El martes de esta semana se presentó en Chile la “Vocería de los pueblos de la revuelta popular constituyente”. Se trata de una coordinación que agrupa a 34 diputados y diputadas constituyentes pertenecientes a la "Lista del pueblo", de los movimientos sociales y de pueblos originarios.
Mediante un comunicado llamaron a desconocer las reglas del "Acuerdo por la Paz" que regulan y limitan a la convención constitucional, y entre algunas medidas señalaron que promoverán la liberad de los presos de la revuelta. Recordemos que el "Acuerdo de Paz", también conocido popularmente como "cocina parlamentaria", fue la forma en la que Piñera, en acuerdo con un amplio arco de parlamentarios que iba desde la extrema derecha hasta el neorreformismo del Frente Amplio, buscó a fines de 2019 frenar la rebelión en curso mediante una Constituyente amañada y muy limitada para evitar hacer cambios profundos.
La declaración de la "Vocería de los pueblos" es un paso adelante, que debe ser llevado a cabo por la movilización y autoorganización, para ir hasta el final: terminar con todo el régimen heredero del pinochetismo.
Algunos de los integrantes de esta vocería son Alondra Carrillo, Elisa Loncón, Cristina Dorador, Natividad Llanquileo, Camila Zarate, Bastián Labbé, Dayyana González, Manuela Royo, entre otros. Entre ellos representantes del pueblo aymara, mapuche, colla y diaguita.
En su declaración pública señalan: “Como constituyentes portadoras y portadores de mandatos colectivos que provienen de territorios, movimientos y organizaciones sociales, manifestamos nuestro compromiso democrático con el ejercicio soberano de los pueblos. (...) Nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país, que habrá de someterse al fin a la deliberación popular.”
Y llaman a 6 medidas a la Convención: libertad presos de la revuelta, fin a la impunidad, reparación a víctimas de la represión, fin a la ocupación en los pueblos mapuche y desmilitarización, suspensión de expulsiones a inmigrantes.
El gobierno rechazó por “ilegal” el llamado. Sectores reaccionarios dicen que es una propuesta “jacobina”, que los eligieron para redactar una constitución y “no para ser jueces”. Otros que se trata de “matonaje”, o que son “terroristas”. Resulta notable que todos ellos que exigen respeto por la democracia y las reglas del Acuerdo del 15 de noviembre, son quienes implantaron por la fuerza una dictadura militar más de 17 años donde ellos hacían lo que querían, asesinando obreros, mapuche, mujeres, pobladores.
Pero también desde la centro-izquierda, particularmente la vieja Concertación rechazan el llamado de la "vocería". Para la DC Yasna Provoste: “el Acuerdo por la Paz es el que establece el cronograma constituyente (…) tenemos que respetar las leyes que actualmente nos rigen”. El intelectual de la elite Agustín Squella dijo: “Nos guste o no, hay reglas previas que la Convención no puede soslayar.”
Cuento aparte merece el PC-FA que están de gira entregando apoyo en segunda vuelta de Gobernadores a candidatos de la vieja Concertación -incluso sacándose fotos con la candidata de Bachelet Paula Narváez- y ahora no solo el Frente Amplio reivindica el Acuerdo de la Paz que firmó Boric junto a la UDI sino también sale a reivindicarlo Daniel Jadue. ¿Por qué no llaman a plegarse a este llamado de la “vocería de los pueblos”? ¿Acaso es tanto su respeto al parlamento empresarial y a la derecha y la vieja Concertación?
Las y los compañeros de esta vocería de los pueblos llaman a que la convención no debe subordinarse al Acuerdo por la Paz del 15N del 2019 firmado por la cocina parlamentaria, y exigen varias medidas muy importantes como la liberación de los presos de la revuelta y el fin a la impunidad a los represores. No podemos más que estar de acuerdo con este llamado. Como PTR estamos a disposición de esta lucha contra los aspectos anti-democráticos que buscan los viejos poderes para que no se cambie nada fundamental y creemos que sólo con la fuerza de la movilización podremos imponer estas medidas esenciales. Por eso estamos impulsando instancias de coordinación entre sindicatos, asambleas territoriales, organizaciones estudiantiles, familiares de presxs de la revuelta y organizaciones políticas como hacemos en Antofagasta,en Puente Alto, en San Miguel, entre otros territorios. Creemos que partiendo por potenciar las luchas de la clase trabajadora -como hoy protagonizan las y los trabajadores del Hospital Barros Luco, o enfrentando los despidos de Jorge Sharp contra honorarios en Valparaíso- debemos ligar estas peleas con la lucha por la libertad de lxs presxs de la revuelta y que la Convención sea realmente soberana.
Por eso les llamamos a que convoquen a esta pelea, pues tienen la oportunidad en estos momentos extraordinarios, de convocar a esta lucha y consideramos que la Convención debiera votar estas medidas inmediatamente partiendo por la liberación de los presos. Eso mostraría quien es quien en la convención, quienes están en contra y a favor. De ganarse por mayoría simple la liberación los poderes del viejo régimen se negarían a ella como ya han dicho fiscales, gobierno, corte suprema y muchos parlamentarios. Pero todos esos poderes tienen amplio rechazo popular, y la convención tendría la legitimidad suficiente para esas medidas y para desconocer el Acuerdo por la paz, y para convocar a movilizaciones y paros nacionales para hacerla realizable porque será una batalla que el viejo régimen no cederá fácilmente.
