuvieron incomunicados por más de 12 horas, sin contar con la asistencia legal estipulada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El 29 de abril, y gracias a la insistencia de su abogado, fue posible encontrarlos dentro del CTP de Puente Aranda donde horas antes los habían negado. Ambos presentaban señales de tortura y golpes”.

En el marco del #ParoNacional, @Coljuristas denunció que la @PoliciaBogota negó a abogados/as el acceso a algunas/os manifestantes sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica, que son representados por la CCJ como parte de @DefenderLiberta

— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) April 30, 2021

En consonancia con lo anterior, un caso que lo ejemplifica es el de un joven de la localidad de Usme quien fue detenido en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía, cuya casa fue allanada por cerca de 30 efectivos de esta institución, inculpado por la quema del Centro de Atención Inmediata de la policía en el barrio La Aurora, localidad de Usme al sur de Bogotá, el pasado 4 de mayo. En este caso, se presentó un testigo falso cuya dirección no fue encontrada, al no tener más pruebas en su contra, la fiscalía suspendió la audiencia antes de dar el veredicto y la retomó dos días después con nuevos testigos falsos y supuestas conversaciones por las redes sociales.

Entre tanto, medios hegemónicos como la revista Semana se apuran a firmar en su edición del pasado 4 de junio que “La Fiscalía capturó a cuatro personas que estarían vinculadas con el intento de asesinato de varios policías en el CAI La Aurora en el sur de Bogotá”, con el interés de mostrar avances en las investigaciones en las que Policías han sido supuestas víctimas de los manifestantes.

Delicado es el número de detenciones arbitrarias denunciadas por la Campaña Defender la Libertad que suman 2.854, las cuales pueden terminar en judicialización o desaparición de los jóvenes detenidos por la Policía y el ESMAD en las manifestaciones, debido a la violación del debido proceso, los traslados arbitrarios y la negación de dar a conocer su paradero.

El pueblo colombiano en su justa lucha no solo aboga por el cambio de un sistema capitalista neoliberal que lo viene ahogando y masacrando sino también que toda la verdad se sepa, la aparición con vida de todos los jóvenes, y por el juicio y castigo a todos los culpables. Por ello consideramos que es urgente una Comisión independiente con plenos poderes para investigar hasta el final, compuestas por representantes de los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos independientes del Gobierno, de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, de la juventud, únicos interesados en que se sepa la verdad.

El pueblo sigue en las calles, y los jóvenes junto a los trabajadores, indígenas, campesinos, resisten a la represión militar contra la protesta social. Basta de asesinatos y represión a los que luchan, nos serán las bandas asesinas las que callen al pueblo.