La nueva ley de FP propuesta por la ministra de Educación, Isabel Celaá, acaba de iniciar su andadura legal con la presentación del anteproyecto este martes ante el Consejo de Ministros, de cara a su aprobación definitiva que se espera ocurra a finales de este año. Durante todo el año hasta su publicación entrará en un proceso de consultas a los distintos sectores productivos y los denominados agentes sociales, patronal y sindicatos, que podrán realizar aportaciones de mejora al texto legislativo propuesto.
Es una reforma de la FP que viene acompañada de una inyección presupuestaria nada desdeñable de 5.000 millones de euros, 2 mil de ellos procedentes de los fondos europeos. Esta reforma cuenta ya con el apoyo total y expreso de la CEOE, es decir, con la patronal que es la principal causante, junto a las burocracias sindicales de CCOO y UGT, de la enorme precariedad y explotación que sufren las y los jóvenes. Han sido décadas de acuerdos sociales que han dado carta de naturaleza a unos índices de precariedad que superan el 50%, frente a una media de la UE del 30%. Y con un paro juvenil que dobla el de la UE, cercano al 38%. Por no hablar de las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy que fueron un auténtico aldabonazo en este proceso y que los sindicatos mayoritarios acabaron asumiendo y criticando solo con la boca pequeña. Y a pesar de todas las promesas, las mismas no han sido derogadas por el Gobierno “progresista”, mientras los sindicatos “mayoritarios” se han sumido en la más absoluta inacción al respecto.
La idea de la reforma de la FP es potenciar lo que se denomina “Formación Profesional Dual”, que es algo que venía demandando históricamente la patronal de la CEOE. Consiste fundamentalmente en incrementar en un gran volumen la parte de la formación que se desarrolla directamente en el ámbito de las empresas. Es decir, en darle un elevado grado de potestad de mando a la patronal sobre la formación de las y los jóvenes. Pudiendo llegar a pesar hasta en un 50% de la formación y aunque deberá acompañarse de un contrato, podemos vislumbrar que se tratará de contratos mal pagados, con amplias jornadas y elevada precarización para las y los jóvenes en prácticas. De hecho, lo publicado en el anteproyecto no establece ninguna garantía a este respecto y dadas las enormes posibilidades legales existentes, al no derogarse las reformas laborales, y la ofensiva patronal general contra los derechos laborales, sin resistencia sindical prácticamente, no podemos esperar otra cosa. Ahí están sin ir más lejos los despidos en las grandes empresas de multitud de sectores, más de 35.000 en total, pese a los beneficios que acumularon y vuelven a tener; o la negativa a subir el salario mínimo. De hecho, ya se producen abusos en la actualidad en estas situaciones con las prácticas en las empresas vinculadas a la FP.
Pero es que muchos de esos 5 mil millones de euros, sin duda, se quedarán en los bolsillos de las empresas -y los sindicatos burocratizados- para compensar su mayor participación que incluye la nueva ley y que va desde que habrá más prácticas y más empresas, hasta incluir un tutor empresarial que evaluará en una parte importante la adquisición de los conocimientos del alumnado e incluso la realización de másteres de especialización como en la universidad. Incluyendo también el sistema de gobernanza de todo esto que pasa por un organismo denominado “Consejo General de la Formación Profesional”, que se ubicará en los despachos y desde donde patronal y sindicatos burocratizados, diseñarán e intervendrán, cobrando por ello, en el desarrollo de la nueva FP. Así, las empresas se van a beneficiar económicamente al disponer de mano de obra preparada y dócil a la que seguir precarizando y explotando como hasta ahora. En ningún caso el anteproyecto plantea ninguna exigencia empresarial que garantice derechos, retribuciones y condiciones de trabajo dignas para las y los jóvenes, como no lo vienen haciendo hasta ahora.
Un enorme paso hacia la privatización educativa
Esta ley, en realidad, supone por el contenido de su articulado un paso enorme más en la privatización de la enseñanza, algo que se viene extendiendo como una mancha de aceite en todo el sistema educativo y a todos los niveles; y que se va a acelerar, como podemos comprobar con este nuevo proyecto de ley, que no solo no hace retroceder la privatización neoliberal de la enseñanza de los Gobiernos del PP y del PSOE desde hace décadas, sino que la expandirá y profundizará a cotas inimaginables hasta hoy. Y todo sobre la base de reivindicaciones de la CEOE.
A partir de ahora, la patronal intervendrá directamente en los contenidos de la enseñanza de la FP, en el diseño y duración de los cursos, en el acortamiento de la formación a su medida, en el desarrollo e implementación de másteres profesionales específicos e incluso en la evaluación directa de la nota que obtengan por los conocimientos adquiridos las y los jóvenes de la FP. Además de participar en la gobernanza de conjunto a través del órgano creado para su gestión, con especial relevancia en cuanto a sus atribuciones del denominado “tutor de la empresa” que se coordinará con el tutor del centro, pero que tendrá una relevancia esencial en el proceso formativo. Todo eso es una privatización enorme de contenidos y desarrollo para la formación de la FP.
