Un hombre del barrio de Sants se habría quitado la vida este lunes momentos antes de ser desahuciado de la vivienda donde vivía, según confirmaba Nació Digital.
Según el mismo diario, fuentes del ayuntamiento han comunicado que el vecino se habría suicidado justo después de la llegada de la comitiva judicial y que disponía de un informe de vulnerabilidad efectuado por los servicios sociales de Barcelona.
No obstante, el juzgado de primera instancia número 3 había dictado igualmente la orden de ejecución. A pesar de que, además, todavía está vigente la moratoria estatal de desahucios hasta el 9 de agosto.
El Ayuntamiento, por su parte, ha informado que desconoce los motivos por los cuales el juez ha acabado emitiendo esta orden. Sin embargo, no saber o limitarse hacer acompañamientos asistenciales a través de los servicios sociales resulta muy poca cosa, cuando frente al inquilino se encuentra algún gran capitalista con la complicidad de la justicia.
Y es que el Ayuntamiento de Barcelona, con la ex portavoz de la PAH Ada Colau al frente, no se opondrá nunca a las directrices de los jueces para hacer algo que dé soluciones efectivas para paliar un drama como son los desahucios.
Pero, sobre todo, el gobierno de Colau, como los demás "ayuntamientos del cambio" han acabado convirtiéndose en una izquierda de gestión del capitalismo, sin imponer medidas eficaces y anticapitalistas y respetando los intereses de los grandes tenedores de inmuebles, la banca o los lobbies empresariales de la ciudad.
Todo esto, además, justamente el mismo día que el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos anunciaba que preveía aprobar en los próximos Consejos de Ministros el recurso contra la Ley que regula los alquileres en Cataluña por inconstitucional. Una iniciativa que partía del Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogaters) y salió adelante con el acuerdo de ERC, JxCat, la CUP y los Comunes.
A pesar de los límites de esta ley, el recurso presentado por el Gobierno "más progresista de la historia" será una medida más anti-social para que la clase trabajadora tenga que seguir pagando precios abusivos y miles más de familias se vean en el drama de ser desahuciadas. Una situación que, como se ha visto hoy, lleva incluso a perder la vida.
La solución para acabar con este drama de la vivienda, pasa en primer lugar por impulsar una gran movilización que prohíba los desahucios que afectan a miles de familias. Pero, a la vez, se hace necesario imponer medidas como la expropiación sin indemnización de todas aquellas viviendas en manos de grandes propietarios y de la banca e impulsar un parque de vivienda social a precios bajos de acuerdo con las necesidades sociales en plena crisis.
Para lograr todo esto, además, sería importante impulsar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, las mismas que no han dejado de generar e incrementar su riqueza durante la crisis. Esto permitiría financiar de manera inmediata estas medidas de emergencia. Medidas para que la vivienda sea realmente un derecho para todos y no un negocio para unos pocos capitalistas. | 
