El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, publicó en sus redes sociales: “Si la mitad de lo que ha dicho el OIJ es cierto, estamos ante un caso de corrupción mucho más grande que el Cementazo” y que “se le podría haber causado un daño irreparable a la credibilidad de nuestro sistema democrático.” También que “la trama de corrupción con obras públicas ha llegado tan lejos que va más allá de nuestras fronteras y viene desde varios gobiernos atrás.”
La Juventud del Frente Amplio, por su parte, emitió un comunicado en que indica:
“Demostraremos que es mentira el discurso de que en Costa Rica somos incapaces de construir grandes obras y que por ello debemos privatizarlas para que las empresas las hagan cobrándonos decenas de veces su valor. Creemos en diversificar la adjudicación de contratos para el arreglo y el mantenimiento de vías, frenando la concentración en pocas manos y dando prioridad a cooperativas y pequeñas empresas de las comunidades locales.
Es necesario crear mecanismos de participación ciudadana efectiva en la definición de prioridades de inversión en obra pública, así como para la fiscalización directa de las obras en el ámbito local.
Además proponemos impulsar un proyecto para derogar la Ley de Concesión de Obra Pública y sustituirla por esquemas de contratación más sencillos y transparentes como los regulados en la Ley de Contratación Administrativa.
Desde la JFA repudiamos cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos; así como el severo daño que le han hecho estos actos a nuestra institucionalidad y democracia”
En la izquierda radical, Jhon Vega, del Partido de los Trabajadores, indicó:
“Durante la campaña electoral pasada el Partido de los Trabajadores Costa Rica fue la única organización que planteo abiertamente el carácter corrupto de la concesión de obra pública y la necesidad de acabar con ese modelo. Hoy que se destapan las denuncias contra las principales constructuras del país podemos decir con orgullo que nuestro programa se ubica del lado correcto de la historia.
Además criticó al Frente Amplio:
“Villalta habla de "cerrar portillos“ y transparentar la concesiones. Ni en momentos de crisis como estos tienen la valentía de decir las cosas como son: se tiene que acabar la concesión de obra pública que es la fuente originaria de corrupción.” Además “Hace años venimos denunciado el carácter corrupto de la concesión de obra pública. ¡Cárcel y expropiación a los dueños de MECO y H. SOLIS!”
Heidy Valencia, del Nuevo Partido Socialista y de Las Rojas, señaló en sus redes que “El PAC ajusta a los de abajo con impuestos y precarización, favorece a empresarios con exoneraciones y tráfico de influencias. Cayó Camilo Saldarriaga, mano derecha de CAQ. ¡Que se vayan todos! Cárcel y expropiación a todas las empresas corruptas.”
Además:
“Es necesario que desde abajo nos organicemos y movilicemos para exigir cárcel para todos los funcionarios y empresarios corruptos. También, es imperiosa la expropiación de las empresas corruptas, en este caso las señaladas son Meco y H. Solís, pero en general se debe investigar al conjunto de empresas encargadas de obra pública.”
Por su parte, Esteban Fernández, de Organización Socialista Revolucionaria, señaló lo siguiente:
“Parece increíble que en un momento tan complicado las posiciones de la mayoría de la izquierda consista en concentrarse en la ley de obra pública, parece que todos los partidos de izquierda buscan hacerle mejoras al régimen político actual y también llaman, sin prueba alguna propia más que las aportadas por alguien como Wálter Espinoza, a que metan a la cárcel a individuos que deben ser debidamente investigados. La izquierda debe preocuparse por cambiar el capitalismo, no en cómo mejorar su gestión”.
Además llamó a crear una comisión de investigación especial, de parte del sindicato del MOPT y otros sindicatos, para saber con exactitud qué pasó. En caso de que resulten culpables de corrupción o similares, entonces planetó “sería necesario expropiar a MECO y H.Solís, estatizarlo bajo administración de sus trabajadores” y “desde la izquierda planteamos claramente que la corrupción se ha acentuado en todas las instancias de gobierno, por ello no podemos confiar en ningún mecanismo de investigación controlado por Liberación, jueces o cualquier otro agente político empresarial, es necesario que haya elección de los jueces por voto popular.”
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