La Cámara de Diputados aprobó este jueves al proyecto que disminuye las tarifas de gas en las denominadas "zonas frías" del país, con 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones. Antes, se votó a favor del Consenso Fiscal. La reducción alcanza a un sector de la población de menores ingresos, pero excluye a muchos de los sectores populares que seguirán pagando las altas tarifas que dejó el macrismo.
La mayoría de los diputados de la oposición patronal optaron por no votar en contra, pero con el argumento de “la inequidad” y del “desfinanciamiento del fondo fiduciario al subir los beneficiarios de la tarifa de gas subsidiado” se abstuvieron.
La propuesta de zonas frías, impulsada por Máximo Kirchner y redactada entre otros diputados por Liliana Schwindt, prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas y extiende el régimen abarcando localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires con clima frío o templado-frío. Es llamativo que la propuesta sea impulsada a pocos meses de la campaña electoral e incluya a varios municipios bonaerenses donde el oficialismo se jugará a obtener un triunfo.
Los habitantes de zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una baja del 30 % y 50 % sobre las facturas de gas, según la situación económica de cada sector.
Los usuarios que tendrán una disminución de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta cuatro salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán obtener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una baja del 30 % de la factura de gas correspondiente.
La financiación estará a cargo del Fondo Fiduciario establecido por la ley 25.565, y que se compone por un recargo sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte, que se aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el Territorio Nacional cualquiera fuera el uso final del mismo.
El oficialismo aceptó incluir parámetros técnicos para determinar las localidades alcanzadas por el beneficio, en vez de la redacción original que establecía cada una de las localidades, departamentos o partidos que se incluían.
Así, zonas de Córdoba, de San Luis y del sur de Santa Fe se sumarían a los departamentos o partidos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis contemplados en el texto original.
Los tarifazos de la era Macri no se retrotraen
El proyecto oficial de zonas frías, que ahora pasa al Senado, solo incluye a un sector de la población, pero ¿qué pasa con el resto de los sectores populares que pagan los tarifazos de la era Macri? El Gobierno decidió avalar los tarifazos que realizó el macrismo (que tanto denunció), y desechó el proyecto que presentó en el Congreso cuando estaba en la oposición de retrotraer los incrementos.
Según un informe de Enargas, “los incrementos tarifarios de 2017 casi triplicaron la inflación y los de 2018 estuvieron cerca de duplicarla”. El informe explica que entre enero 2016 y abril 2019, última actualización semestral realizada por el Enargas, la factura promedio residencial para la provincia de Buenos Aires subió 964 %. Ahora el proyecto oficial solo disminuiría hasta 50 % y solo para un sector. Mientras tanto las empresas privatizadas ganaron millones. Si se suma las ganancias solo de Metrogas y Naturgy Ban ambas ganaron 430.245 dólares por día en 2019.
Tras los choques con el ministro de Economía, Guzmán, el Gobierno finalmente autorizó un aumento de 6 % en las facturas residenciales del gas a nivel nacional. Un nuevo aumento, que si bien es menor a lo que Guzmán pretendía para este año se suma a los tarifazos que ya aplicó el macrismo. Los salarios perdieron poder de compra en los últimos años, y la inflación que sigue elevada empeora esta situación.
Los servicios públicos son un derecho esencial para la clase trabajadora. Hay que terminar con el negocio de las privatizadas. Como proponen los diputados del Frente de Izquierda, hay que nacionalizar y reestatizar sin pago todas las empresas privatizadas bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares.
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