Asimismo, en su artículo 7º sobre consentimiento informado, reitera: "Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho."
Sin embargo, los artilugios legales para impedir la aplicación de esta ley y garantizar el derecho al aborto siguen sucediéndose en distintos puntos del país. Como siempre destacamos desde este diario, la sanción de la ley no pondría punto final a los ataques de los sectores antiderechos que reúnen jerarquías eclesiásticas, activos fundamentalistas religiosos, supuestos libertarios que comulgan con carapintadas y defensores ultraderechistas de la dictadura militar.
Ahora fue el juez Alfredo Eugenio López, del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, quien hizo lugar al amparo presentado por el abogado Héctor Seri, excandidato en las listas del MODIN, el partido que conducía el carapintada Aldo Rico. El juez que se hizo eco del reclamo de este derechista ordenó al Estado suspender la aplicación de la ley de IVE, en contra de lo que ya fue sancionado por el Congreso.
Hoy, en Salta, el juez Tomás Méndez Curutchet hizo lugar a la demanda de la pareja de una mujer que había solicitado una IVE y prohibió que se llevara a cabo la práctica médica hasta tanto se llevara a cabo una audiencia de conciliación entre ambos progenitores. Contra los derechos establecidos que exigen respetar la decisión de la gestante, el juez aceptó la petición del hombre que dice actuar “en representación de su hijo o hija por nacer”.
Una verdadera escalada en los ataques contra la ley, que ya tuvo que soportar la presentación de unos treinta amparos en distintos juzgados del país desde que fue sancionada. Desde la localidad de Chacabuco, en la Provincia de Buenos Aires, hasta los jueces de San Juan que prohibían a una mujer abortar por pedido de su expareja, o el pedido de inconstitucionalidad que hizo una exsenadora del PJ de San Luis, solo por citar algunos casos.
Mientras tanto, las referentes más destacadas de la marea verde abandonaron las calles para convertirse en funcionarias del Estado, pretendiendo que con papeleos que van y vienen desde despachos ministeriales a despachos de tribunales se le pare la mano a la derecha. La propia ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad hoy respondía a una entrevista en el diario Página/12: "Están trabajando tanto el área jurídica del Ministerio de Salud junto a la Procuración del Tesoro, con el acompañamiento de un equipo que se conformó con la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de las Mujeres desde enero."
Si fuera una conversación en whatsapp, bien podríamos insertar ese emoji que dirige las pupilas hacia arriba, con hastío. Pero las mujeres ya esperamos muchos años para conquistar nuestro derecho al aborto. Y si lo hicimos, no fue porque esperamos sentadas ni tampoco porque dejamos en equipos, secretarías y ministerios la decisión de que se convierta en ley. Fueron muchos años de lucha y movilización.
Ahora no hay tiempo de hacer largas disquisiciones, mientras los antiderechos continúan con sus ataques orquestados contra lo que conquistamos con la lucha y la movilización y las mujeres siguen pagando con su cuerpo y la pérdida de autonomía sobre sus proyectos de vida.
Solo podremos ejercer una verdadera defensa de nuestros derechos en el mismo lugar donde los hemos conquistado.
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