Al presentar el anteproyecto, la ministra Celaá ha definido las bases filosóficas y la orientación de la nueva ley, señalando que “se sustenta en la participación, la corresponsabilidad público-privada, la vinculación entre centros de formación y empresas y la conexión de la oferta con la realidad laboral”. Es decir, una vuelta de tuerca más de la intervención de las empresas y la privatización en la formación profesional a todos los niveles. De modo que ahora lo hará en mayor medida en lo cualitativo y lo cuantitativo, profundizando sus prerrogativas hasta el punto de llegar a convertir a las empresas en la auténtica clave de bóveda de todo el proceso formativo de la que será la nueva FP. Todo ello sin costarles un euro a las compañías, todo a cargo del erario público para beneficio único y exclusivo de las empresas privadas.
El objetivo que se plantea lograr el Gobierno con esta iniciativa legal es mejorar la formación intermedia. Lo que se sustenta en los resultados prospectivos de la mayoría de los estudios existentes que prevén la necesidad de más técnicos medios y superiores, algo de lo que en la actualidad señalan que se carece en el mercado laboral español, aunque en realidad este sector del trabajo está golpeado por un 15% de desempleo. Se calcula, además, que este segmento de trabajadores tendrá un crecimiento evolutivo exponencial de demanda pasando del 25% actual al 50%.
No deja de ser paradójico, no obstante, el planteamiento de estos estudios y esta necesidad, cuando las y los jóvenes con esta formación sufren un paro elevado en la actualidad en este sector (15%) -aunque menos de la mitad del paro juvenil que está actualmente casi en el 38%-, y cuando como se ha visto por la crisis de la covid-19, la economía española se caracteriza por la pequeña dimensión de la mayoría de sus empresas -micropymes- y por una gran especialización en el sector servicios, sobre todo vinculados al turismo, la hostelería y el comercio. Sectores en los que muy por encima de la formación de sus trabajadores, los empresarios se apoyan para contratar en la precarización y la explotación extrema de las y los trabajadores jóvenes, con jornadas maratonianas y muy bajos salarios.
Estas condiciones de trabajo se hacen extensivas a todos los sectores productivos y todos los tamaños empresariales, incluyendo las grandes empresas que también se benefician de la sobreexplotación laboral. Algo que solo se podrá revertir realmente mediante la prohibición de los despidos, el salario mínimo de 1.500 euros, la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, la defensa irreductible de los derechos laborales y salariales, el reparto del trabajo sin reducción salarial y una mayor oferta pública de empleo que ataque los intereses y ganancias empresariales a costa de los trabajadores. Entonces será cuando la generación de jóvenes actuales, la más formada de la historia, tendrá opciones de lograr un puesto de trabajo dignamente retribuido y podrá hacer valer su elevada formación que en muchos casos tienen.
Lo cierto es que con este anteproyecto de ley de la FP y gracias al Gobierno “progresista” ahora tendremos una privatización de la enseñanza que no solo será fruto de la existencia y expansión de los centros concertados -la mayoría al servicio de la reaccionaria ideología de la religión católica-, degradando, de paso, cada vez más la enseñanza pública, sino metiendo directamente en el propio acto educativo y formador intelectual los intereses y las perspectivas ideológicas de las empresas capitalistas. En la perspectiva de tener disponible una mano de obra especialmente calificada en todo lo que interese a sus intereses y a la producción mercantil, además de tratar de procurarse una juventud dócil y adocenada que no se revele contra sus intereses de clase, ni sea capaz de imaginar siquiera remotamente otro mundo posible.
Por todo ello, ante esta reforma educativa de corte privatizador y reaccionario que pone la enseñanza de la FP al servicio y el control directo de las empresas, sin garantizar en absoluto los derechos laborales de las y los jóvenes en prácticas, hay que iniciar movilizaciones en la calle que den una respuesta contundente, como en su día se hizo contra los planes de empleo juveniles de Felipe González o de Aznar. Sobre la base de asambleas conjuntas de profesores y alumnos en los centros de estudio, es necesario abrir un amplio debate sobre la ley y plantear acciones unitarias, no solo de la izquierda sindical sino convocando también a las bases de CCOO y UGT, para detener lo que es una auténtica agresión a la enseñanza pública de la FP.
Estamos en la antesala de nuevas agresiones que se vienen por recortes laborales y sociales que exige la agenda de la UE al Gobierno “progresista” para poder recibir los fondos europeos de recuperación. Hay que prepararse para salir a la lucha. |