Por eso consideramos que este llamado debe sumarse a convocar a la movilización, a crear comités, asambleas abiertas y a la coordinación. Esto permitiría también reagrupar fuerzas y exigir de los organismos como la CUT o Unidad Social un paro nacional. Para ello, sería muy importantes que los 34 constituyentes convocaran desde ahora coordinaciones y un plan de lucha unitario.
Se necesita la unidad y la coordinación de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso consideramos que es un error que las asambleas que está organizando la Lista del Pueblo sean sólo para quienes cumplan los requisitos que impone su dirección. Están pensadas más bien como instancias de apoyo al trabajo legislativo de sus constituyentes o para la construcción de su propia organización, y no coordinaciones enraizadas en lugares de trabajo y territorios, ligadas a las luchas reales que hoy existen, como ya estamos impulsando diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Luego queda un debate fraterno con los compañeros de la vocería de los pueblos. En el punto 6 señalan: “El poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención. En esta misma línea, rechazamos la suma urgencia puesta sobre el TPP-11 y toda medida tendiente a intentar limitar de antemano la posibilidad de ejercicio del poder constituyente de este proceso.”
Las y los compañeros plantean correctamente la autonomía de la convención, que no puede estar controlado ni reglamentado por “poderes constituidos”.
¿Pero por qué no ir más allá? ¿Por qué la convención debería limitarse solo a redactar una nueva constitución? Que sea “soberana” no solo tiene que ver con que no tenga reglas del poder constituido, sino que además que la propia convención se haga del poder contra los poderes constituidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que tome en sus manos todas las atribuciones políticas: ejecutivas, legislativas y judiciales. Que gobierne, destituyendo a Piñera y convocando elecciones bajo nuevas reglas que decida la convención por mayoría simple. Que legisle inmediatamente un ingreso universal de emergencia de 600 mil para todos; que instituya un salario y pensión básica de 550 mil pesos, que derogue el DFL 2 poniendo fin a las AFP reemplazándolo por un sistema universal de pensiones. Que imponga impuestos extraordinarios a banqueros, mineras y grandes fortunas. Que destituya jueces que colaboraron con la dictadura e instaure elección popular de jueces. Que baje inmediatamente las dietas y privilegios de políticos y funcionarios y que ganen como un trabajador calificado.
Todas esas medidas de emergencia en favor del pueblo, tomando la agenda de octubre y que ataquen el poder de las viejas instituciones de la transición pactada concitarían el apoyo popular.
La república oligárquica chilena exige "respeto" y que no pasen por encima de sus reglas. Y mucho menos que su poder quede sustituido por alguna instancia democrática que se base en el poder soberano del pueblo. ¿Qué pasaría si eso se desarrollaría? El viejo régimen y sus partidos, desde los derechistas hasta la centro-izquierda probablemente harían una campaña del terror y denunciando estas medidas como “anti-constitucionales e ilegales”. Para ello sus poderes fácticos harían enormes esfuerzos: campañas mediáticas, golpes de mercado, llamados a las fuerzas armadas, hasta golpes institucionales y otros podrían hacer supuestamente en nombre de la “defensa de la democracia”. Ya lo han hecho antes numerosas veces.
Por eso todas estas medidas deben ser medidas de lucha, de movilización y organización del frente único de sindicatos, asambleas territoriales, ollas comunes, llamando a coordinaciones y comités abiertos para reagrupar las fuerzas hacia un plan de lucha. La vocería de los pueblos tiene una representación muy importante y han conquistado cientos de miles de votos, podrían convocar a asambleas abiertas, comités y coordinaciones desde ya.
Desde aquí sería más fuerte el llamado y exigencia a los grandes organismos en manos del reformismo (CUT, Unidad Social, etc.) y a los otros sectores de izquierda, presionándolos para que salgan de los salones parlamentarios a impulsar la lucha en las calles.
La clave es crear comités de acción, de lucha, de huelga, junto a asambleas territoriales, ollas comunes, etc. para retomar el camino que abrió octubre y la perspectiva de la huelga general para enfrentar a todo el viejo régimen y los poderes reales que quieren cambios graduales para que no cambie nada realmente. Y por eso hacen llamados al "diálogo", al respeto a las "reglas" y todo ese cuento. Cualquier medida que vaya contra sus intereses la resistirán.
Sin la movilización y auto-organización será difícil enfrentar las trampas del "diálogo" y el "consenso" que no solo plantea la derecha y la concertación, mientras amenazan que cualquiera que se salga de ellas puede implicar "caos" (fundamento para el "orden"), sino que también el reformismo del bloque PC-FA dirigido por Jadue y Boric, que quieren respetar todas las viejas reglas y al viejo régimen, y quieren dirigir todo a los salones parlamentarios. De tomar medidas radicales la convención y de desarrollar la lucha de clases, la embestida de los poderes facticos reales (empresarios, policía, militares) sólo podrá ser derrotada por la fuerza de la movilización y autoorganización de los trabajadores y el pueblo, en la perspectiva de la huelga general y la autodefensa. Eso creará las condiciones para la lucha por un gobierno de trabajadores que lleve adelante la ruptura con este sistema de explotación y opresión. | 
