El domingo se terminó la huelga indefinida de correos en Alemania, con un acuerdo que está lejos de lo que exigían los trabajadores.
La lucha incluyó una primera fase de huelgas de advertencias y negociaciones entre la empresa Deutsche Post AG y el sindicato ver.di, y una segunda fase de huelga indefinida que duró 30 días.
Junto a la huelga de los maquinistas terminada hace pocos días, la huelga de las y los maestros y trabajadores sociales y la huelga en el hospital Charité, la huelga de correos era una de las expresiones más avanzadas de los conflictos laborales en el último tiempo y parte de la oleada de huelgas que recorre el gigante europeo.
“Una puñalada en la espalda”
Entre los más de 32.500 trabajadores en huelga prima el rechazo absoluto a la oferta aceptada por la negociadora del sindicato, Andrea Kocsic. “Es una dura derrota después de una dura lucha“, dice un cartero del norte de Alemania y califica el resultado como “una puñalada en la espalda” por parte del sindicato. “Esto no es por lo que luchamos”, dicen muchos.
El sindicato habla de que el resultado garantiza “seguridad laboral”, pero eso solo vale en parte. Por un lado el resultado prohíbe los despidos “por razones de empresa” y da un contrato fijo a los que antes tenían un contrato temporal, aunque se integró la categoría “aptitud” en el acuerdo, lo que deja las puertas abiertas a chantajes patronales.
Por el otro lado la demanda sentida de la reducción de las horas laborales de 38,5 horas semanales a 36 no forma parte del acuerdo. Los aumentos salariales (400 euros una vez, un 2 por ciento en octubre 2016 y un 1,7 por ciento en 2017) están lejos del exigido 5,5 por ciento y significan una pérdida de los salarios reales (contando la inflación y el aumento de los precios en general) mientras que correos anota 1,3 mil millones de ganancias al año y aumenta los dividendos para sus accionistas.
Entonces, si bien se logró imponer una parte de las demandas, en términos generales el acuerdo significa una derrota porque además no se logró impedir el ataque directo del capital que constituyó la creación de la sub-empresa “Delivery” para el sector de envíos. Esta sub-empresa ya tiene 6.500 trabajadores que tienen otro contrato al de correos con entre 20-30 por ciento menos salario y se planea que hasta 2020 serán 20.000 trabajadores empleados en esta sub-empresa.
El objetivo de este ataque no solo era bajar los sueldos y flexibilizar las condiciones laborales de una parte de los trabajadores, sino también destruir las estructuras sindicales heredadas de los tiempos como empresa estatal, con comités de fábrica importantes y una tasa de sindicalización alrededor del 80 por ciento.
Una lucha ejemplar
Con este acuerdo, la burocracia sindical no solo deja pasar un ataque frontal de la patronal sin lograr las demandas mínimas planteadas en la huelga, sino que liquida una dura huelga llevada adelante por decenas de miles de trabajadores que luchaban por su dignidad y contra la prepotencia patronal. Esta traición abierta ha llevado a muchos trabajadores activos en la huelga a frustrarse y salir del sindicato.
Pero al contrario de la acción de la burocracia que intentó pasivizar a la base y minimizar su rol en la huelga, la base obrera mostró una gran disposición a enfrentar el ataque patronal e imponer sus demandas. Semana tras semana se unieron más sectores a la huelga, desde las ciudades más grandes a los pueblos más lejanos, organizando los piquetes y haciendo conocer las razones de la lucha.
Buscando la unidad obrera y popular, la que se concretó en varias asambleas de huelga en conjunto con otros trabajadores en lucha, marchas con los trabajadores de Amazon o de la Charité en Berlín y una encuesta recién publicada que indica un 62 por ciento de apoyo a la huelga. Según informó la empresa cada día de huelga les costó varios millones de euros.
Prepotencia patronal e impotencia de la burocracia sindical
Para llevar a cabo su huelga, los trabajadores tenían que confrontar los ataques de los patrones en varios niveles.
En un primer nivel la patronal lanzó una furiosa campaña contra la lucha, calificando al sindicato como “irresponsable” y las demandas como “demasiado altas” mientras que dijeron que sus sueldos eran mejores que los de sus competidores, intentando así mostrarse como “buenos empleadores” que solo quieren “adaptarse a un mercado competitivo”.
En un segundo nivel intentaron sabotear la huelga en todos los frentes posibles. Primero dijeron que la huelga no afectaba al servicio de correos y que el 90 por ciento de las cartas llegaba a la hora. Después ocuparon sus más de 40.000 funcionarios (que reciben ciertos beneficios como seguridad de empleo y altas jubilaciones pero no tienen derecho a huelga) para romper la huelga o dejarlas trabajar los días domingo. Incluso varios gobiernos usaron a estos servicios, avalando así la práctica anti-huelga de la empresa. Cuando, con el transcurso de las semanas, la situación se volvió más crítica, la empresa recurrió a personas privadas para guardar las cajas y cartas en sus casas y entregarlas.
El sindicato respondió a estos duros golpes con simples demandas judiciales que se perdieron en los dos casos. También enfocaron toda su estrategia en apelaciones a la “buena voluntad” del Estado que es el mayor accionista de correos, mientras que éste se mostró claro partidario de dividir a los trabajadores y bajar los sueldos. Al mismo tiempo hicieron todo lo posible para evitar que los 140.000 trabajadores se movilizaran y que se uniera su lucha realmente con la de los trabajadores de Amazon, de las y los maestros y trabajadores sociales y el personal del hospital Charité, todos dirigidos por el sindicato ver.di. Así ataron las manos de los trabajadores dispuestos a ir por más y las traicionaron brutalmente.
¿Qué viene ahora?
La burocracia empezó la huelga indefinida sin hacerla votar por la base, y tampoco sometió al voto de los trabajadores la decisión de levantarla. Pero en varios locales de huelga el rechazo a la burocracia sindical se expresó en votaciones unánimes contra el acuerdo del sindicato con la empresa. Una petición que circula en las redes sociales exige que se vote el acuerdo en la base para demostrar la disposición de los trabajadores a luchar por más.
El acuerdo tiene vigencia por 32 meses, lo que significa que los trabajadores no pueden ir a la huelga en este tiempo. Pero el incumplimiento de las demandas y los nuevos ataques patronales como la obligación de hacer horas extras después de la huelga muestran que es necesario seguir la lucha. La reorganización de la base en lucha para formar una corriente anti-burocrática, democrática y combativa está a la hora del día. | 
